REFORMAR EL PODER JUDICIAL DE MORELOS
CINTARAZOS
Por Guillermo Cinta Flores
Martes 18 de junio de 2024
Lo que actualmente sucede en el Tribunal Superior de Justicia de Morelos cumple el antiguo adagio mexicano: “Origen es destino”. La designación de magistrados, tal como se repite en el Tribunal de Justicia Administrativa y el Tribunal Electoral del Estado, está viciada de origen y siempre obedece a la distribución de cuotas partidistas en el Congreso local. Como si fuera un gran pastel, los nombramientos de tan importantes funcionarios del Poder Judicial morelense se deciden en la cueva (el propio Congreso) cuyos moradores solo se entienden mediante el lenguaje de madriguera.
El presidente del TSJ, Luis Jorge Gamboa Olea, no encuentra la salida a la crisis de gobernabilidad y el divisionismo en el pleno de 22 ínclitos magistrados, quienes están polarizados en tres grupos. Lo anterior significa que los magistrados se desenvuelven en un contexto donde las componendas y el reparto de prebendas están a la orden del día. Imaginen ustedes cómo estará de descompuesto el resto del Poder Judicial, llegando a jueces de todo tipo salpicados por la corrupción. A tales servidores públicos se refirió el pueblo bueno y sabio al responder las recientes encuestas auspiciadas por el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), para confirmar que la iniciativa presidencial de reformas profundas al Poder Judicial federal, va porque va, sin quitarle una coma.
Dichas reformas, en su momento, deberán acatar varios artículos transitorios relacionados con modificaciones a través de los congresos locales, para adecuar las constituciones de cada uno de los estados al marco federal. Las reformas en general tienen un fin común: purgar primero y luego capturar a todos los poderes judiciales del país, comenzando por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A juzgar por lo ocurrido en el Tribunal Superior de Justicia de Morelos, plagado de vicios, no es necesaria, sino urgente la reforma presidencial.
La designación de magistrados y jueces en Morelos ha dado como resultado un sistemático proceso de corrupción, aludido por quienes contestaron las mentadas encuestas de Morena. La inmensa mayoría de mexicanos respalda las iniciativas presidenciales, no porque de alguna forma u otra hubieran sido afectados con resoluciones de juzgadores federales. No, no, no. Han sido, eso sí, gravemente perjudicados por resoluciones de jueces penales y civiles, así como por magistrados locales transas. Y la grave problemática ha partido, indudablemente, de un método de designación de funcionarios judiciales comprometidos a pagar facturas a partir de que toman posesión de sus cargos.
Empero, he de comentarle a usted que la reforma judicial obradorista, en su momento, también enfrentará vicios de origen, pues los renovados métodos de designación buscan hacer constitucionales los dedazos presidenciales, amén de que se romperá el equilibrio de poderes y se abrirá la puerta a nombramientos abiertamente partidistas. Este es el método de designación actual, pero con las reformas obradoristas en poco habrán de cambiar. Podrían seguir llegando perfiles no idóneos para el cargo.
Es necesario, en términos generales, un nuevo procedimiento de designación que garantice de mejor forma tanto la competencia técnica como la independencia política de quienes integran al tribunal constitucional del Estado mexicano. Éste debería ser el objetivo de una eventual reforma y el punto de partida para discutir cuál es la mejor forma de lograrlo.
Los objetivos presidenciales son otros: purgar primero y luego capturar a la Suprema Corte, así como al resto de los órganos judiciales del país. La propuesta presidencial no sólo contempla la elección directa de ministras y ministros, sino también de las personas titulares de los juzgados de distrito, los tribunales colegiados de circuito, las salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) e, incluso, los tribunales y juzgados de las entidades federativas. En caso de ser aprobada, la iniciativa de López Obrador significaría la transformación más profunda de la forma en que se elige a los principales cargos de prácticamente todos los poderes judiciales del país.
Mientras todo esto aterriza en Morelos, en el Tribunal Superior de Justicia prevalece la ingobernabilidad en el Pleno de magistrados, con graves repercusiones en una cantidad indeterminada de juicios.
