¿VIENEN CAMBIOS ESTRUCTURALES EN LA FISCALÍA?

ANÁLISIS
Por Guillermo Cinta Flores
Sábado 27 de julio de 2024

Uriel Carmona Gándara fue electo por el Congreso local como titular de la Fiscalía General de Justicia de Morelos (FGM), el 15 de febrero de 2018. Según versa la Constitución Política del Estado en el artículo 79-B, dicho funcionario duraría en su encargo nueve años. En teoría, ese tiempo concluirá el 15 de febrero de 2027. Sin embargo, debido a múltiples presiones de sobra conocidas, Carmona Gándara difícilmente se mantendrá al frente de la FGM hasta la fecha prevista.

La gobernadora electa de Morelos, Margarita González Saravia, acaba de declarar que, una vez entronizada el 1 de octubre venidero al frente del Poder Ejecutivo y disponiendo de la mayoría calificada en el Congreso morelense con diputados morenistas y aliados, propondrá la remoción de Carmona Gándara y reformar la propia Constitución del estado en lo concerniente a la FGM y, en general, toda la institución del Ministerio Público, así como la Ley Orgánica de la Fiscalía, entre otras cosas para acortar a seis años la permanencia de quien vaya a ser la o el relevo de Carmona Gándara.

El artículo 70 de la Constitución Política local, en su fracción 34, facultará a la próxima gobernadora constitucional de Morelos para presentar al Congreso la terna de ciudadanos de entre quienes se designaría al sucesor o sucesora de Carmona Gándara. Sin embargo, antes deberá solicitar, al mismo Congreso, su remoción por las causas graves que establezca la ley. Esas causas graves, al menos en la Ley General de Responsabilidades de los Servidores Públicos a nivel federal (con aplicación en los estados), integran un enorme catálogo que, la mera verdad, me dio flojera transcribir, sobre todo considerando que para la solicitud de remoción de un fiscal general pueden argumentarse un sinfín de asuntos.

La remoción, por tener una naturaleza política y al disponer Morena de los legisladores necesarios, se dará con la mayor facilidad del mundo, aunque el abogado Carmona Gándara, en aras de defenderse para continuar al frente de la FGM hasta 2027 y hacer respetar a la institución como órgano constitucionalmente autónomo, podría interponer, tal como lo demostró cuando fue sometido a juicio penal por el Caso Ariadna, los recursos legales correspondientes. Me parece, sin embargo, que el propio Uriel Carmona ya debe vislumbrar su salida de la Fiscalía, por estar a punto de cerrar un ciclo en la vida, que ha sido de muchísimo desgaste. A estas alturas de su desempeño profesional está más allá del bien y del mal. Sería preferible evitar la nueva escalada en su contra, que seguramente aparecerá allende la frontera del primero de octubre próximo.

Así las cosas, el artículo 79-B contempla el procedimiento que se ha seguido en el Congreso local desde 1998, cuando José Castillo Pombo fue electo primer procurador general de Justicia por dicho cuerpo colegiado. El Congreso, con base a la terna enviada por la gobernadora y previa comparecencia de las personas propuestas, designará al Fiscal General con el voto de las dos terceras partes de los miembros de la legislatura. Como indiqué líneas atrás, la remoción deberá ser solicitada antes por Margarita y aprobada por las dos terceras partes de los miembros de la legislatura. Y asunto concluido.

Empero, entre las chorrocientas agrupaciones de abogados existentes en Morelos, cualquier cantidad de profesionales del derecho se sienten híper chingones como para dirigir la Fiscalía General de Morelos. Infortunadamente para nuestra entidad, desde 1998 hasta ahora, ninguno de los personajes que han estado al frente de la institución ha podido con el paquete. Lo anterior se relaciona con la gran impunidad prevaleciente donde usted se pare. La media nacional de impunidad subió, en 2022, a 96.3 por ciento, desde el 91.8 por ciento de un año antes.

La impunidad está vinculada a la falta de atención, investigación y/o resolución de casos que son conocidos por la autoridad, y en México sólo cuatro de cada 100 delitos son investigados, según el centro de investigación México Evalúa. Morelos jamás ha destacado en el combate a la impunidad, ni tampoco en la acción ciudadana para denunciar los delitos. Y no lo hace porque hasta nuestros días prevalece la cultura popular del “no pasa nada”.

Todo lo anterior refleja la enormidad del reto, tanto para Margarita González Saravia, como para los flamantes diputados de la LVI legislatura local. Imaginen ustedes la problemática a enfrentar por Claudia Sheinbaum Pardo.

En el Ranking de Capacidad Institucional –el cual analiza las condiciones de política pública, así como de personal, infraestructura y organización de las instituciones– muestra que Querétaro obtuvo en 2022 el mayor puntaje a nivel nacional, con 1,205 puntos, seguido de Coahuila, con 1,022 puntos, de los 1,400 del estándar 2022. Mientras que los de menor puntaje fueron Morelos, con 346.8 puntos, Campeche, con 391.5 puntos y Tamaulipas, con 412.8 puntos.

La sola salida de Uriel Carmona Gándara de la Fiscalía General de Morelos NO RESOLVERÁ la problemática de inseguridad pública. Por cierto, casi todas las estrategias de combate al crimen organizado, durante el actual sexenio, han corrido a cargo del gobierno de la República. Sin embargo, la mayoría de elementos de las policías preventivas de Morelos y de la Agencia de Investigación Criminal de la FGM pueden asegurar, con los pelos de la burra en la mano, que han servido para maldita la cosa. Aquello de “abrazos y no balazos” no contribuyó en nada al eficaz combate de los grupos delictivos. A eso me referiré en otra ocasión.