LA MILITARIZACIÓN, PRINCIPAL LEGADO DE AMLO
CINTARAZOS
Por Guillermo Cinta Flores
Lunes 30 de septiembre de 2024
La militarización ha sido uno de los legados más discutidos del gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Aunque llegó al poder con la promesa de reducir el papel de las fuerzas armadas en la vida pública, la realidad ha sido bastante distinta, lo que ha generado tanto apoyos como críticas.
Desde su llegada a la presidencia en 2018, AMLO incrementó la participación de las fuerzas armadas en diversas áreas del gobierno y la administración pública, consolidando su presencia en sectores como la seguridad pública, la construcción de infraestructura y hasta la gestión de aduanas y puertos.
López Obrador impulsó la creación de la Guardia Nacional en 2019, inicialmente planteada como un cuerpo civil para reemplazar a la Policía Federal. Sin embargo, la mayoría de sus efectivos provenían del Ejército y la Marina, lo que fue interpretado como una extensión del control militar en la seguridad pública. En 2024, con reformas constitucionales, se consolidó su adscripción a la Secretaría de la Defensa Nacional.
He aquí una lista de los puntos clave en el proceso de militarización en México durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Creación de la Guardia Nacional.
Militares en la Construcción de Proyectos de Infraestructura.
Control de Aduanas y Puertos.
Participación en Programas Sociales.
Incremento del Presupuesto y Poder para las Fuerzas Armadas.
Extensión de la Presencia Militar en la Seguridad Pública.
Manejo de Áreas Económicas Estratégicas.
Uso de las Fuerzas Armadas en el Combate al Crimen Organizado.
Reforma constitucional para ampliar el rol de las Fuerzas Armadas.
Militares y la Política Exterior.
El proceso de militarización en México bajo AMLO no solo se limitó a la seguridad pública, sino que ha extendido la influencia de las fuerzas armadas a la infraestructura, economía, política social y sectores estratégicos. Si bien ha sido defendido como una medida necesaria para combatir la corrupción y garantizar la eficiencia, las preocupaciones sobre el impacto en las instituciones democráticas y los derechos humanos continúan siendo un tema de debate nacional.
