EL ENEMIGO ES EL CRIMEN ORGANIZADO
CINTARAZOS
Por Guillermo Cinta Flores
Martes 22 de octubre de 2024
La colaboración entre los diferentes niveles de gobierno es fundamental para garantizar el buen funcionamiento de la seguridad pública y la procuración de justicia en cualquier estado.
En Morelos, la posible falta de coordinación entre la gobernadora Margarita González Saravia y el Fiscal Uriel Carmona representa un desafío significativo para la estabilidad y seguridad del estado.
Cuando ambas autoridades trabajan de manera aislada se pone en riesgo la eficacia de las políticas públicas, la lucha contra el crimen y la confianza de la ciudadanía en sus instituciones, lo que puede traer consecuencias para la gobernabilidad en la entidad. Desglosemos, gentiles lectores, los posibles escenarios, pues la lucha no es entre quienes forman parte del que se supone es un sistema integral de seguridad pública, sino del estado mexicano en contra del crimen organizado.
La colaboración entre el Ejecutivo y la Fiscalía es fundamental para combatir a la delincuencia y asegurar que los crímenes se investiguen y sancionen de manera eficiente. Si cada uno trabaja de manera independiente, se podría generar falta de alineación en las estrategias de combate al crimen. La gobernadora puede implementar medidas de seguridad, pero si la Fiscalía no actúa con celeridad o eficacia en la judicialización de los casos, los esfuerzos se verían debilitados. Esto podría traducirse en un incremento en la percepción de impunidad y, eventualmente, en un aumento en la incidencia delictiva.
La falta de comunicación y coordinación entre el gobierno estatal y la Fiscalía podría generar conflictos sobre las prioridades en la investigación y procesamiento de casos. Esto impactaría de manera directa a los ciudadanos, ya que la impartición de justicia se volvería más lenta o menos efectiva, lo que afectará la confianza en las instituciones.
La inseguridad y la violencia requieren una respuesta conjunta de diversas instancias del gobierno. Si el Ejecutivo y la Fiscalía no comparten la misma visión o no colaboran, los esfuerzos por reducir el crimen organizado, la violencia de género o los delitos comunes se vuelven fragmentados e ineficaces. Las policías municipales y estatales podrían recibir órdenes contradictorias o no contar con el apoyo judicial necesario para asegurar que las detenciones sean procesadas correctamente.
La falta de coordinación entre dos actores claves en la política de Morelos puede dañar la imagen de gobernabilidad y liderazgo de ambas partes. La ciudadanía podría percibir un vacío de poder, lo que provocaría desconfianza hacia las instituciones. En un entorno político donde la transparencia y la colaboración son altamente valoradas, este desacuerdo podría ser visto como un obstáculo para la resolución de problemas que repercutirán, de alguna forma u otra, en la gobernanza.
Desde una perspectiva política, la falta de coordinación entre ambos actores pudiese abrir puertas a la crítica por parte de algunos políticos. Si los problemas de seguridad y justicia no se resuelven, la gobernadora González Saravia enfrentaría una creciente presión política y social, afectando su capital político y sus posibilidades de llevar adelante otros componentes de su agenda. Asimismo, la figura del Fiscal Uriel Carmona puede ser cuestionada por no cumplir con las expectativas ciudadanas en cuanto a la procuración de justicia. Si la FGEM propina un golpe a la delincuencia, esto se diluye ante el clima de tensión. Algún éxito pasará inadvertido.
La falta de alineación también puede afectar la implementación de políticas de justicia o reformas legales. Si Margarita González Saravia impulsa reformas en el Ministerio Público o en las fuerzas policiales, pero no cuenta con el apoyo del Fiscal, enfrentará dificultades para que estas medidas se traduzcan en cambios reales y eficaces en el sistema de justicia de Morelos.
Una relación disfuncional entre la gobernadora y el Fiscal podría desencadenar problemas en la seguridad, justicia y gobernabilidad, afectando tanto a la ciudadanía como a las instituciones públicas.
Los de enfrente, es decir los grupos criminales, tienen plenamente identificados los diferendos, mismos que capitalizan suponiendo la existencia de vacíos de poder y descoordinación entre corporaciones. Los delincuentes se beneficiarán ante la incapacidad del gobierno para presentar una respuesta unificada y contundente frente a la violencia y la inseguridad.
En algunos casos, cuando hay tensiones entre el Poder Ejecutivo y los órganos autónomos, como la Fiscalía, los funcionarios que encabezan esas instituciones pueden fortalecer su posición argumentando que operan bajo un marco de independencia para evitar intervenciones políticas, lo que puede reforzar su imagen pública y su capacidad para maniobrar sin rendir cuentas.
