JUSTICIA FALLIDA: LA IMPUNIDAD Y EL CRIMEN EMANA DESDE LAS CÁRCELES DE MORELOS
CINTARAZOS
Por Guillermo Cinta Flores
Martes 29 de octubre de 2024
Este lunes, el secretario de Seguridad y Auxilio Ciudadano de Morelos, Miguel Ángel Urrutia Lozano, declaró que gran parte de los delitos de alto impacto en esta entidad, como la extorsión y el homicidio doloso, se fraguaban en las cárceles de la entidad. Y también informó que la seguridad se reforzó en Cuautla con elementos del Ejército y la Guardia Nacional. Noten que al hablar sobre los ilícitos planeados dentro de las prisiones lo hizo en tiempo pasado, como si fueran a la baja o ya estuvieran controlados, lo cual habremos de comprobar en el corto plazo.
Sin embargo, hoy quiero referirme a la actividad delictiva que emana desde el interior de las cárceles de Morelos, que se convirtió en un tema crítico afectando la seguridad y el orden social en el exterior. Es importante subrayar que el asunto no es nuevo, pues data de hace un par de décadas, por lo menos.
Las cárceles, en lugar de ser espacios de reintegración y justicia, actúan como centros operativos de organizaciones delictivas. Esto incluye la coordinación de delitos graves como el secuestro, la extorsión, el tráfico de drogas y hasta homicidios. Los reclusos, especialmente aquellos con conexiones a grupos de crimen organizado, utilizan diversos métodos, como la comunicación a través de teléfonos celulares, para operar libremente desde la prisión. A pesar de los intentos de implementar medidas de seguridad, estas no parecen ser suficientes para detener la comunicación ni el control que ejercen sobre sus colaboradores en libertad, lo que plantea serios desafíos al sistema penitenciario y de seguridad. En muchísimos cateos sorpresivos ejecutados, por ejemplo, en Atlacholoaya, siempre se encontraron celulares, drogas y armas blancas.
Una de las principales causas de esta problemática es la corrupción dentro del sistema penitenciario. Existen denuncias y evidencias de que funcionarios de todos los niveles, desde custodios hasta altos mandos penitenciarios, facilitan las actividades ilícitas a cambio de sobornos. Este escenario convierte a las cárceles en focos de impunidad, donde los delincuentes encuentran un ambiente propicio para mantener y hasta expandir su influencia delictiva. La falta de una supervisión efectiva y la atención de mecanismos de control internos eficaces perpetúan esta realidad, dificultando la erradicación de las actividades delictivas dentro de las prisiones.
Además, la falta de tecnología y protocolos modernos en las cárceles de Morelos también contribuye a que los internos sigan operando. En muchos casos, las prisiones carecen de sistemas de bloqueo de señal para teléfonos móviles o no tienen la tecnología para monitorear las comunicaciones entre los reclusos y el exterior. Si bien se han anunciado mejoras en infraestructura y tecnología de vigilancia, estas implementaciones suelen enfrentar retrasos debido a limitaciones presupuestales y administrativas, lo que deja abiertas brechas que los delincuentes aprovechan con facilidad. La carencia de recursos, combinada con una burocracia que dificulta la implementación rápida de nuevas tecnologías, agrava el problema y expone a la sociedad a los efectos de estos delitos que, en principio, deben estar controlados por funcionarios penitenciarios, quienes dependen ahora de la Secretaría a cargo de Urrutia Lozano.
El impacto social de los delitos organizados desde las cárceles es amplio y se siente en varias áreas de Morelos, especialmente en sectores vulnerables a la extorsión, como tortillerías y comercios locales. La inseguridad generada por la operación de células delictivas desde la prisión daña la economía, siembra desconfianza en las instituciones y mantiene un clima de incertidumbre entre los ciudadanos. La persistencia de estos delitos mina la percepción de justicia y orden, aumentando el riesgo de que la ciudadanía pierda la confianza en el sistema judicial y en la administración estatal. Esto se convierte en una fuente de tensión social que deteriora la cohesión en el estado y obstaculiza cualquier esfuerzo de desarrollo y paz social.
Para enfrentar esta problemática, sería indispensable realizar una reforma profunda en el sistema penitenciario, que incluya no solo la implementación de tecnología avanzada y un mayor presupuesto para seguridad, sino también una auditoría exhaustiva para identificar y eliminar prácticas corruptas dentro de las prisiones. Esto debería acompañarse de una mayor coordinación entre el Poder Judicial y el Ministerio Público para mejorar la vigilancia de los reclusos, con especial énfasis en aquellos relacionados con el crimen organizado. Este tipo de medidas no solo ayudaría a reducir la incidencia de delitos desde el interior de las cárceles, sino que también restauraría la confianza en el sistema de justicia y contribuiría a la mejora.
