TRAMPA Y VENGANZA
PERSPECTIVA
Por Marcos Pineda Godoy
Miércoles 30 de octubre de 2024
Una presión más se cierne sobre las ministras y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, presidente de la mesa directiva del Senado de la República, amagó con la posibilidad de no aceptar sus renuncias, lo que traería como consecuencia que no tendrían derecho a recibir los denominados “haberes de retiro” que hasta ahora han sido otorgados al finalizar estos encargos.
Con una expresión, que pareciera un juego de palabras, el legislador espetó: “No estoy diciendo que no se las vayamos a reconocer, estoy diciendo que podemos no aceptárselas.” Ello, ante la inminente presentación del proyecto de sentencia al pleno de la Corte que, de ser aprobado, anularía, entre otras partes de la susodicha “reforma judicial”, la elección popular de jueces y magistrados, manteniendo vigente la carrera judicial y evitando el despido masivo de alrededor de mil ochocientos juzgadoras y juzgadores. Y ya ni hablemos de las decenas de miles de empleadas y empleados de base y de confianza que serían lanzados a la calle en los próximos tres años.
En este intrincado proceso, lleno de errores y excesos, a la vista de quien no esté cegado por el fanatismo, la conveniencia política o la ideología, por el que el régimen busca modificar la manera en que se integra el Poder Judicial mexicano se deja ver la trampa jurídica que tendieron a los ministros y la intención de venganza, a nombre de “ya saben quién”, contra los ministros que no estuvieron dispuestos a convalidar las inconstitucionales iniciativas de reforma a las leyes, durante el sexenio, recién concluido.
Veamos, en el texto de la reforma aprobada por el Legislativo el pasado mes de septiembre, imponen las reglas para el paso de la actual conformación del pleno de la Corte, obligando a ministras y ministros a dejar sus cargos para tener acceso al equivalente de lo que para otros es una pensión o jubilación. Claro que acorde a la alta responsabilidad que significa haber formado parte del máximo tribunal constitucional y que, hasta el ingreso en él de las ministras morenistas, exigía una muy amplia preparación, capacidad y experiencia jurídicas. Luego, cuando llega el momento de hacer efectivo ese condicionado derecho, el presidente del Senado lanza el dardo envenenado, abriendo la posibilidad de su nulificación. Así, como con lo demás, con la arrolladora mayoría artificial que consiguieron en el Congreso, sin mediar razones o argumentos, sino sólo por las decisiones e instrucciones cupulares, de un gobierno que juró cumplir y hacer cumplir la ley, pero que la va acomodando a su conveniencia, parche tras parche, a cuanto ordenamiento jurídico no convenga a sus intereses, tan sólo diciendo que eso es lo que mandató el pueblo de México en las pasadas elecciones, y acusando corrupción y privilegios, a diestra y siniestra.
Esos que hoy presumen ser los depositarios absolutos de la voluntad soberana del pueblo, en realidad herederos de las tentaciones autoritarias de hace décadas que, por lo visto, no sólo no pudieron corregirse, sino regresaron con mayores ímpetus, aprendieron muy bien el manual de la manipulación y la simulación del sexenio anterior, para presentar las cosas como no son.
Están muy cerca de lograr que constitucionalmente sus decisiones sean incuestionables e inatacables. Incluso, antes de eso, en lugar de hacer uso de los recursos que las leyes permiten todavía, prefieren descalificar y desacatar lo que juraron defender.
Son días históricos, sí, pero también, de una gran incertidumbre.
Y para iniciados:
Por ahí estamos escuchando que las ministras y los ministros, juezas y jueces, así como trabajadoras y trabajadores del Poder Judicial, de ser atropellados sus derechos, tendrían la posibilidad de recurrir a medios legales para hacerlos valer. ¡Hay, por favor! ¿Qué? ¿Acaso no se han percatado de que a este régimen le tiene sin cuidado qué digan o qué no digan las leyes? Simplemente, desacatan, no hacen caso, pues. Reforman lo que quieran y listo, el problema, para ellos, se acabó. ¿Eso también es parte de lo que los autorizó el pueblo con su voto el pasado dos de junio?
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