LAS 137 VÍCTIMAS, YA IDENTIFICADAS Y NO RECLAMADAS
ANÁLISIS
Por Guillermo Cinta Flores
Jueves 31 de octubre de 2024
Los morelenses llevamos muchos años observando la politización de las desapariciones forzadas, sobre un contexto capitalizado por ciertos actores políticos y sociales, algunos de ellos demostrando trabajo de buena fe. Gracias a ese activismo las autoridades ministeriales de Morelos lograron establecer, al máximo de sus posibilidades financieras y entre otras cosas, mecanismos para la identificación genética. Pero también, sobre el mismo escenario de dolor, aparecieron personajes bastante perversos que se dedicaron a sacar raja del sufrimiento de quienes durante años han buscado a sus familiares ausentes. Para fortuna de nuestra entidad, esos sujetos se encuentran en la ignominia.
Este jueves la Fiscalía General del Estado de Morelos informó algo que nos llamó poderosamente la atención y nos hizo voltear hacia el pasado, cuando la lucha por las víctimas hizo tambalear a varios gobernadores. Un comunicado de la institución señaló que, través de la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzadas de Personas, al agotarse los mecanismos para la localización de familiares de personas sin vida ya identificadas, la dependencia se vio obligada a emitir un listado conteniendo los nombres de 137 personas ya identificadas, para que sea difundido a través de los medios de comunicación y turnados a las demás fiscalías del país, todo esto con el objetivo de reunir a las víctimas con sus seres queridos y de esa manera establecer el destino final de los restos.
La identificación de un total de 229 personas que se encontraban bajo resguardo de la Fiscalía General en todo el estado, fue el resultado del estudio forense multidisciplinario realizado para obtener la identidad de la persona fallecida con el fin de restituir a estas personas a sus seres queridos. Derivado de lo anterior, han sido entregadas un total de 92 personas, de las cuales, nueve son del Estado de Guerrero, seis de la Ciudad de México, uno de Baja California, uno de Puebla, uno de Guanajuato, uno del Estado de México y 73 correspondientes al estado de Morelos. Sin embargo, al momento se tiene pendiente la localización de familiares de 137 personas totalmente identificadas, y se han emitido los oficios de colaboración con las autoridades de las entidades federativas del país.
¿Qué sucede, gentiles lectores? ¿Por qué nadie se ha presentado a recoger los restos de esas 137 personas ya identificadas?
ANTECEDENTES
En el contexto de Morelos y más ampliamente en México, la situación de las desapariciones forzadas y la búsqueda de personas desaparecidas revela varios aspectos críticos sobre cómo se maneja esta crisis humanitaria y cómo la política influye en el proceso.
La necesidad de activar mecanismos de búsqueda, como la Alerta Amber para casos de desapariciones especialmente de menores, indica una urgencia y un reconocimiento por parte de las fiscalías de que la rapidez en la difusión y respuesta es crucial. Esto marca un avance en la metodología de búsqueda, aunque también destaca que estos mecanismos no siempre se aplican de manera equitativa o inmediata, lo que las familias de víctimas en Morelos han criticado, notando que la atención mediática parece influir en la eficacia de la respuesta.
Por otro lado, el caso de las fosas clandestinas de Tetelcingo reveló una problemática más profunda. La existencia de tales fosas y la manera en cómo se manejaron los cuerpos, con signos de tortura y manejo irregular por parte de autoridades, señaló no solo a la violencia criminal sino también a posibles encubrimientos o negligencias institucionales. Esto exhibió que la desaparición no se trataba solo de actuar ante el crimen, sino de abordar la corrupción y la falta de transparencia dentro de las propias instituciones encargadas de la justicia.
La politización de las desapariciones ha sido analizada bajo diversas vertientes. Nosotros lo hemos hecho. Por un lado, la presión mediática y social ha forzado avances, como la exhumación y análisis de cuerpos en Tetelcingo, demostrando que la visibilidad pública puede empujar a las autoridades a actuar. Sin embargo, esto también expuso una paradoja: la atención a ciertos casos desvió recursos y foco de otros, creando una percepción de desigualdad en la justicia y la respuesta gubernamental.
La activación de protocolos de búsqueda y la colaboración entre entidades federativas, como se menciona con los oficios de colaboración, indica un esfuerzo por sistematizar la búsqueda y el compartir información. No obstante, la efectividad de estos esfuerzos depende de la calidad de la colaboración y la integridad de las instituciones involucradas. La politización aquí se manifestó en cómo se priorizaron los casos o en la distribución de recursos, reflejando intereses políticos más que humanitarios.
La actual situación en Morelos, donde la Fiscalía ha identificado cuerpos, pero no se han presentado familiares para reclamarlos, refleja aspectos preocupantes y complejos de la problemática de desapariciones en México. ¿Qué pudiera estar pasando?
SITUACIÓN DE LOS CUERPOS IDENTIFICADOS
Puede existir una brecha significativa en la difusión de la información hacia las familias de las víctimas. Las instituciones a menudo carecen de recursos o voluntad para realizar una notificación efectiva, o bien, la información puede no llegar debido a la misma violencia que llevó a la desaparición, afectando a familias que han tenido que desplazarse o esconderse.
En regiones con alta incidencia de violencia y criminalidad, el miedo a represalias por parte tanto de grupos criminales como de autoridades corruptas puede impedir que las familias busquen o reclamen a sus seres queridos. La desconfianza hacia las instituciones puede ser tan profunda que prefieren no interactuar con ellas, creyendo que podría poner en riesgo a otros miembros de la familia.
La búsqueda de personas desaparecidas es un proceso que desgasta emocionalmente y financieramente a las familias. Después de años sin respuestas, algunas pueden perder la esperanza o los recursos necesarios para seguir buscando, lo que podría explicar por qué no todos los cuerpos identificados son reclamados inmediatamente.
La violencia y la búsqueda de trabajo han llevado a una movilidad interna significativa en México. Familias pueden haberse desplazado a otras partes del país o incluso al extranjero, perdiéndose así la información sobre el paradero de sus familiares desaparecidos.
En muchos casos, las desapariciones están ligadas a la violencia del crimen organizado, donde las víctimas pueden ser personas sin lazos familiares conocidos o individuos que se encontraban en contextos de riesgo (trabajadores en la economía informal, migrantes, etc.), lo que complica la identificación y el reclamo de cuerpos.
La capacidad de las fiscalías para manejar casos de desapariciones, desde la investigación hasta la identificación y notificación, puede ser limitada. La falta de políticas efectivas, recursos y una gestión adecuada de las bases de datos contribuiría a que muchos cuerpos permanezcan sin ser reclamados.
La politización de las desapariciones puede desviar recursos y atención hacia casos que reciben más cobertura mediática o que son políticamente más visibles, dejando de lado aquellos que no generan presión pública o política.
En concreto, gentiles lectores, todo este fenómeno subraya la necesidad de abordajes integrales que no solo busquen a los desaparecidos, sino que reformen las instituciones, mejoren la comunicación y el apoyo a las familias, y aborden la violencia subyacente que origina estas tragedias. La respuesta efectiva requiere una combinación de esfuerzos legales, sociales, y humanitarios, reconociendo que detrás de cada cuerpo no reclamado hay una historia de dolor y una falla en la protección del estado hacia sus ciudadanos.
