ESTRATEGIA CON MANDO CIVIL
PERSPECTIVA
Por Marcos Pineda Godoy
Martes 12 de noviembre de 2024
Una de las críticas más fuertes de las que se hicieron a la reforma constitucional por la cual la Guardia Nacional pasó a formar parte de las fuerzas armadas, a cargo de la ahora Defensa, es que el órgano policíaco no contaría con un mando civil, sino militar.
En efecto, desde que Andrés Manuel López Obrador propuso la creación de la Guardia Nacional, a inicios de su sexenio, empeñó su palabra de no militarizar la seguridad pública, de conformar el nuevo órgano con una combinación tanto de elementos civiles como de militares, pero conservando un mando civil para la corporación.
Sin embargo, López Obrador intentó reformar las leyes secundarias para que la GN contara con un mando militar y su administración pasara por completo a manos de la entonces denominada Sedena. Tras la presentación de recursos en contra de la reforma, aprobada con los votos oficialistas en los órganos legislativos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunció por su inconstitucionalidad. El argumento central era muy claro: el mando y la administración militar contravenían los artículos 21 y 23 de la Constitución.
Andrés Manuel acató la sentencia de la Corte, aunque para muchos solamente en la forma y no en el fondo, pues si bien regresó la administración de la GN a la Secretaría de Seguridad Pública, en esas fechas a cargo de Rosa Isela Rodríguez, hoy secretaria de Gobernación, en la práctica siguieron siendo los militares quienes determinaron todo con relación al organismo, pues salvo la civil Rosa Isela y el comandante en turno, todos los demás mandos eran militares.
Entre las acciones que estaban en contradicción con la norma constitucional se encontraban que la Sedena no tenía facultades para proponer al comandante de la GN, no debían ser tratados con distinciones de fuero civil o militar los miembros de la corporación, según su proveniencia, no era legal expandir la jurisdicción militar a servidores que deberían ser civiles, y la administración de los recursos correspondía al mando civil y no a los militares. Todo eso y más cambió con la reciente reforma constitucional. Y la gran pregunta que quedaba pendiente fue ¿y a qué se va a dedicar la Secretaría de Seguridad Pública, a cargo de Omar García Harfuch, si ya se va a hacer cargo de todo la GN, bajo el mando de los militares y con elementos puramente castrenses?
Ahora, se debate en el Congreso de la Unión una iniciativa de reforma al artículo 21 constitucional, propuesta ya por Claudia Sheinbaum Pardo. De aprobarse, como seguramente sucederá, incluso con el respaldo de los partidos opositores, la Secretaría de Harfuch será la responsable de coordinar el Sistema Nacional de Inteligencia en materia de seguridad pública y la estrategia de seguridad del gobierno federal. Tendrá facultades de investigación y, en cierta forma, representa una coordinación interinstitucional, pero con un mando civil, lo que de suyo está siendo percibido como una corrección al exceso de atribuciones que se otorgó a las fuerzas armadas.
Habrá que esperar a saber qué tantos recursos, económicos y humanos, tecnológicos y legales, son asignados a la dependencia, para saber si la Secretaría será solamente coadyuvante y coordinadora o si se convertirá en una súper secretaría. Pero, de entrada, ya el hecho de que los militares no tengan del todo la manga ancha, sin duda que será un avance bien recibido por la sociedad en general.
Y para iniciados:
Muy contentos se fueron ayer los titulares de diferentes organismos públicos, tras haber recibido reconocimientos por haber cumplido con las obligaciones de transparencia, que por mandato de ley deben acatar, so pena de ser sancionados. Está bien, qué bueno que el IMIPE, a cargo de Hertino Avilés, los motive para que sigan cumpliendo. Pero eso no es ni de lejos sustantivo. Habría que pensar, entonces, en dar un reconocimiento a todas las ciudadanas y ciudadanos que cumplen con sus obligaciones, ¿por qué no, si lo hacen con los funcionarios? Lo realmente importante es que los resultados de las auditorías y la rendición de cuentas garantice que los recursos públicos están siendo bien utilizados… ¿Acaso el comisionado presidente ya olvidó que al interior del IMIPE comenzaron a apodarlo “el Krispy Kreme”, por las facturas de donas que presentó para justificar gastos?
La información es PODER!!!
