Grave caso de agresión a una menor en el Colegio Centro Cultura y Acción de Taxco, ante la indiferencia de autoridades estatales
En una conferencia de prensa realizada el pasado miércoles 27 de noviembre, padres de familia denunciaron públicamente las agresiones físicas y verbales sufridas por su hija, Fernanda “N” de 14 años, en el Colegio Centro Cultura y Acción de Taxco, una institución educativa de filiación religiosa.
Alba Nidia Ortiz Ramos, la madre de la menor, describió cómo su hija ha sido víctima de maltratos continuos, culminando en una agresión física por parte de tres mujeres adultas, una de ellas de aproximadamente 55 años y otra de complexión obesa y estatura de 1.80 metros, bajo la aparente inacción de las religiosas a cargo.
Tras la difusión de estas declaraciones, defensores de la institución han solicitado pruebas de los señalamientos. Sin embargo, se ha aclarado que dichas evidencias están bajo resguardo del Ministerio Público como parte de una carpeta de investigación, por lo cual no pueden ser divulgadas para no interferir en el debido proceso judicial. A pesar de esto, la denuncia pública se justifica por la presencia de víctimas y testigos y por la negativa de la institución a responder a solicitudes de entrevista para aclarar los hechos.
Las investigaciones sugieren que en este colegio han ocurrido varios casos de bullying, agresiones físicas y discriminación durante años, con un trato preferencial hacia estudiantes de familias con mayor poder adquisitivo.
Desde el punto de vista legal, las agresiones a la menor podrían ser tipificadas como delitos penales conforme a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, específicamente vulnerando el derecho a una vida digna (Derecho I), a una vida libre de violencia (Derecho VIII) y al interés superior de la niñez (Derecho XVIII). Asimismo, el Código de Procedimientos Penales del Estado de Guerrero califica estas acciones como lesiones (Artículo 105), y la omisión de auxilio por parte de la dirección del colegio podría ser considerada un delito (Artículo 122).
Este caso pone en evidencia la necesidad de una mayor supervisión y responsabilidad en las instituciones educativas, incluso aquellas que se proclaman de valores religiosos, resaltando la discrepancia entre las enseñanzas proclamadas y las prácticas observadas dentro de sus muros.
