LA JUSTICIA POR PROPIA MANO
CINTARAZOS
Por Guillermo Cinta Flores
Miércoles 18 de diciembre de 2024
La retención del presidente municipal de Ocuituco, Juan Jesús Anzures García, por parte de los habitantes de la comunidad de Ocoxaltepec, ilustra un fenómeno cada vez más común en el México contemporáneo: la justicia por propia mano.
Desde la tarde del lunes hasta entrada la tarde del martes, Anzures García fue retenido y amarrado a un poste, acto que reflejó la frustración y el cansancio de una comunidad ante las promesas incumplidas por parte de sus líderes electos. Los pobladores exigieron respuestas y acciones concretas sobre obras públicas que supuestamente estaban concluidas pero que en realidad seguían pendientes, evidenciando una administración municipal vista como ineficaz y desatenta a las necesidades locales.
Este caso no es aislado; la práctica de la justicia por propia mano en México ha sido documentada en múltiples ocasiones, especialmente en comunidades donde la corrupción y la falta de respuesta gubernamental han alcanzado niveles insostenibles. En el contexto de Ocuituco, la retención del alcalde se dio como una forma de presión para que se cumplieran compromisos de obra pública, evidenciando la falta de confianza en los mecanismos institucionales. La intervención de las autoridades estatales, en este caso, no pudo evitar inicialmente el conflicto, lo que subraya la crisis de gobernanza que enfrentan muchos municipios donde la paciencia de la ciudadanía se ha agotado.
La liberación de Anzures García sólo se logró gracias a la intervención directa de la gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, quien mediante negociaciones telefónicas logró calmar los ánimos y asegurar la liberación del alcalde. Esta acción de la gobernadora no sólo destrabó el conflicto inmediato, sino que también prometió una visita a Ocoxaltepec para tratar de resolver las quejas de manera más permanente. La promesa de González Saravia de visitar el pueblo representa un intento de reconciliar y restaurar la confianza entre los ciudadanos y las autoridades, aunque el verdadero impacto de estas acciones aún está por verse.
Este incidente pone de relieve la necesidad urgente de reformas en la administración pública local para garantizar transparencia, rendición de cuentas y cumplimiento de compromisos. Mientras que la justicia por propia mano no es una solución ideal, refleja una realidad donde la desesperación y la falta de fe en los sistemas de justicia y gobierno llevan a comunidades a tomar medidas drásticas. La intervención de la gobernadora podría ser un paso hacia una mejor relación entre gobierno y gobernados, pero será crucial ver cómo se materializan las promesas y si realmente se abordan las causas subyacentes del descontento social en Ocuituco y comunidades similares.
Por cierto, la inconformidad de nuestros paisanos radicados en Ocoxaltepec casi coincidió con el linchamiento de cuatro presuntos “cobradores de piso” en Almoloya de Juárez, municipio del Estado de México. Fastidiados por las extorsiones, los ciudadanos mexiquenses se unieron y enfrentaron a los criminales, a quienes prendieron fuego. Fue una evidente demostración de que cuando el pueblo bueno y sabio se harta, es capaz de todo, inclusive de cumplir la antigua frase literaria de Lope de Vega: “¿Quién mató al Comendador? ¡Fuenteovejuna, señor!”.
