MARGARITA: DURO GOLPE AL HAMPA INSTITUCIONALIZADO
CINTARAZOS
Por Guillermo Cinta Flores
Sábado 01 de febrero de 2025
A finales de 2024, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de Morelos, junto con la Fiscalía General del Estado (FGE) Morelos, inició acciones legales significativas contra funcionarios estatales y municipales, dando seguimiento a carpetas de investigación de años anteriores.
Estas operaciones conjuntas avanzaron hacia la obtención de órdenes de aprehensión por parte de jueces del Tribunal Superior de Justicia de Morelos, lo que permitió ejecutar cuatro operativos interinstitucionales simultáneos. Estos operativos, liderados por la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la FGE, contaron con la participación del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, y la Secretaría de Marina, para aprehender a ocho individuos, entre ellos cinco hombres y dos mujeres de la SSPC, y un policía municipal de Emiliano Zapata.
Las órdenes de aprehensión forman parte de una investigación exhaustiva que apunta hacia la antigua Comisión Estatal de Seguridad Pública, la cual estuvo bajo el mando del Almirante José Antonio Ortiz Guarneros durante el gobierno de Cuauhtémoc Blanco. Las acusaciones se centran en el delito grave de Desaparición Forzada, un crimen que ha marcado profundamente a la sociedad morelense y que ha exigido justicia por años. La colaboración entre diversas instancias de seguridad y justicia es un reflejo del esfuerzo para desmantelar prácticas corruptas y abusos de poder que han afectado la vida de muchos en el estado.
Estos operativos no solo representan un golpe contundente a la corrupción y la impunidad, sino que también envían un mensaje claro del nuevo gobierno de Margarita González Saravia sobre su compromiso con la legalidad y la justicia. La administración de González Saravia está demostrando voluntad de enfrentar los problemas heredados, abordando casos de alto impacto que afectan directamente a la ciudadanía. La efectividad de estos operativos y su impacto en la percepción de seguridad y justicia en Morelos aún están por verse, pero sin duda, marcan un punto de partida importante en la lucha contra las violaciones a los derechos humanos.
La ejecución de estas órdenes de aprehensión es un recordatorio de que la justicia, aunque tardía, puede llegar. Para los morelenses, esto representa una esperanza renovada de que sus denuncias no caerán en saco roto. Sin embargo, el reto ahora es asegurar que estos procesos judiciales se lleven a cabo de manera transparente y justa, garantizando que los responsables sean juzgados y que tales acciones no sean solo un esfuerzo momentáneo sino parte de una estrategia más amplia y sostenible para reformar la seguridad pública en Morelos. La sociedad espera que este sea el inicio de una era de verdadera justicia y seguridad en el estado.
La operación, ejecutada con la colaboración de la SSPC, la FGE, y fuerzas federales para cumplir órdenes de aprehensión por desaparición forzada, guarda una clara analogía con la reciente “Operación Enjambre” del Estado de México. En ambos casos, vemos una estrategia coordinada y simultánea entre diferentes cuerpos de seguridad para desmantelar redes de corrupción y delincuencia dentro de las mismas instituciones encargadas de proteger a la ciudadanía. Mientras que en el Estado de México se dirigió contra funcionarios municipales y mandos policiales por su presunta relación con el crimen organizado, en Morelos se focalizó en elementos de seguridad pública acusados de desaparición forzada, demostrando que ambas operaciones buscan erradicar la impunidad y restaurar la confianza en las instituciones de seguridad.
