NO SOMOS IGUALES
AGENDA DIARIA
Por Guillermo Cinta Flores
Lunes 03 de febrero de 2025
La relación entre los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y Claudia Sheinbaum con el crimen organizado en México presenta diferencias notorias en sus enfoques y retóricas, aunque ambas administraciones emanan de un mismo partido, Morena.
Durante el sexenio de AMLO, la política de “abrazos, no balazos” fue interpretada por muchos críticos como un gesto de lenidad hacia los cárteles de la droga, sugiriendo que el gobierno prefería evitar confrontaciones directas y enfocarse en atender las causas sociales de la violencia. Esta estrategia fue ampliamente criticada por opositores y analistas que argumentaban que daba carta blanca a los grupos criminales para operar sin temor a represalias efectivas. Los señalamientos de alianzas entre la administración de AMLO y los cárteles se intensificaron, especialmente con eventos como la liberación de Ovidio Guzmán en Culiacán, que evidenció la complejidad de enfrentar al crimen organizado sin generar más violencia.
Por otro lado, desde que Claudia Sheinbaum asumió la presidencia, ha habido una clara intención de demarcarse de esta política, aunque sin repudiar completamente el legado de AMLO. Sheinbaum ha anunciado una estrategia de seguridad que se centra más en la inteligencia, la investigación y la coordinación interinstitucional entre los distintos niveles de gobierno. Su administración ha declarado que no habrá negociaciones ni complicidades con el crimen organizado, marcando un distanciamiento discursivo de la política anterior. Esta nueva postura se evidencia en acciones como el aumento de decomisos de drogas y la captura de altos mandos de los cárteles, lo que sugiere un enfoque más proactivo y confrontacional hacia la delincuencia organizada.
Las recientes acusaciones por parte del gobierno de Donald Trump de que México mantiene vínculos con grupos criminales han puesto a prueba esta nueva dirección. Sheinbaum se ha defendido con firmeza, indicando que su administración no es igual a la de su antecesor en este aspecto, lo que sugiere un esfuerzo por construir una imagen de gobierno más firme contra el crimen. Sin embargo, es importante notar que algunos críticos de Sheinbaum argumentan que, a pesar de los cambios en el discurso, las bases estructurales y políticas del combate al crimen organizado no han cambiado drásticamente. La presencia militar en tareas de seguridad pública, un legado claro de AMLO, sigue siendo una constante.
El análisis de los primeros meses de gobierno de Sheinbaum muestra que, aunque hay una aparente diferencia en la retórica y en algunas acciones concretas, el reto de cambiar fundamentalmente la relación con el crimen organizado es monumental. La violencia y el número de homicidios aún son altos, y la percepción pública y los señalamientos desde el extranjero continúan. Esto indica que, aunque Sheinbaum pueda estar intentando marcar una diferencia, la realidad del crimen organizado en México es un problema sistémico que no se resuelve con cambios superficiales o discursos.
En resumen, existe una percepción de distanciamiento entre las administraciones de AMLO y Sheinbaum en cuanto a la relación con el crimen organizado, particularmente en el lenguaje y en ciertas estrategias. Sin embargo, los desafíos son similares y las soluciones propuestas por Sheinbaum, si bien muestran un matiz diferente, no han demostrado aún una ruptura significativa con las políticas anteriores, especialmente en términos de resultados concretos en la reducción de la violencia. La prueba de fuego para Sheinbaum será demostrar en los hechos, más allá de las palabras, que su enfoque puede llevar a un cambio tangible en la seguridad y en la percepción de la relación del gobierno con los cárteles.
