FGR Y FGEM: HASTA LAS ÚLTIMAS CONSECUENCIAS
CINTARAZOS
Por Guillermo Cinta Flores
Jueves 20 de febrero de 2025
La reunión entre Jesús Corona Damián, presidente municipal de Cuautla, y Delfino Toledano Amaro, alcalde de Atlatlahucan, con Júpiter Araujo Bernard, presunto líder del Cártel de Sinaloa en la región oriente de Morelos, pone en evidencia una problemática estructural que trasciende este caso particular: la permeabilidad de las autoridades municipales al crimen organizado.
La intervención decidida de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Fiscalía General del Estado de Morelos resulta imprescindible para esclarecer los hechos, determinar responsabilidades y sentar un precedente claro. Investigar a fondo este incidente no solo responde a la necesidad de justicia en el presente, sino que también constituye una oportunidad para disuadir futuras colusiones entre funcionarios públicos y grupos delictivos, un fenómeno que erosiona la confianza ciudadana y perpetúa la inseguridad.
La FGR, como institución encargada de perseguir delitos federales como la delincuencia organizada, debe asumir un rol protagónico, empleando todos los recursos a su alcance para verificar si el encuentro fue una negociación, una amenaza o un acto de intimidación, y si existieron acuerdos que comprometan la integridad de las instituciones. Por su parte, la Fiscalía de Morelos tiene la responsabilidad de complementar esta labor, investigando posibles omisiones o actos de corrupción a nivel local que hayan facilitado este tipo de interacciones. La coordinación entre ambas instancias es crucial, dado que la fragmentación o la falta de voluntad política han sido históricamente obstáculos para enfrentar la infiltración del crimen en las estructuras de gobierno. Llegar hasta las últimas consecuencias, con sanciones ejemplares si se comprueba culpabilidad, enviaría un mensaje inequívoco: nadie está por encima de la ley, sin importar su cargo.
El caso de Corona Damián y Toledano Amaro no es aislado; en México, la cooptación de autoridades municipales por parte de organizaciones criminales ha sido documentada en múltiples ocasiones, desde el control territorial hasta la extorsión directa a funcionarios. Morelos, con su estratégica ubicación y su historial de violencia ligada al narcotráfico, es un ejemplo claro de esta vulnerabilidad.
Si las fiscalías no actúan con rigor, el riesgo es que este tipo de encuentros se normalicen, convirtiendo a los gobiernos locales en títeres de los cárteles en lugar de defensores del bien común. La impunidad en este caso podría alentar a otros alcaldes a ceder ante presiones similares, debilitando aún más el Estado de derecho en regiones ya castigadas por la inseguridad.
Este asunto trasciende la figura de los ediles de Cuautla y Atlatlahucan y pone a prueba la capacidad del sistema judicial mexicano para romper el ciclo de complicidad entre poder político y crimen organizado. Una investigación exhaustiva y transparente, seguida de castigos proporcionales a la gravedad de los hechos, no solo fortalecería la credibilidad de las instituciones, sino que también ofrecería a la ciudadanía una señal de esperanza en medio de un panorama desolador. La FGR y su homóloga estatal tienen en sus manos la oportunidad de transformar este escándalo en un parteaguas que reafirme el compromiso del Estado con la legalidad, evitando que las autoridades municipales vean en el crimen organizado un aliado en lugar de un adversario.
