LA SOMBRA DEL CRIMEN ORGANIZADO EN LA POLÍTICA MEXICANA
ANÁLISIS
Por Guillermo Cinta Flores
Jueves 20 de febrero de 2025
La penetración de los cárteles mexicanos en las esferas de poder alcanzó niveles alarmantes, con redes que se extienden desde los municipios hasta las altas esferas del gobierno federal. Esta influencia se manifiesta en la manipulación de procesos electorales, la corrupción de funcionarios y la infiltración en las fuerzas de seguridad, lo que compromete la estabilidad y el estado de derecho en el país.
Políticos de diversas afiliaciones partidistas se encuentran bajo sospecha de mantener vínculos con el crimen organizado. Estas conexiones facilitan el lavado de dinero, el tráfico de influencias y la protección de actividades ilícitas, a cambio de impunidad y beneficios económicos. La falta de transparencia y la debilidad de las instituciones agravan este problema, permitiendo que la corrupción prospere. Muy cerca de nosotros en Morelos, acaba de revelarse el presunto contubernio de dos presidentes municipales, los de Cuautla y Atlatlahucan, con líderes del cártel de Sinaloa, cuya zona de operación es la región oriente de Morelos.
Uno de los principales objetivos de los cárteles siempre ha sido obtener el control de los presupuestos y recursos públicos. A través de la extorsión, el soborno y la adjudicación de contratos amañados, desvían fondos destinados a obras y servicios, fortaleciendo su poder financiero y operativo. Esta captura de recursos erosiona la capacidad del Estado para atender las necesidades de la población y combatir la delincuencia.
Estados fallidos: una amenaza latente
El libro “Crimen.org” (Luis de la Corte Ibáñez y Andrea Giménez-Salinas Framis, Editorial Planeta 2010), desde hace varios lustros advirtió sobre el riesgo de que la influencia del crimen organizado condujera a la formación de estados fallidos, donde las instituciones pierden su capacidad para garantizar la seguridad y el bienestar de los ciudadanos. En México, la violencia, la impunidad y la corrupción son síntomas de esta preocupante tendencia. La colaboración entre autoridades y delincuentes socava la confianza en el gobierno y debilita la democracia. Hasta ahora, los síntomas de ese estado fallido son más que evidentes.
Para enfrentar este desafío, es fundamental fortalecer las instituciones encargadas de la seguridad y la justicia, así como promover la transparencia y la rendición de cuentas. La participación ciudadana es crucial para denunciar la corrupción, exigir elecciones limpias y presionar por políticas públicas efectivas. Solo con un compromiso conjunto de todos los sectores de la sociedad será posible revertir la influencia del crimen organizado y construir un México más justo y seguro.
Los ayuntamientos y su vulnerabilidad
La vulnerabilidad de los municipios mexicanos ante el crimen organizado se deriva de una compleja interacción de factores. Su proximidad con la población local los convierte en blancos fáciles para la infiltración y la corrupción. La falta de recursos financieros y humanos, aunado a la debilidad de las instituciones locales, limita su capacidad para hacer frente a la sofisticación y el poder de los cárteles. Además, la dependencia de los municipios hacia los gobiernos estatales y federales los deja expuestos a la manipulación y la presión de grupos criminales que buscan controlar territorios y recursos. Ha sido siempre un secreto a voces en las policías municipales y los cabildos la forma en que los ediles son colocados entre la espada o la pared por los criminales: o aceptas colaborar con nosotros a cambio de dinero, o nos das cierta cantidad periódicamente, o te matamos o asesinamos a tus familiares.
Esta situación se agrava por la presencia de policías municipales con bajos salarios y escasa capacitación, lo que los hace susceptibles a la corrupción y la intimidación. La falta de mecanismos de control y rendición de cuentas permite que la impunidad prospere, creando un ambiente propicio para la penetración del crimen organizado en las estructuras de gobierno local. La vulnerabilidad de los municipios no solo compromete la seguridad y el bienestar de sus habitantes, sino que también debilita la democracia y el estado de derecho en el país.
Así las cosas, la escena de los alcaldes de Cuautla y Atlatlahucan, Jesús Corona Damián y Delfino Toledano Amaro, sentados a la misma mesa con un líder criminal, custodiados por hombres fuertemente armados, no es nuevo para los morelenses. Como siempre, la historia se repite.
