LAS NUEVAS OBRA DE SHEINBAUM: ¿TODO PARA SEDENA Y SEMAR, O HABRÁ TAJADAS AL SECTOR PRIVADO?
CINTARAZOS
Por Guillermo Cinta Flores
Viernes 4 de abril de 2025
El 27 de noviembre de 2002, siendo presidente de la Consultoría Ecanal, que en ese entonces asesoraba a grandes empresas mexicanas y corporativos de Wall Street, Rogelio Ramírez de la O, quien fuera secretario de Hacienda y Crédito Público en el sexenio de López Obrador y al inicio del actual, comparó los altísimos y muchas veces ofensivos sueldos percibidos por funcionarios del sector público y los ejecutivos en la iniciativa privada. Había una diferencia abismal, la cual, infortunadamente para el grueso de los mexicanos, continúa intacta en la actualidad a pesar de la austeridad republicana tan cacareada por López Obrador y aquello de que nadie debe percibir salarios mayores al del presidente. Esto, indudablemente, fue comprobado por Ramírez de la O estando al frente de la institución responsabilizada de manejar el Presupuesto de Egresos de la Federación.
En aquel 27 de noviembre, Ramírez de la O indicó que los funcionarios públicos no pueden aspirar a percibir los salarios de altos ejecutivos de las grandes corporaciones, porque el sector privado está dedicado a generar riqueza y existen importantes incentivos en un régimen global de fuerte competencia de las empresas, mientras que en el gobierno se obtienen los recursos de los impuestos aplicados a esa riqueza.
“Los beneficios que obtiene un ejecutivo que opta por irse al sector público a trabajar son muy difíciles de medir, como son las relaciones internacionales, el poder de decisión sobre asuntos muy importantes y el prestigio que lo acompaña (…) En el caso del sector privado, cuando las empresas generan más riqueza, conquistan nuevas tecnologías y realizan estrategias exitosas, sus logros se traducen en más utilidades para ellas. Entonces las remuneraciones en el sector privado son muy altas en función de los logros obtenidos”.
Quise sacar a cuento aquella posición asumida por Ramírez de la O, frente al siguiente contexto.
Este jueves 3 de abril de 2025, en el emblemático Museo de Antropología de la Ciudad de México, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció con entusiasmo una ambiciosa serie de proyectos de infraestructura que prometen transformar el rostro del país en los próximos años. Es una noticia que, sin duda, genera expectativas positivas sobre el desarrollo económico y la modernización de México.
Sin embargo, detrás de este optimismo, hay un “problemita” que no pasa desapercibido para la industria de la construcción, especialmente para las empresas privadas que, una vez más, observan con frustración cómo los grandes contratos se concentran en manos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar) y un puñado de grupos cercanos a la Cuarta Transformación (4T).
Esta tendencia no es nueva. Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, las Fuerzas Armadas se convirtieron en el brazo constructor estrella del gobierno. Proyectos emblemáticos como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el Tren Maya y tramos del Corredor Interoceánico fueron asignados a militares, quienes, según el discurso oficial, ofrecen eficiencia, bajos costos y una supuesta inmunidad a la corrupción que aqueja al ámbito civil.
El argumento gubernamental tiene su peso: la disciplina y capacidad logística de las Fuerzas Armadas son innegables. Pero, ¿a qué costo? Las compañías constructoras privadas, muchas de ellas con décadas de experiencia y mano de obra calificada, se sienten excluidas de una competencia justa. La asignación directa de contratos a Sedena y Semar, sin licitaciones abiertas, levanta sospechas sobre la transparencia y la equidad que tanto pregona la 4T. Además, esta militarización de la obra pública no solo limita las oportunidades para el sector privado, sino que también concentra el poder económico en instituciones que, por su naturaleza, no están diseñadas para rendir cuentas con la misma claridad que una empresa sujeta al escrutinio público. Cualquier cantidad de contratos ha parado en la “información reservada” por tiempo indeterminado. Mientras las compañías de la construcción privadas generan alrededor de 30 ramas productivas (empleos directos e indirectos), en las Fuerzas Armadas esto no se repite.
En Morelos, el impacto del desplazamiento de las firmas del sector privado fue particularmente sensible durante el sexenio pasado. Mientras proyectos prioritarios avanzaban bajo el mando militar, la reconstrucción de infraestructura dañada por el sismo de 2017 —como hospitales y escuelas— quedó rezagada, con avances mínimos y recursos insuficientes. Las empresas locales, que podrían haber dinamizado la economía regional, se vieron marginadas, y el discurso de “primero los pobres” pareció chocar con una realidad donde los beneficios se canalizaban hacia estructuras centralizadas.
El gobierno de Sheinbaum tiene ahora la oportunidad de replantear este modelo. Si bien la participación de las Fuerzas Armadas puede ser estratégica en ciertos casos, abrir el juego a la iniciativa privada no solo fortalecería al sector de la construcción y generaría riqueza (según la visión de Rogelio Ramírez de la O), sino que también inyectaría vitalidad a las economías locales. La única fuente para generar riqueza es el sector privado.
La 4T ha insistido en combatir los privilegios, pero la exclusión de las empresas constructoras en favor de un monopolio militar puede interpretarse como un nuevo tipo de favoritismo.
La pregunta queda en el aire: ¿es este el camino hacia un desarrollo incluyente, o solo una extensión del control estatal disfrazada de eficiencia? El tiempo, y los resultados, lo dirán. Estaremos atentos y después diremos.
