Reforma mediática en México, tras el mensaje antimigrante de Kristi Noem
LA CRÓNICA DE MORELOS. Martes 22 de abril de 2025.
Por Guillermo Cinta Flores
Un anuncio protagonizado por Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, se transmitió recientemente en México durante partidos de la Liga MX, generando controversia. El mensaje, parte de una campaña de 200 millones de dólares, advertía contra la inmigración ilegal, amenazando con persecución y deportación a quienes ingresen sin autorización a EE. UU., especialmente a delincuentes.
La presidenta Claudia Sheinbaum y legisladores de Morena reaccionaron calificando el spot como discriminatorio, argumentando que viola la Constitución mexicana y la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que prohíben mensajes discriminatorios. En respuesta, Sheinbaum propuso una reforma para restablecer un artículo eliminado en 2014, prohibiendo explícitamente la propaganda extranjera pagada en medios mexicanos.
Desde la perspectiva estadounidense, la campaña busca disuadir la inmigración ilegal, un objetivo prioritario de la administración Trump, que ve la frontera como una amenaza a la seguridad nacional. El mensaje de Noem enfatiza el cumplimiento de la ley, argumentando que quienes violen las normas migratorias enfrentarán consecuencias, lo que podría reducir los flujos migratorios irregulares y el crimen transnacional. Transmitir el anuncio en México, especialmente en eventos masivos como partidos de fútbol, maximiza su alcance hacia posibles migrantes. Además, la campaña refleja la presión de EE. UU. sobre México para que coopere en el control migratorio, alineándose con acuerdos bilaterales y la amenaza de aranceles si no hay avances.
El anuncio ha sido ampliamente criticado en México por su tono estigmatizante, que equipara a los migrantes con criminales, vulnerando el artículo 1 de la Constitución mexicana, que prohíbe la discriminación. La difusión en medios mexicanos, sin autorización explícita, se percibe como una injerencia en la soberanía nacional, especialmente porque el artículo eliminado en 2014 prohibía propaganda extranjera que interfiriera en asuntos internos. La reacción de Sheinbaum y Morena busca proteger la dignidad de los mexicanos y reforzar la autonomía regulatoria de los medios. Sin embargo, la reforma propuesta podría interpretarse como una medida reactiva que limita la libertad de expresión, aunque Sheinbaum insiste en que no busca censurar, sino regular contenido discriminatorio.
La iniciativa de Sheinbaum para reformar la Ley de Telecomunicaciones pretende restablecer la prohibición de propaganda extranjera, respondiendo a quejas ciudadanas canalizadas por Conapred y reforzando la normativa contra mensajes discriminatorios. Esto podría fortalecer la soberanía mediática de México y proteger a las audiencias de contenidos que promuevan estigmas. Sin embargo, la reforma enfrenta desafíos: podría generar tensiones diplomáticas con EE. UU., que busca cooperación migratoria, y plantea riesgos de interpretaciones ambiguas que afecten la libertad de prensa. Además, no aborda las causas estructurales de la migración, como la desigualdad económica, que EE. UU. y México podrían abordar conjuntamente.
El debate refleja tensiones entre la seguridad nacional de EE. UU. y la soberanía de México, enmarcadas en la complejidad de la migración. Mientras EE. UU. justifica su campaña como una medida para frenar la inmigración ilegal, México la percibe como una afrenta a su dignidad y autonomía. La reforma propuesta por Sheinbaum es una respuesta firme, pero debe equilibrar la protección de derechos con la libertad de expresión y la cooperación bilateral. Una solución más efectiva requeriría diálogo entre ambos países para abordar las raíces de la migración, en lugar de recurrir a campañas polarizantes o reformas apresuradas. El episodio subraya la necesidad de una política migratoria conjunta que respete la soberanía y los derechos humanos.
Si la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión en México incluye la regulación de mensajes como el de Kristi Noem en redes sociales, el impacto sería significativo y multifacético. Por un lado, podría fortalecer la soberanía digital mexicana al limitar la difusión de propaganda extranjera pagada que se considere discriminatoria o injerencista, protegiendo a las audiencias en plataformas como X, YouTube o TikTok, donde estos mensajes pueden viralizarse rápidamente.
Sin embargo, esta regulación enfrentaría desafíos técnicos y legales: las redes sociales operan globalmente, y las empresas detrás de ellas, mayormente estadounidenses, podrían resistirse a cumplir con restricciones mexicanas, alegando libertad de expresión o jurisdicción extraterritorial. Además, definir qué constituye “propaganda extranjera” en un entorno digital podría generar ambigüedad, arriesgando la censura de contenidos legítimos o afectando la neutralidad de las plataformas. Esto también podría escalar las tensiones diplomáticas con EE. UU., que vería limitada su estrategia de comunicación migratoria, mientras que en México podría polarizar el debate entre defensores de la soberanía y quienes temen restricciones a la libre circulación de ideas en línea.
