Las tentaciones autocráticas y el control de los medios en México
OPINIÓN
Por Guillermo Cinta Flores
Jueves 24 de abril de 2025
En México, la libertad de expresión, consagrada como derecho constitucional, ha sido históricamente un ideal más que una realidad plena. A lo largo de las décadas, los gobiernos en turno han mostrado una inclinación recurrente por controlar los medios de comunicación, desde la prensa escrita hasta la radio y la televisión. Esta pulsión autoritaria no es nueva: responde al deseo de moldear narrativas, silenciar disidencias y consolidar el poder. Hoy, en 2025, esas tentaciones autocráticas no solo persisten, sino que se han modernizado, extendiendo su alcance hacia internet y las redes sociales, los últimos bastiones de la libre expresión. La iniciativa de una nueva Ley de Telecomunicaciones, cuyo dictamen se aprobó este jueves vía “fast track” en el Senado, es la más reciente manifestación de este anhelo de control total.
Esta ley, enviada por el Ejecutivo el 23 de abril de 2025, incluye un capítulo especialmente alarmante: el artículo 109, que otorgaría a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones facultades para suspender concesiones de radio y televisión, bloquear plataformas digitales y decidir unilateralmente sobre el uso de internet. Según críticos y legisladores de oposición, este articulado podría permitir al gobierno censurar redes sociales, restringiendo contenidos que considere “inconvenientes”. Usuarios y analistas han advertido que estas disposiciones, lejos de promover la regulación técnica, buscan coartar la libertad de expresión, un derecho ya vulnerable ante la presión política y económica que enfrentan los medios en México.
El proceso de aprobación “fast track” agrava las preocupaciones. La premura con la que se busca avalar esta ley, con debates programados para el 28 de abril, sugiere una falta de deliberación democrática. Como señaló el senador Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva, el dictamen sería analizado, votado y aprobado en una sola sesión, limitando el escrutinio público y legislativo. Esta celeridad recuerda tácticas empleadas en regímenes autoritarios, donde las reformas se imponen sin espacio para el disenso. La concentración de poder en una agencia gubernamental, sin contrapesos efectivos tras la debilitación del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), refuerza la percepción de un avance hacia un Estado que actúa como juez y parte en el control de las comunicaciones.
No es solo el contenido de la ley lo que inquieta, sino el contexto en el que surge. México ya enfrenta desafíos significativos en materia de libertad de prensa, con ataques a periodistas, presiones económicas a medios independientes y un discurso oficial que estigmatiza a quienes critican al gobierno. La nueva ley podría institucionalizar estas prácticas, otorgando al Estado herramientas legales para silenciar voces disidentes en el ámbito digital, donde la ciudadanía ha encontrado un espacio para organizarse y debatir. La comparación con regímenes como el de Venezuela, donde el control estatal sobre los medios es casi absoluto, no es exagerada: el bloqueo de plataformas digitales por motivos subjetivos es una práctica común en gobiernos que buscan perpetuarse sin oposición.
Las tentaciones autocráticas están aquí, más evidentes que nunca. La nueva Ley de Telecomunicaciones no es solo una reforma técnica; es un paso hacia la consolidación de un modelo donde el gobierno decide qué se dice, quién lo dice y cómo se dice. La sociedad mexicana enfrenta un momento crítico: permitir que esta ley avance sin resistencia significaría ceder aún más terreno a la censura y al control estatal. La defensa de la libertad de expresión requiere una movilización urgente de ciudadanos, medios y legisladores que aún crean en la democracia. De lo contrario, el espejismo de la libertad se desvanecerá por completo, dejando un paisaje comunicativo dominado por el poder omnímodo del Estado.
