La sentencia imposible: García Luna y el circo de los 2,500 millones
LA CRÓNICA DE MORELOS. Viernes 23 de mayo de 2025.
La reciente sentencia de una jueza en Miami contra Genaro García Luna y su esposa, Linda Cristina Pereyra, ordenándoles pagar 2,488 millones de dólares al gobierno mexicano, suena como un triunfo de la justicia. Pero, al rascar la superficie, esta cifra astronómica parece más un espectáculo mediático que una medida realista. Por más corruptos que hayan sido —y no hay duda de los abusos de poder de García Luna durante su paso por el gobierno de Felipe Calderón—, la pregunta es inescapable: ¿de dónde sacarán tanto dinero? La respuesta, con alta probabilidad, es: de ningún lado.
La corte de Florida, basándose en un esquema de contrataciones ilegales que desfalcó al menos 745.9 millones de dólares, triplicó la sanción bajo las leyes locales, dando lugar a esta suma colosal. Hasta ahora, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México ha recuperado apenas 2.7 millones de dólares en activos, incluyendo una propiedad y algo de efectivo. Es una gota en el océano. Los bienes confiscados, como los de Florida, no se acercan ni remotamente a la cantidad exigida. Además, con García Luna tras las rejas por 38 años y el paradero de Pereyra desconocido, la ejecución de la sentencia se antoja quimérica.
No se trata de defender a García Luna, cuya trayectoria está manchada por nexos con el Cártel de Sinaloa y un abuso sistemático del poder. Su condena penal es justa, y sus acciones dejaron un daño profundo en México. Sin embargo, esta sentencia civil parece más un mensaje político que un objetivo alcanzable. El gobierno mexicano ha celebrado el fallo como un hito en la lucha contra la corrupción, pero el timing y la magnitud de la noticia levantan sospechas. ¿No será este otro caso de oportunismo para desviar la atención de problemas más urgentes, como la inseguridad galopante o las tensiones por reformas controversiales?
La realidad es que los 2,500 millones de dólares nunca se pagarán en su totalidad. Los activos de la pareja, probablemente ocultos en fideicomisos o a nombre de terceros, son difíciles de rastrear. La UIF promete seguir buscando, pero la opacidad de las redes financieras internacionales juega en contra. Mientras tanto, el gobierno presume un logro que, en la práctica, es poco más que simbólico.
Este caso ilustra una paradoja de nuestra lucha contra la corrupción: las sentencias grandilocuentes generan titulares, pero no necesariamente justicia tangible. En lugar de enfocarnos en sumas inalcanzables, deberíamos exigir resultados concretos: la recuperación efectiva de recursos y, sobre todo, la prevención de nuevos abusos. Porque, mientras el circo de los millones distrae, los problemas de fondo siguen esperando.
