LA RESPONSABILIDAD DE LA VERDAD EN EL CASO DEL PANTEÓN DE JOJUTLA
LA CRÓNICA DE MORELOS. Martes 24 de junio de 2025.
EDITORIAL
La reciente difusión de versiones periodísticas sobre el supuesto hallazgo de “más de 60 cuerpos, incluidos al menos 10 bebés y más de 10 mujeres” en la cuarta fase de intervención en el panteón de Pedro Amaro, en Jojutla, Morelos, ha desatado una ola de indignación y alarma social. Frente a esto, el comunicado emitido este lunes por la Fiscalía General del Estado (FGE) de Morelos busca poner freno a la desinformación y reafirmar su compromiso con la verdad, la legalidad y el respeto a las víctimas. Este pronunciamiento merece un análisis que vaya más allá de los titulares sensacionalistas y ponga en el centro la responsabilidad compartida de autoridades, medios y sociedad.
El primer acierto de la FGE es desmentir categóricamente las cifras no verificadas que circularon en algunos medios. Hablar de decenas de cuerpos, especialmente de bebés y mujeres, sin pruebas periciales sólidas, no solo atenta contra el dolor de las familias que buscan a sus seres queridos, sino que socava la confianza en las instituciones y alimenta un clima de incertidumbre. En un país donde la desaparición de personas es una herida abierta, la precisión en la información es una obligación ética y legal ineludible.
El comunicado también destaca por su énfasis en la transparencia y la colaboración. La FGE subraya que los resultados de la intervención, iniciada el 26 de mayo y suspendida temporalmente el 19 de junio por “razones estructurales de seguridad”, serán presentados primero a los colectivos de búsqueda, antes de hacerse públicos. Esta decisión, acordada en una reunión previa con dichos colectivos y representantes de los tres órdenes de gobierno, refleja un esfuerzo por priorizar a las víctimas y sus familias, quienes merecen conocer la verdad antes que nadie. Asimismo, la promesa de un informe técnico pericial, a presentarse esta misma semana, es un paso en la dirección correcta para garantizar que los hallazgos se sustenten en criterios científicos y legales.
Sin embargo, el comunicado no está exento de áreas grises. La falta de detalles sobre las “razones estructurales” que llevaron a la suspensión de los trabajos podría dar pie a especulaciones, especialmente en un contexto donde la desconfianza hacia las autoridades es alta. Además, la vaguedad sobre el plazo exacto para la entrega del informe técnico —limitándose a “esta misma semana”— podría percibirse como una dilación si no se cumple con celeridad. Por último, la FGE no aborda directamente las fuentes de las versiones periodísticas, lo que podría restarle contundencia a su mensaje frente a quienes propagan rumores sin rigor.
En este caso, la responsabilidad no recae únicamente en la Fiscalía. Los medios de comunicación deben asumir su papel con seriedad, evitando la tentación de publicar datos sensacionalistas sin corroborar. La sociedad, por su parte, tiene el deber de exigir información veraz, pero también de consumirla con criterio, sin contribuir a la viralización de rumores que hieren a las víctimas y entorpecen la justicia.
La FGE de Morelos tiene ante sí una oportunidad crucial para demostrar que su compromiso con la verdad y las víctimas no es solo retórico. La presentación oportuna y clara del informe técnico, así como una comunicación constante con los colectivos de búsqueda, serán determinantes para fortalecer la confianza en sus acciones. En un tema tan delicado como la búsqueda de personas desaparecidas, la verdad no puede esperar, y la responsabilidad de construirla es de todos.
