EL CASO OVIDIO GUZMÁN: ¿SOBRERREACCIÓN DE LA 4T ANTE UN POLVORÍN POLÍTICO?
OPINIÓN
Por Guillermo Cinta Flores
Sábado 12 de julio de 2025
La reacción de la presidenta Claudia Sheinbaum y su administración ante el caso de Ovidio Guzmán en Estados Unidos, así como las declaraciones de su abogado defensor Jeffrey Lichtman, han generado un torbellino de especulaciones y tensiones que parecen desproporcionadas para un caso que, en esencia, es un asunto judicial bilateral.
Sheinbaum ha insistido en criticar la falta de coordinación y transparencia por parte de Estados Unidos, particularmente en lo que respecta a la negociación de un acuerdo de culpabilidad con Guzmán, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán. Su énfasis en que la Fiscalía General de la República (FGR) debería haber sido informada y su cuestionamiento a la coherencia de la política estadounidense –que califica a los cárteles como organizaciones terroristas pero negocia con sus miembros– reflejan una postura que busca proyectar soberanía y control sobre un tema políticamente sensible en México.
Sin embargo, la intensidad de estas respuestas, junto con las conferencias de prensa organizadas específicamente para abordar el tema, se interpreta como un intento de desviar la atención o de reforzar una narrativa de firmeza frente a las críticas externas, especialmente las del abogado Lichtman, quien ha acusado al gobierno mexicano de corrupción y complicidad.
El intercambio verbal entre Sheinbaum y Lichtman, quien ha calificado a la presidenta como una “publirrelacionista” del Cártel de Sinaloa, escaló a un nivel que parece más personal que institucional. Lichtman no solo ha cuestionado la legitimidad de las críticas de Sheinbaum, sino que ha traído a colación casos como el del general Salvador Cienfuegos, exonerado en México tras ser acusado en Estados Unidos, para argumentar que el gobierno mexicano carece de autoridad moral para exigir participación en procesos judiciales en el extranjero.
La respuesta de Sheinbaum, tildando de “irrespetuosas” las declaraciones del abogado y delegando el asunto a la FGR, refleja un esfuerzo por mantener la controversia dentro de los cauces institucionales, pero también revela una sensibilidad ante las acusaciones de complicidad con el narcotráfico, un tema que históricamente ha sido un flanco débil para los gobiernos mexicanos. Este cruce de declaraciones, amplificado por las redes sociales y la prensa, da la impresión de que el caso de Ovidio Guzmán se convirtió en un escenario para disputas políticas más amplias, donde la 4T busca proteger su imagen frente a señalamientos que podrían implicar a figuras clave de su entorno.
La atención desmedida que el gobierno de Sheinbaum ha puesto en el caso de Ovidio Guzmán podría ser como una reacción defensiva ante el temor de que las revelaciones del narcotraficante en Estados Unidos salpiquen a figuras prominentes de la 4T, incluido el expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien ahora reside en su rancho en Palenque, Chiapas. Aunque no hay pruebas concretas en las fuentes disponibles que vinculen directamente a López Obrador o a su familia con las acusaciones de Lichtman, las insinuaciones del abogado sobre la corrupción en las “más altas esferas” del gobierno mexicano y su mención de la exoneración de Cienfuegos alimentan las especulaciones.
La insistencia de Sheinbaum en que no existe “complicidad con nadie” y su énfasis en que el caso es competencia de la FGR podrían ser un intento de blindar al movimiento de la 4T frente a posibles señalamientos que surjan de la colaboración de Guzmán con las autoridades estadounidenses. Esta colaboración, que incluye su declaración de culpabilidad y su disposición a proporcionar información sobre el Cártel de Sinaloa, representa un riesgo para cualquier actor político o militar mexicano que pueda ser mencionado, lo que explicaría la postura reactiva del gobierno.
Por otro lado, la narrativa de Sheinbaum y su administración también estaría motivada por un cálculo político interno. Sinaloa, cuna del varias veces citado Cártel, es un estado clave para la 4T, y la visita de la presidenta a Culiacán justo en el momento de la audiencia de Guzmán no parece casual. Al organizar una conferencia de prensa en Sinaloa y prometer la presencia regular de su gabinete de seguridad en la entidad, Sheinbaum busca proyectar una imagen de compromiso con la seguridad y el bienestar de la población, desvinculando su gobierno de cualquier percepción de colusión con el crimen organizado. Sin embargo, esta estrategia corre el riesgo de ser contraproducente, ya que la atención desmedida al caso de Ovidio Guzmán y las respuestas airadas a Lichtman dan la impresión de que el gobierno tiene algo que ocultar o que está más preocupado por el control de la narrativa que por abordar los problemas estructurales de la violencia y el narcotráfico en México.
La sobrerreacción de Sheinbaum y su círculo ante el caso de Ovidio Guzmán parece desproporcionada en relación con el impacto práctico del proceso judicial en Estados Unidos, pero responde a una lógica política y diplomática. La 4T está navegando un terreno delicado, donde las acusaciones de corrupción y las posibles revelaciones de Guzmán podrían dañar su credibilidad, especialmente si se implican figuras cercanas al expresidente López Obrador.
La estrategia de Sheinbaum de mantener el asunto en el ámbito de la FGR y cuestionar la política estadounidense busca reforzar la percepción de un gobierno soberano y libre de complicidades, pero también refleja una preocupación por las implicaciones políticas internas y externas. Si bien la atención al caso puede ser excesiva, es comprensible dado el contexto de alta sensibilidad que rodea al narcotráfico y las relaciones México-Estados Unidos. Lo que queda por verse es si esta postura defensiva logrará contener las especulaciones o si, por el contrario, las amplificará al mantener el tema en el centro de la discusión pública.
