LA SOMBRA DE LA OMISIÓN EN EL CASO ADÁN AUGUSTO LÓPEZ Y HERNÁN BERMÚDEZ REQUENA
REPORTAJE ELABORADO POR REDACCIÓN DE LA CRÓNICA DE MORELOS
Sábado 19 de julio de 2025
En el corazón de Tabasco, un escándalo sacude los cimientos de la política mexicana. El exgobernador y actual senador de Morena, Adán Augusto López Hernández, enfrenta graves cuestionamientos por su presunta responsabilidad en el nombramiento y permanencia de Hernán Bermúdez Requena como titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de dicha entidad entre 2019 y 2024.
Bermúdez, hoy prófugo de la justicia y señalado como líder del grupo criminal “La Barredora”, vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), ha desatado una tormenta de acusaciones que apuntan a una posible omisión penal por parte de López. ¿Sabía el exgobernador de los nexos delictivos de su hombre de confianza? ¿Fue negligencia o complicidad? Este reportaje explora el problema, las evidencias, las estrategias narrativas de las partes involucradas y las implicaciones de un caso que amenaza con convertirse en un nuevo símbolo de la relación entre política y crimen organizado en México.
¿Omisión penal en el nombramiento de Bermúdez?
El delito de omisión en el derecho penal mexicano, regulado en el Código Penal Federal (artículos 7, 10 y 11), castiga la inacción de una persona que, teniendo un deber jurídico de actuar, permite un resultado delictivo que pudo haber evitado. En el caso de Adán Augusto López, la acusación central es que, siendo gobernador de Tabasco (2019-2021), nombró a Hernán Bermúdez como titular de la SSPC en diciembre de 2019, a pesar de supuestos indicios de su vinculación con actividades delictivas. Bermúdez, conocido como “Comandante H”, ha sido acusado de liderar “La Barredora”, un grupo criminal responsable de extorsión, huachicoleo, narcotráfico y el aumento de la violencia en Tabasco, incluyendo una masacre en el DBar de Villahermosa que dejó seis muertos.
La figura de comisión por omisión (omisión impropia) es clave en este caso. Según el artículo 11 del Código Penal Federal, un resultado delictivo causado por no actuar, teniendo la obligación de hacerlo, equivale a una acción activa. Como gobernador, López tenía un deber jurídico de garantizar la seguridad pública y nombrar funcionarios idóneos. Si sabía o debió saber de los antecedentes de Bermúdez y no actuó, podría ser responsable penalmente por delitos como abuso de autoridad (artículo 215), omisión de denuncia (artículo 177 del Código Nacional de Procedimientos Penales) o incluso delincuencia organizada, dependiendo de la gravedad de los hechos.
El problema se agrava con los reportes de inteligencia militar filtrados por el colectivo Guacamaya en octubre de 2022, que desde febrero de 2021 señalaban a Bermúdez como líder de “La Barredora”. Estos documentos, elaborados por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), también vinculaban a Bermúdez con el trasiego de combustible en Dos Bocas y operaciones delictivas desde 2020. Aunque no hay evidencia pública de que López recibiera directamente estos reportes, su minimización de las filtraciones como “fantasías” en 2022 generó sospechas de negligencia o encubrimiento.
Bermúdez, un hombre de confianza con un pasado dudoso
Hernán Bermúdez Requena no era un desconocido en Tabasco. Su trayectoria en el sector público comenzó en la década de 1990, ocupando cargos en seguridad durante el gobierno interino de Manuel Gurría Ordóñez (1992-1994), cuando coincidió con Adán Augusto López, entonces subsecretario de Gobierno. Bermúdez también fue director del Centro de Readaptación Social (Creset) entre 1995 y 1997, y trabajó en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal antes de regresar a Tabasco como director de la Policía de Investigación en la Fiscalía General del Estado (FGE). En 2019, López lo designó como titular de la SSPC, un cargo que mantuvo hasta enero de 2024, incluso bajo el gobierno interino de Carlos Manuel Merino Campos.
Antes de su carrera pública, Bermúdez era empresario dedicado a la venta de artículos deportivos, lo que contrasta con su posterior rol en seguridad. Sin embargo, su ascenso no estuvo exento de críticas. En diciembre de 2019, el Comité Estatal de Derechos Humanos de Tabasco (Codehutab) advirtió que su nombramiento era un paso hacia “Guatepeor”, señalando su falta de resultados como director de la Policía de Investigación. Además, en 2006, Bermúdez ya había sido señalado por presuntos vínculos con el crimen organizado, según publicaciones en redes sociales, aunque no se presentaron pruebas concretas en ese momento.
Durante su gestión, Bermúdez negó públicamente la presencia de cárteles en Tabasco, a pesar de los reportes de inteligencia que lo vinculaban con “La Barredora”. Su salida en enero de 2024 coincidió con un repunte de violencia en Villahermosa, incluyendo balaceras e incendios. El 14 de febrero de 2025, la Fiscalía General del Estado de Tabasco emitió una orden de aprehensión en su contra, y Bermúdez huyó del país desde Mérida hacia Panamá, con escalas en España y Brasil, donde actualmente es buscado por Interpol.
López se deslinda y Morena lo respalda
Adán Augusto López ha adoptado una estrategia de deslinde público frente a las acusaciones. Tras permanecer en silencio durante días, reapareció este 18 de julio de 2025 en redes sociales, afirmando que durante su gobierno (2019-2021) enfrentó “grandes retos” en seguridad y logró reducir delitos como homicidio doloso, secuestro y extorsión en un rango de 41% a 89%, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). López aseguró estar “a la orden de cualquier autoridad” para aclarar los hechos, aunque precisó que no ha sido requerido formalmente.
La presidencia de Claudia Sheinbaum ha jugado un papel clave en la narrativa oficial. En su conferencia matutina del 18 de julio de 2025, Sheinbaum descartó que López esté bajo investigación por el caso Bermúdez y destacó que los índices de violencia disminuyeron durante su gestión como gobernador. Sin embargo, instó al senador a dar su versión pública para que “la gente pueda valorar” su desempeño, enfatizando que su gobierno “no protegerá a nadie”. Esta postura busca equilibrar la defensa de López, un aliado clave de Morena, con la necesidad de proyectar transparencia.
Morena, por su parte, ha cerrado filas en torno a López. Senadores como Ignacio Mier han argumentado que “lo más probable” es que López desconociera los nexos de Bermúdez, rechazando comparaciones con el caso de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública condenado por vínculos con el narcotráfico. La presidenta nacional de Morena, Luisa Alcalde, afirmó que López “no tiene por qué aclarar nada”, calificando las acusaciones como un intento de “debilitar el proyecto transformador” de la 4T. Esta narrativa presenta el caso como un ataque político orquestado por la oposición, minimizando la responsabilidad de López.
La narrativa de la oposición: un nuevo García Luna
La oposición, encabezada por figuras como la priista Carolina Viggiano, ha aprovechado el caso para atacar a López y al gobierno de la 4T. Viggiano comparó el caso con el de García Luna, sugiriendo que López pudo haber sido “omiso” al nombrar a Bermúdez, y señaló que el actual secretario de Gobernación de Tabasco, José Antonio López Obrador (hermano del expresidente Andrés Manuel López Obrador), fue quien sugirió a Bermúdez para el cargo. En redes sociales, usuarios y analistas como Ricardo Ravelo han ido más lejos, afirmando que “no es posible” que López desconociera los nexos de Bermúdez, dado su rol como gobernador y la información disponible desde 2021.
El Comité de Derechos Humanos de Tabasco (Codehutab), liderado por Efraín Rodríguez, ha sido especialmente crítico, calificando de “impensable” que López y el exgobernador interino Carlos Manuel Merino desconocieran las actividades de Bermúdez. El actual gobernador, Javier May, ha reforzado esta narrativa al señalar que era un “secreto a voces” que Bermúdez trabajaba para el crimen organizado, acusándolo de permitir que el CJNG “echara raíces” en Tabasco. Estas declaraciones buscan posicionar a May como un líder comprometido con la justicia, en contraste con las administraciones anteriores.
En redes sociales, ciertas publicaciones aseguran que Adán Augusto López fue advertido por una consultoría de seguridad sobre los nexos de Bermúdez antes de su nombramiento, aunque no se han presentado pruebas públicas que lo corroboren. Estas afirmaciones alimentan la percepción de que López actuó con dolo o negligencia, reforzando la narrativa opositora de un “García Luna tabasqueño”.
Estrategias y maniobras narrativas
El caso Bermúdez revela un complejo juego de estrategias narrativas destinadas a moldear la opinión pública y proteger o dañar reputaciones políticas:
Deslinde y énfasis en logros (López y Morena):
López ha optado por destacar los logros de su gobierno en seguridad, presentando datos que muestran una reducción de delitos. Esta estrategia busca desviar la atención de las acusaciones y reforzar su imagen como un gobernante efectivo.
Morena, con el respaldo de Sheinbaum y Alcalde, minimiza el caso como un ataque político, evitando que el escándalo afecte la unidad del partido o la imagen de la 4T.
Transparencia controlada (Sheinbaum):
La presidenta ha adoptado un enfoque dual: defender a López al descartar investigaciones en su contra, pero instándolo a hablar públicamente para evitar sospechas de encubrimiento. Esto proyecta una imagen de imparcialidad sin comprometer a un aliado clave.
Ataque político (Oposición):
La oposición utiliza el caso para vincular a López y a Morena con el crimen organizado, comparando a Bermúdez con García Luna y señalando omisiones del sexenio de López Obrador. Esta narrativa busca debilitar la credibilidad de la 4T de cara a futuras elecciones.
Posicionamiento local (Javier May y Codehutab):
El gobernador May y el Codehutab han capitalizado el caso para destacar su compromiso con la lucha contra el crimen, contrastando su gestión con la de López y Merino. Esto refuerza su imagen en Tabasco, pero también genera tensiones internas en Morena.
Silencio inicial y reacción tardía (López):
La ausencia inicial de López en el debate público, incluyendo su falta de asistencia a la Comisión Permanente del Senado, fue interpretada como una estrategia para evitar el escrutinio. Su reaparición en redes sociales responde a la presión de Sheinbaum y la opinión pública, pero su mensaje evita detalles específicos sobre Bermúdez.
Implicaciones legales: ¿Un delito de omisión?
Para que Adán Augusto López sea penalmente responsable por un delito de omisión, deben probarse tres elementos clave:
- Deber jurídico: Como gobernador, López tenía la obligación de garantizar la seguridad pública y nombrar funcionarios idóneos (Constitución, artículo 21). Su autoridad para designar y destituir a Bermúdez lo coloca en una posición de garante.
- Causalidad: La permanencia de Bermúdez en el cargo facilitó el fortalecimiento de “La Barredora”, con resultados como el aumento de la violencia y el huachicoleo en Tabasco. Sin embargo, López argumenta que los índices delictivos disminuyeron durante su gestión, lo que podría debilitar la causalidad directa.
- Dolo o culpa: La imputación requiere demostrar que López sabía o debió saber de los nexos de Bermúdez. Los reportes de la Sedena de 2021 y las advertencias del Codehutab en 2019 son indicios, pero no hay evidencia pública de que López tuviera conocimiento directo al momento del nombramiento.
Posibles delitos incluyen:
- Abuso de autoridad (artículo 215 del Código Penal Federal): Por nombrar a un funcionario no idóneo, sabiendo de su inadecuación.
- Omisión de denuncia (artículo 177 del CNPP): Si López recibió información sobre Bermúdez y no la reportó.
- Delincuencia organizada: En un escenario extremo, si se probara complicidad activa, aunque esto parece improbable sin pruebas sólidas.
Actualmente, López no está bajo investigación, según Sheinbaum, y la Fiscalía General del Estado de Tabasco se enfoca en Bermúdez y otros líderes de “La Barredora”. Sin embargo, la captura de Bermúdez podría revelar información que comprometa a López, especialmente si se confirman las acusaciones de que fue advertido sobre sus nexos.
Un caso en evolución
El caso de Hernán Bermúdez Requena coloca a Adán Augusto López en el centro de un huracán político y legal. Aunque no hay evidencia concluyente de que actuó con dolo al nombrar a Bermúdez, los reportes de inteligencia de 2021 y las críticas del Codehutab sugieren, al menos, una posible negligencia que permitió el fortalecimiento del crimen organizado en Tabasco.
La narrativa oficial de Morena busca proteger a López como un pilar de la 4T, mientras la oposición y actores locales como Javier May aprovechan el escándalo para cuestionar su legado. El futuro del caso dependerá de las investigaciones de la Fiscalía y la posible captura de Bermúdez, que podría esclarecer hasta qué punto López fue cómplice, negligente o simplemente víctima de un sistema donde el crimen organizado se infiltra en las estructuras de poder.
Por ahora, el senador enfrenta un desafío histórico: convencer a la opinión pública de que su gestión no abrió la puerta al narco en Tabasco, mientras el espectro de la omisión sigue proyectando una larga sombra sobre su carrera política.
