LA CRÓNICA DE MORELOS. Lunes 28 de julio de 2025.
EDITORIAL
Los funcionarios municipales de Cuernavaca, con su optimismo digno de un vendedor de sueños, insisten en que la deuda de 350 millones de pesos del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC) será un mal recuerdo en el futuro cercano. Hablan de convenios “históricos” con la CFE y el Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos (ICTSGEM), como si firmar acuerdos fuera sinónimo de saldar cuentas.
La realidad es menos poética: la deuda, que incluye 139 millones a la CFE, 91 millones al IMSS, 33 millones al ICTSGEM y laudos por casi 8 millones, es un monstruo alimentado por años de negligencia, corrupción y promesas vacías. Mientras los responsables de las administraciones pasadas pasean impunes, los actuales pintan un arcoíris financiero que parece más un espejismo que una solución tangible.
El plan estrella, aprobado en marzo de 2025, presume reducir la deuda con la CFE a la mitad mediante un convenio “peso a peso”, pagando 3 millones mensuales hasta 2027 y 2.4 millones en 2028. Con el ICTSGEM, la deuda se redujo de 110 a 50 millones tras condonar intereses, con un pago inicial de 2.5 millones y cuotas de 400 mil pesos al mes. Suena esperanzador, pero los números no mienten: a este ritmo, liquidar los 350 millones tomará años, si no décadas, considerando los gastos operativos y la infraestructura colapsada del SAPAC.
La euforia de los funcionarios choca con la cruda verdad: el organismo gasta 10 millones al mes solo en electricidad y no genera ingresos suficientes para sostenerse. El optimismo es tan frágil como las tuberías de Cuernavaca, que pierden agua mientras los ciudadanos pagan por un servicio intermitente.
Y luego están las 69 denuncias por presuntos desvíos, de las cuales solo dos están judicializadas. ¡Dos! Es como intentar apagar un incendio forestal con un vaso de agua. Las acusaciones de corrupción, que incluyen pagos millonarios a empresas fantasma durante las gestiones de Cuauhtémoc Blanco y Antonio Villalobos, siguen en el limbo, mientras el Consejo Ciudadano de Morelos clama por justicia desde 2020 sin respuesta. Los funcionarios actuales, en lugar de exigir cuentas claras, prefieren alardear de convenios que comprometen las finanzas municipales más allá de su mandato. Es un juego de pasar la papa caliente, donde el bienestar de los trabajadores y los ciudadanos queda en segundo plano, ahogado por una deuda que parece inmortal.
El colmo es la narrativa de “gestión responsable” que repiten como mantra. José Luis Urióstegui, alcalde de Cuernavaca, celebra cada convenio como un triunfo olímpico, pero no explica cómo el SAPAC, con una infraestructura obsoleta y un déficit anual de 65 millones, logrará salir del hoyo. Los cortes de luz por falta de pago, las protestas vecinales y las fugas interminables son el pan de cada día, mientras los funcionarios se felicitan por “avances históricos”. Este optimismo no es más que una cortina de humo para disfrazar un sistema al borde del colapso.
Si realmente quieren salvar al SAPAC, necesitan menos discursos y más acciones concretas: sancionar a los responsables, modernizar la red hídrica y transparentar cada peso. Hasta entonces, la deuda seguirá siendo el elefante en la habitación, y los cuernavacenses, los eternos paganos de una crisis que no crearon.
