EL MAYO Y EL SILENCIO DE LOS NOMBRES: ¿ALHARACA GRINGA O VERDAD A MEDIAS?
LA CRÓNICA DE MORELOS
Martes 26 de 2025
Este 25 de agosto de 2025 quedará registrado en la historia criminal de México, cuando Ismael “El Mayo” Zambada, el mítico capo del Cártel de Sinaloa, se paró frente a una corte federal en Brooklyn y soltó una bomba que, en realidad, no sorprendió a nadie: durante casi medio siglo, desde los años 80 hasta su captura en 2024, sobornó a policías, comandantes militares, funcionarios y políticos mexicanos para operar con impunidad. Su confesión, aunque contundente, llegó sin nombres, sin rostros, sin pruebas. Y en México, los personajes públicos señalados por rumores parecen dormir tranquilos. ¿Es esto pura “alharaca al estilo gringo”, como diría el imaginario nacional, o hay algo más detrás del silencio de Zambada?
La declaración de “El Mayo” no es un rumor de redes sociales ni un chisme de sobremesa. En la audiencia, admitió liderar una “empresa criminal” que pagó millones de dólares en sobornos para garantizar el flujo de cocaína, heroína y fentanilo hacia Estados Unidos. Su hijo, Vicente Zambada Niebla, ya había revelado en 2019, durante el juicio de Joaquín “El Chapo” Guzmán, que el cártel destinaba hasta un millón de dólares mensuales a funcionarios de alto nivel. Pero en 2025, “El Mayo” fue más allá: habló de una red de corrupción tejida desde los albores del cártel, en los tiempos de López Portillo (1976-1982), hasta el sexenio de López Obrador (2018-2024). Sin embargo, no dio un solo apellido. Ni un empresario, ni un gobernador, ni un general. ¿Por qué?
La respuesta más lógica es estrategia. A sus 77 años, con algunos problemas de salud y enfrentando cadena perpetua, Zambada parece haber optado por un acuerdo de culpabilidad que le evita un juicio largo y la pena de muerte. Su abogado, Frank Pérez, fue claro: no hay cooperación adicional con la fiscalía estadounidense. En otras palabras, “El Mayo” no está cantando ni planea hacerlo. Su confesión es un reconocimiento de lo que todos sabíamos —la corrupción es el oxígeno del narco—, pero sin delatar a los cómplices vivos que podrían desatar un terremoto político en México.
Entonces, ¿por qué la tranquilidad en los pasillos del poder mexicano? Porque sin nombres ni pruebas, no hay caso. La presidenta Claudia Sheinbaum, en su mañanera de este 26 de agosto, exigió “denuncias específicas” y evidencias concretas, reflejando la postura de su predecesor: sin datos duros, las acusaciones de Zambada son ruido mediático, no justicia. En redes como X, los rumores corren como pólvora —el nombre del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, o el fallecido Héctor Cuén han aparecido en especulaciones—, pero son eso: rumores. Sin una lista concreta, los señalados pueden seguir desfilando en la vida pública con la frente en alto.
Esto no significa que la confesión sea irrelevante. Zambada confirmó lo que décadas de investigaciones periodísticas han documentado: el Cártel de Sinaloa operó con protección sistémica. Desde los 80, con el auge del trasiego de cocaína colombiana, hasta los 2000, con el control de rutas bajo Fox y Calderón, y luego en el sexenio de Peña Nieto, acusado de complicidad en el juicio de “El Chapo”. Incluso en el gobierno de la 4T, reportes de El Universal destaparon redes de lavado de dinero que operaban con impunidad. El problema no es de un partido o un sexenio; es estructural.
Pero aquí entra el factor “gringo”. Estados Unidos, bajo la administración Trump, ha usado la captura de Zambada como un trofeo en su cruzada contra los cárteles, ahora etiquetados como “organizaciones terroristas”. La fiscal general Pam Bondi celebró la culpabilidad como una “victoria histórica”, pero sin nombres específicos, el impacto en México es limitado. Es fácil ver por qué algunos lo llaman “alharaca”: Washington agita la bandera de la justicia, pero no entrega pruebas que obliguen a México a actuar. ¿Es una táctica para presionar al gobierno de Sheinbaum en temas de seguridad bilateral? La historia reciente, desde la captura de Genaro García Luna hasta la de “El Chapo”, sugiere que sí.
Y mientras tanto, Sinaloa arde. La captura de Zambada desató una guerra interna entre facciones del cártel, con Los Chapitos y otros grupos peleando plazas. La violencia distrae de las preguntas incómodas: ¿quiénes son los empresarios que lavaron dinero? ¿Qué gobernadores permitieron el control de puertos? ¿Qué militares cerraron los ojos? Sin una reforma judicial profunda y un compromiso real contra la impunidad, la confesión de “El Mayo” seguirá siendo una verdad a medias: todos sabemos que el narco corrompió al poder, pero nadie paga las consecuencias.
Si Zambada decide hablar más —quizá bajo presión de la fiscalía estadounidense—, México podría enfrentar un ajuste de cuentas histórico. Pero por ahora, el silencio de los nombres protege a los intocables. Y en ese silencio, el narco sigue siendo el gran ganador.
