EL DEBATE PRESUPUESTAL EN MORELOS: RETOS Y OPORTUNIDADES PARA EL PAQUETE ECONÓMICO 2026
CINTARAZOS
Por Guillermo Cinta Flores
Miércoles 3 de septiembre de 2025
El Congreso del Estado de Morelos se prepara para uno de sus debates más cruciales del año: la revisión y aprobación del Paquete Económico 2026, que incluye el Proyecto de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado y la Ley de Ingresos correspondiente. Este instrumento financiero, conocido como el “paquete económico”, define las prioridades presupuestales para el ejercicio fiscal que inicia en enero de 2026, en un contexto de crecimiento moderado de la economía estatal, dependiente en un 93 por ciento de participaciones federales, según datos históricos de la Secretaría de Hacienda de Morelos.
La gobernadora Margarita González Saravia, quien asumió el cargo en octubre de 2024 como la primera mujer en la historia de la entidad, enviará la propuesta a mediados de noviembre de 2025, conforme al artículo 32 de la Constitución Política del Estado. Basado en antecedentes como la aprobación unánime del Paquete 2025 por 38 mil 196 millones de pesos —un incremento del 6.7 por ciento respecto a 2024—, se espera un monto similar o ligeramente superior para 2026, priorizando áreas como salud, educación y seguridad, con un enfoque en la austeridad y justicia social impulsado por la visión transformadora de Morena.
La LVI Legislatura del Congreso, integrada por 20 diputados —12 electos por mayoría relativa y 8 por representación proporcional—, presenta un panorama político fragmentado pero con potencial para consensos. Morena y sus aliados controlan alrededor del 60 por ciento de los escaños, reflejando el triunfo electoral de la coalición “Sigamos Haciendo Historia” en junio de 2024, que llevó a González Saravia al poder con el 47.87 por ciento de los votos. Sin embargo, la oposición, liderada por el PAN (con figuras como Andrea Gordillo Vega, presidenta de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública) y el PRI-PRD, ha demostrado influencia en debates previos, como en 2025 cuando redujeron el impuesto sobre nómina del 3 al 2.5 por ciento y eliminaron cobros cedulares para evitar impactos en el empleo formal. Este equilibrio sugiere que el debate de 2026 podría centrarse en la modernización de la recaudación propia —actualmente solo el 7 por ciento del total— y en mitigar la dependencia federal, agravada por recortes nacionales en fondos como el FONE y el IMSS Bienestar, que impactaron el Paquete 2025 en unos 2 mil millones de pesos.
En un escenario probable, la gobernadora González Saravia enfrentará un Congreso receptivo pero exigente, similar al de 2025, donde el diálogo entre poderes resultó en modificaciones mínimas pero significativas, como la creación de un Fondo de Aportaciones Estatales para el Fomento Municipal con 552 millones de pesos para apoyar infraestructura y pago de laudos en ayuntamientos. Dado el alineamiento ideológico con Morena y el énfasis de la mandataria en la construcción de paz —a través de mesas diarias de coordinación estatal—, los proyectos presupuestales podrían aprobarse con ajustes en rubros sensibles como seguridad (1,863 millones en 2025) y agropecuario (197 millones), priorizando la tecnificación del riego y programas contra la violencia. La ausencia de tensiones mayores, como las vistas en legislaturas previas bajo el exgobernador Cuauhtémoc Blanco (donde hubo controversias constitucionales por retrasos en notificaciones), favorece un proceso fluido. No obstante, factores externos como el Primer Informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum el 1 de septiembre de 2025 —que resaltó avances en Morelos en vivienda y conectividad— podrían influir en un incremento federal que eleve el paquete a unos 40 mil millones, fortaleciendo la agenda social de González Saravia.
Otro escenario posible involucra desafíos opositores, particularmente si el PAN y aliados insisten en reducir incrementos impositivos, como ocurrió en 2024 cuando rechazaron elevar el impuesto sobre nómina del 2 al 4 por ciento para no afectar la reactivación económica post-pandemia. En 2026, con elecciones intermedias en el horizonte (2027), los diputados podrían condicionar la aprobación a mayores asignaciones para municipios —que recibieron 8,368 millones en 2025— o a la UAEM (1,336 millones), argumentando equidad regional. Si persisten desacuerdos, como en el Paquete 2023 donde el Ejecutivo recurrió a controversias constitucionales por observaciones no atendidas, podría haber retrasos en la publicación, prorrogando el presupuesto de 2025 y limitando inversiones en infraestructura clave, como el tramo Cuautla-Tlapa o el Puente de Jojutla. Sin embargo, la experiencia de González Saravia en diálogo —evidenciada en su gabinete paritario y en la firma de convenios con el INAFED para predial— sugiere que optará por mesas de trabajo conjuntas, evitando confrontaciones y alineándose con la Estrategia Nacional de Seguridad.
En conclusión, el debate del Paquete Económico 2026 en el Congreso de Morelos se vislumbra como un ejercicio de gobernabilidad colaborativa, donde los proyectos de la gobernadora serán respetados en su esencia, posiblemente con modificaciones mínimas en impuestos y redistribución de fondos para equilibrar intereses locales. Este enfoque no solo refleja la madurez institucional post-elecciones de 2024, sino que podría consolidar el legado de González Saravia en un estado rezagado por 15 años en bases tributarias. Si se logra un consenso similar al de 2025, Morelos avanzará hacia una mayor autonomía financiera, beneficiando a sus 2 millones de habitantes con énfasis en paz social y desarrollo sostenible, aunque siempre condicionado a la estabilidad macroeconómica nacional. El éxito dependerá de la capacidad de diálogo entre poderes, un pilar que ha definido la transición de la actual administración.
