ESTACIONAMIENTOS PAGADOS: EL FRAUDE SILENCIOSO A LA LEY Y AL BOLSILLO MORELENSE
CINTARAZOS
Por Guillermo Cinta Flores
Viernes 12 de septiembre de 2025
En el Estado de Morelos, la Ley de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano Sustentable y Vivienda, específicamente en su artículo 184 Bis, fracción tercera, establece de manera clara y obligatoria la gratuidad de al menos dos horas en los estacionamientos de fraccionamientos, condominios comerciales y de servicios para clientes o consumidores, independientemente del monto de su compra. Esta disposición, aprobada por el Congreso local en junio de 2019 y publicada en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” el 27 de agosto de ese año, busca proteger el bolsillo de los morelenses y fomentar el consumo sin cobros adicionales injustificados. Sin embargo, en la práctica, esta norma se ha convertido en un mero adorno legislativo, ya que plazas comerciales, supermercados y tiendas departamentales continúan exigiendo tarifas por el simple hecho de estacionar un vehículo, violando flagrantemente la ley que ellos mismos deberían acatar.
La evidencia de este incumplimiento es abrumadora, particularmente en Cuernavaca, donde alrededor del 60 por ciento de las plazas comerciales como Averanda, Forum y Bugambilias persisten en sus prácticas predatorias, incluso después de que muchas se ampararan judicialmente para evadir la gratuidad. Recientemente entré al parqueadero de Walmart Domingo Díez, en Cuernavaca, y me encontré con la novedad de que ya cobran por permitir el acomodo de los vehículos. A pesar de exhortos reiterados del Congreso estatal a los 36 ayuntamientos para que homologuen sus reglamentos y apliquen sanciones —incluidas multas y clausuras conforme al Bando de Policía y Buen Gobierno—, la respuesta ha sido un silencio ensordecedor. Esta omisión no solo representa un quebranto directo a la normativa, sino que agrava la carga económica de los ciudadanos, quienes, además de pagar por sus compras, deben anticipar costos extras por un servicio que la ley declara gratuito. ¿Cómo se justifica que, en un estado con recursos limitados, se permita que el sector comercial se enriquezca a expensas de la gente común?
En Cuernavaca, la indiferencia del gobierno municipal encabezado por José Luis Urióstegui Salgado es palmaria y escandalosa. Bajo su administración, no se han implementado inspecciones efectivas ni campañas de verificación, a pesar de que el Reglamento de Estacionamientos Públicos del municipio, reformado en 2019, obliga al menos a una hora gratuita. En lugar de velar por el cumplimiento, el ayuntamiento hace la vista gorda ante estas irregularidades, priorizando, al parecer, los intereses de grandes cadenas comerciales sobre los derechos de los contribuyentes. Esta pasividad no solo perpetúa el caos vial y económico en la capital morelense, sino que erosiona la confianza en las instituciones locales, convirtiendo a Urióstegui en un cómplice involuntario —o peor, voluntario— de un sistema que castiga al consumidor vulnerable.
Lo que agrava esta farsa es el costo de los procesos legislativos en el Congreso del Estado de Morelos. Cada ley, como esta de gratuidad en estacionamientos, requiere sesiones interminables, comisiones especializadas y votaciones que drenan recursos públicos: salarios de diputados, asesores, viáticos y gastos operativos que superan fácilmente los cientos de miles de pesos por iniciativa. Los contribuyentes, a través de impuestos estatales y federales, financian este aparato con la expectativa de que las leyes se traduzcan en beneficios tangibles. Sin embargo, cuando normas como la del artículo 184 Bis quedan en letra muerta por falta de ejecución, se configura una defraudación abierta: el dinero del pueblo se invierte en humo legislativo. Ojalá y los actuales legisladores intervengan y exijan a los gobiernos municipales el cumplimiento del marco legal vigente en torno a los nunca bien ponderados estacionamientos.
Es imperativo que la ciudadanía morelense exija accountability real. No basta con aprobar leyes en los recintos parlamentarios; urge una fiscalización implacable por parte de la Profeco y los ayuntamientos, con sanciones ejemplares a los infractores. Alcaldes como Urióstegui Salgado deben rendir cuentas por su negligencia, y el Congreso, por su parte, podría reconsiderar mecanismos de revocación o auditorías para evitar que el erario se malgaste en decretos fantasmas. Solo así, la gratuidad en estacionamientos dejará de ser una utopía y se convertirá en un derecho efectivo, aliviando el peso diario de quienes sostienen con su esfuerzo el frágil equilibrio económico de Morelos. De lo contrario, seguiremos siendo rehenes de gobiernos municipales negligentes y/o confabulados con los defraudadores del pueblo.
