La ex tesorera municipal de Temoac regresará a prisión bajo acusaciones de liderar la banda de “Los Aparicio” o “Huazulcos”
En un operativo conjunto realizado este lunes 22 de septiembre de 2025 en el municipio de Temoac, Morelos, autoridades estatales y federales detuvieron a once personas presuntamente vinculadas al grupo delictivo conocido como Los Aparicio o Huazulcos, entre ellas Andrea Angelina “N”, alias “La Patrona”, quien fungió como tesorera municipal de esa demarcación.
La acción, coordinada por la Fiscalía General del Estado de Morelos (FGE), se llevó a cabo en varias colonias de la zona oriente, donde se aseguraron armas de fuego, narcóticos y vehículos, con el objetivo de desmantelar esta célula criminal que ha sembrado terror en la región mediante extorsiones y homicidios.
Andrea Angelina “N”, de 49 años, representa el rostro más visible de la infiltración del crimen organizado en las estructuras gubernamentales locales. Durante el cateo, tres de los detenidos, incluyendo a la exfuncionaria, fueron aprehendidos por órdenes judiciales pendientes, mientras que los restantes ocho cayeron en flagrancia por posesión de armas y drogas. Este golpe se suma a esfuerzos previos contra el grupo, que ha sido señalado por disputas territoriales con otras organizaciones como Los Rojos, exacerbando la violencia en municipios como Jantetelco y Jonacatepec.
La detención de “La Patrona” marca su segunda captura en menos de un año. El 12 de noviembre de 2024, fue arrestada junto con tres jóvenes en un primer operativo similar, imputada inicialmente por delitos contra la salud, portación ilegal de armas de fuego y posible participación en secuestro y extorsión.
Tras cuatro meses en prisión preventiva, un juez la liberó el 26 de marzo de 2025 al no encontrarse pruebas suficientes para los cargos más graves, imponiéndole medidas cautelares como firma periódica y prohibición de salida del país.
Los Aparicio, también conocidos como Huazulcos, operan principalmente en la región oriente de Morelos, controlando actividades ilícitas como el narcomenudeo y la cobraba de “derecho de piso” a comerciantes y transportistas. La célula ha sido responsable de múltiples homicidios y secuestros, generando un clima de inseguridad que ha obligado a la intervención federal en la zona. Autoridades destacan que la liberación prematura de algunos miembros en meses anteriores permitió una recomposición del grupo, lo que motivó este megaoperativo.
La FGE ha calificado la acción como un “desmantelamiento efectivo” de la célula, con los detenidos enfrentando ahora cargos por asociación delictuosa, extorsión y delitos contra la salud. Las investigaciones continúan para esclarecer la red de complicidades, con posibles repercusiones en el ámbito político local.
