LA DESESPERACIÓN DE UNA MADRE: EL GRITO SOLENCIADO EN MINATITLÁN, VERACRUZ
LA CRÓNICA DE MORELOS
Miércoles 1 de octubre de 2025
E D I T O R I A L
En un acto que debería haber sido de celebración y apoyo comunitario, la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, se vio interrumpida por el llanto desgarrador de Macaria Cruz López, una madre que, en un gesto de absoluta desesperación, se arrojó al suelo del estrado para implorar justicia por su hija violada. El incidente ocurrió este 30 de septiembre de 2025, durante la entrega de apoyos del programa Impulso a las Actividades Acuícolas y Pesqueras en Minatitlán, donde la mujer, con una cartulina en mano que clamaba “Ayuda gobernadora ESTI 88”, detuvo el evento y expuso al mundo la indiferencia institucional que la ha acompañado por casi dos años.
Este no es un caso aislado de histeria; es el eco de una violencia sistemática que las autoridades prefieren ignorar, donde una madre debe humillarse físicamente para ser vista, recordándonos que la empatía oficial es un lujo reservado para los poderosos.
El abuso sexual contra la hija de Macaria, una menor que en diciembre de 2022 fue violada por un compañero en un salón de clases de la Escuela Secundaria Técnica Industrial (ESTI) No. 88, no solo destruyó una infancia, sino que reveló la complicidad de quienes debían protegerla. El agresor, un menor de edad, fue vinculado a proceso y sentenciado por un juez, pero la verdadera impunidad radica en los tres docentes acusados de encubrimiento y omisión: no activaron protocolos, no reportaron el hecho a las autoridades y, peor aún, permitieron que el victimario continuara en el plantel mientras minimizaban el trauma de la niña.
En 2024, Macaria presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado por maltrato infantil y encubrimiento, pero el caso languidece: audiencias pospuestas tres veces, la última el 3 de septiembre por falta de jueces, y una nueva fecha para el 25 de septiembre que obliga a la menor a revivir su calvario en declaraciones repetidas. Esta negligencia no es accidental; es el rostro de un sistema educativo y judicial que prioriza el silencio sobre la verdad.
La respuesta de Rocío Nahle a este clamor no fue de contención ni de compromiso, sino de un desdén que rayó en la agresividad, al afirmar públicamente que “los docentes no tienen nada que ver” con el caso, desestimando de un plumazo las acusaciones de omisión y dejando a Macaria tirada en el piso, rodeada de funcionarios impasibles.
Esta reacción, capturada en video y viralizada en redes, no solo minimiza el dolor de una familia, sino que perpetúa la cultura de la revictimización que tanto se critica en México. Nahle, conocida por su temperamento impulsivo, optó por defender la inercia institucional en lugar de ordenar una investigación inmediata, revelando una desconexión profunda con las víctimas de violencia de género en su estado.
En un Veracruz azotado por altos índices de feminicidios y desapariciones —donde las madres buscadoras son ignoradas sistemáticamente—, este episodio ilustra cómo la gobernadora acumula deudas morales que no parece dispuesta a saldar.
Lo que le ocurrió a Macaria Cruz se repite en innumerables hogares veracruzanos, donde la incompetencia de autoridades locales, exacerbada por la parálisis federal, convierte la búsqueda de justicia en una odisea imposible. Bajo el gobierno de Morena, Veracruz ha visto un repunte en la violencia: ejecuciones, desapariciones y abusos sexuales que no ceden ante promesas vacías de “atender las causas”. La gobernadora Nahle, respaldada por la presidenta Claudia Sheinbaum, habla de coordinación con la Fiscalía y el Poder Judicial, pero en la práctica, las carpetas de investigación se acumulan en el limbo, y las víctimas son reducidas a interrupciones molestas en eventos protocolarios.
Tener líderes mujeres al frente no garantiza sororidad; al contrario, cuando defienden a “sus sicarios” —como insinúa la crítica popular— en detrimento de las más vulnerables, solo profundizan la traición a la transformación que prometieron. Este caso no es un tropiezo; es un síntoma de un feminismo oficialista que se queda en retórica, ignorando que la verdadera equidad comienza por escuchar, no por regañar.
Frente a esta escena de humillación pública, urge una reflexión colectiva: ¿cuántas madres más deberán tirarse al suelo para que el país despierte? La sociedad civil, las organizaciones de derechos humanos y la prensa independiente deben amplificar voces como la de Macaria, exigiendo no solo justicia en este caso —con audiencias públicas y sanciones reales a los encubridores—, sino una reforma integral que desmantele la impunidad en Veracruz.
La ira de una madre no es un espectáculo; es un llamado de auxilio que, si se ignora, erosionará cualquier legado de progreso. Es hora de que el poder sirva a las invisibles, no de que las pisotee en su ascenso. Solo así, México podrá honrar a sus hijas, no con aplausos vacíos, sino con acciones concretas que restauren la fe en la justicia.
