IMPUNIDAD Y EL RENACER DE LA DENUNCIA CIUDADANA
CINTARAZOS
Por Guillermo Cinta Flores
Martes 7 de octubre de 2025
En un país donde la impunidad se convirtió en un velo espeso que ahoga la justicia, la apatía y la desconfianza se enquistan como heridas crónicas. La gente, testigo de delitos que quedan en el limbo de la indiferencia institucional, opta por el silencio como escudo. No denuncian porque se sienten indefensas ante un sistema que las deja expuestas, desprotegidas en las sombras de la burocracia corrupta, amenazadas por represalias que escalan hasta el asesinato. Es un ciclo vicioso: el miedo engendra omisión, y la omisión alimenta la impunidad. Sin embargo, en medio de esta tormenta, surgen grietas de luz que invitan a romper el silencio, recordándonos que la transformación no es un sueño utópico, sino una posibilidad tangible cuando la voluntad política se alinea con la dignidad humana.
Bajo la actual administración, un soplo de confianza ha comenzado a disipar esa niebla de desconfianza. La gobernadora Margarita González Saravia ha sido clara: “La gente encuentra mayores condiciones para la denuncia”. Sus palabras no son mera retórica; reflejan un cambio estructural que ha impulsado un incremento del 70 por ciento en las denuncias relacionadas con la seguridad. Este repunte no es casualidad, sino el fruto de políticas que priorizan la protección al denunciante, fortaleciendo mecanismos de respuesta inmediata y garantizando que la voz del ciudadano no se pierda en el vacío. Es un mensaje poderoso: cuando el Estado se posiciona como aliado y no como verdugo, la ciudadanía responde con coraje, transformando el miedo en acción colectiva.
La incidencia delictiva, por su parte, pinta un panorama mixto pero esperanzador. En algunos ilícitos, las cifras han descendido, evidenciando que la prevención y la vigilancia estratégica están dando frutos. En otros, se mantiene estable, lo que subraya la necesidad de redoblar esfuerzos sin caer en el desaliento. Lo crucial aquí es el énfasis en las “mayores condiciones para la denuncia”, como lo expuso la mandataria. No se trata solo de números en un informe, sino de vidas que, al sentirse respaldadas, deciden alzar la voz. Este fenómeno no solo desinfla la burbuja de la impunidad, sino que fortalece el tejido social, recordándonos que la seguridad no es un lujo, sino un derecho inalienable que debe permear todos los rincones del territorio.
Un avance concreto en esta dirección es la adopción de arcos detectores de identificación en materia de seguridad. González Saravia reveló que el 80 por ciento de los municipios ya ha aceptado instalar estos dispositivos, un paso que moderniza la vigilancia y disuade la comisión de delitos en espacios públicos. Esta iniciativa no solo representa una inversión en tecnología, sino en la percepción de control y protección que tanto ha faltado. Imagínese: entradas seguras en plazas, escuelas y mercados, donde la amenaza se desvanece ante la certeza de ser visto y protegido. Es un compromiso tangible que cierra la brecha entre la promesa gubernamental y la realidad cotidiana, invitando a más ciudadanos a integrarse en la red de vigilancia comunitaria.
Mirando hacia el futuro, la construcción del Presupuesto de Egresos para 2026 se erige como un pilar de responsabilidad fiscal. Con la austeridad como eje rector, la gobernadora convoca a un orden administrativo que elimine gastos burocráticos y superfluos, redirigiendo recursos hacia el gasto social. Este llamado a los órganos autónomos y servidores públicos no es un mero ajuste contable, sino una ética de servicio que prioriza a los más vulnerables. En un contexto donde la impunidad ha erosionado la fe en las instituciones, medidas como estas restauran la legitimidad del Estado, demostrando que el cambio es posible cuando la empatía guía la gobernanza. Así, paso a paso, se teje un nuevo pacto social donde denunciar no es un riesgo, sino un acto de empoderamiento colectivo.
