LA LEY DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL: UNA NORMA OLVIDADA EN LAS CALLES DE CUERNAVACA
LA CRÓNICA DE MORELOS
Jueves 9 de octubre de 2025
E D I T O R I A L
En el Estado de Morelos, la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado, promulgada el 13 de diciembre de 2011 y publicada al día siguiente en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, supuestamente representa un pilar fundamental para la protección de los derechos ciudadanos frente a los daños causados por la negligencia administrativa. Esta legislación establece que el Estado y sus entidades, incluyendo los municipios, deben indemnizar los perjuicios materiales y morales derivados de sus omisiones o acciones defectuosas.
En teoría, es un mecanismo de responsabilidad que obliga a las autoridades a responder por el deterioro de la infraestructura pública. Sin embargo, en la práctica, particularmente en Cuernavaca, esta ley es letra muerta, un documento polvoriento que nadie invoca ni las autoridades respetan. Mientras las vialidades se convierten en trampas mortales, el Ayuntamiento local parece ignorar su obligación legal, dejando a los morelenses a merced de un sistema vial caótico.
Cuernavaca, la capital de Morelos, padece uno de los peores problemas de baches y socavones del país, un flagelo que transforma cada trayecto en una ruleta rusa para conductores y peatones. Las lluvias torrenciales, combinadas con el descuido crónico en el mantenimiento de las calles, han convertido avenidas emblemáticas como la Avenida Morelos o el Boulevard Juárez en verdaderos campos minados. Vehículos destrozados, llantas reventadas, suspensiones colapsadas y, en casos extremos, accidentes graves son el pan de cada día.
Este no es un fenómeno aislado: reportes recientes confirman que los daños por baches generan miles de pesos en pérdidas para los ciudadanos, pero la respuesta municipal se limita a parches temporales y promesas vacías. La ironía es que, mientras el turismo promociona la “Ciudad de la Eterna Primavera”, sus habitantes lidian con un invierno perpetuo de irregularidades asfálticas que atentan contra su seguridad y economía.
La clave de la inacción radica en la escasa aplicación de la Ley de Responsabilidad Patrimonial ante el Tribunal de Justicia Administrativa de Morelos (TJAM). Según esta norma, cualquier ciudadano puede demandar indemnizaciones por daños a vehículos u otros perjuicios, presentando pruebas como facturas de reparaciones o peritajes. El procedimiento es claro: notificación al municipio, y si no hay respuesta satisfactoria en 15 días, recurso al TJAM para una resolución vinculante. No obstante, datos oficiales revelan que no hay reportes significativos de indemnizaciones por baches en Cuernavaca en los últimos años, lo que evidencia un desconocimiento generalizado o una apatía inducida por la burocracia.
El Ayuntamiento, en su dicha impune, se frota las manos: sin reclamos, no hay presión para invertir en reparaciones preventivas ni responsabilidad real.Esta omisión no solo perpetúa el ciclo de negligencia, sino que profundiza la desigualdad social. Los morelenses de bajos recursos, que dependen de vehículos viejos y no pueden costear reparaciones, sufren en silencio, mientras el erario municipal desvía fondos a otros rubros menos urgentes.
La ley, en su artículo 17, detalla incluso los criterios para calcular indemnizaciones —incluyendo daños emergentes y lucro cesante—, pero su no aplicación equivale a una exención fiscal para la corrupción o la ineficiencia administrativa. El resultado es predecible: un Ayuntamiento que prioriza el maquillaje electoral (Urióstegui está en campaña) sobre la responsabilidad pública, fomentando una cultura de impunidad que erosiona la confianza en las instituciones.
¿Cuántos vehículos más deben ser sacrificados en el altar de la indiferencia antes de que la ley cobre vida?
Es imperativo que los ciudadanos de Cuernavaca y Morelos exijan el cumplimiento de esta ley, inundando el TJAM con demandas colectivas y visibilizando el problema en redes y medios. Las autoridades locales deben ser compelidas a transparentar sus presupuestos de mantenimiento vial y a implementar planes de reparación integral, no paliativos.
Solo mediante la activación ciudadana se transformará esta norma dormida en un instrumento vivo de justicia. De lo contrario, seguiremos transitando por una ciudad que, en lugar de eterna primavera, ofrece un eterno bache de injusticia. La pelota está en la cancha de los morelenses: ¿seguiremos tolerando que el Ayuntamiento baile sobre nuestras llantas reventadas?
