Avance en la lucha contra la extorsión: aprueban ley impulsada por Sheinbaum, con impacto positivo en estados vulnerables como Morelos
La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados dio luz verde al dictamen del proyecto de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, remitido por la presidenta Claudia Sheinbaum. La votación registró 25 sufragios a favor y tres abstenciones por parte de legisladores del Partido Revolucionario Institucional (PRI), marcando un paso clave en la homologación de esfuerzos nacionales contra este flagelo que azota a diversas regiones del país.
Durante la sesión matutina, la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, ratificó que este martes 28 de octubre se expedirá la declaratoria de publicidad del dictamen. Para el miércoles 29, se anticipa su debate y posible aprobación en el Pleno de San Lázaro, acelerando así su trámite legislativo en un contexto de creciente preocupación por la impunidad en delitos de alto impacto.
Aunque legisladores de la oposición, principalmente del Partido Acción Nacional (PAN) y el PRI, han alertado sobre posibles riesgos —como la eventual reducción de penas en entidades con marcos penales más severos, lo que podría motivar apelaciones masivas de condenados—, expertos y defensores de la iniciativa insisten en que el nuevo marco no solo no aminora las sanciones, sino que las fortalece mediante 34 agravantes que pueden elevarlas hasta en un 100%, equiparándolas o superándolas a las locales en casos complejos. Además, la ley establece la persecución de oficio del delito, elimina beneficios penitenciarios para los sentenciados y habilita denuncias anónimas, facilitando la participación ciudadana en zonas de alto riesgo.
La propuesta del Ejecutivo federal busca unificar a nivel nacional las penas por extorsión, estableciéndolas en un rango base de seis a 15 años de prisión, con incrementos obligatorios en presencia de agravantes como el uso de violencia, la participación de menores o el empleo de tecnología para extorsiones virtuales. Esta homologación no solo estandariza definiciones y modalidades del delito, sino que promueve protocolos uniformes de prevención e investigación, alineándose con estrategias federales ya en marcha.
Morelos, uno de los estados más golpeados por la extorsión en México, emerge como un ejemplo paradigmático de cómo esta legislación podría marcar una diferencia tangible. En particular, la zona oriente —que incluye municipios como Cuautla, Atlatlahucan y Yautepec— se ha convertido en epicentro de este delito, con un incremento alarmante de casos que ha paralizado la actividad económica y social.
Según datos recientes, en el primer trimestre de 2024 los reportes de extorsión en el estado se dispararon un 113% respecto al año anterior, tendencia que persiste en 2025 pese a operativos locales. En Cuautla, considerada a nivel nacional como una de las ciudades más afectadas por extorsiones, el 90% de las empresas locales ha sido víctima de cobros de piso o amenazas, lo que ha derivado en cierres masivos de negocios, fuga de inversión y un impacto devastador en sectores clave como la agricultura, el comercio y el turismo.
