LA EXTORSIÓN, COMO UN IMPUESTO INVISIBLE
Imagina despertar en una tortillería de Cuautla, el aroma a maíz nixtamalizado flotando en el aire, solo para encontrar un “papelito” en la puerta: “Paga 10 mil pesos al mes o quema todo”. No es una novela de narcos, es la rutina aterradora de cientos de morelenses en 2025.
La extorsión, ese cáncer silencioso de la sociedad mexicana, ha mutado de un delito callejero a un “impuesto ilícito” que devora economías locales y almas enteras. En Morelos el aumento del 13 por ciento en denuncias –de 196 en 2024 a 221 en los primeros siete meses de este año– no es solo un número; es el grito ahogado de una entidad que se desangra entre la capital federal y las sierras guerrerenses.
Para entender esta vorágine, hay que retroceder a las raíces de la extorsión, un fenómeno cuya etiología –sus causas profundas– se entreteje como las raíces de un mezquite en tierra árida: estructural, socioeconómica y criminal.
En México, este delito no nació ayer; sus primeras formas, como el “cobro de piso” en los mercados del siglo XX, eran ecos de la informalidad que devora al 56 por ciento de nuestra economía. Pero la impunidad –esa bestia con tasas del 95 al 100 por ciento– lo ha elevado a arte moderno. Solo el 5 por ciento de las víctimas denuncia, temiendo revictimización o, peor, la complicidad de las autoridades que, en ocasiones, son las que llaman desde las sombras. La corrupción no es un rumor; es el lubricante que permite que prisiones se conviertan en call centers del terror, con el 93 por ciento de las extorsiones telefónicas orquestadas desde rejas.
A esto se suma la desigualdad, esa brecha que hace de la pobreza un caldo de cultivo perfecto. En 2022, el 28.9 por ciento de las empresas mexicanas cerraron por no pagar el “derecho de piso”, encareciendo desde un taco hasta un litro de leche.
La pandemia de COVID-19 aceleró la mutación: de amenazas presenciales a cibernéticas, como la sextorsión o ransomware, que en 2021 dejó 4.9 millones de víctimas estimadas según la ENVIPE. Y detrás de todo, el crimen organizado: cárteles que, como empresas multinacionales, diversifican ingresos. La extorsión es su “mejor negocio”, lavado en bancos y criptoactivos, con un alza del 18.72 por ciento en denuncias entre 2021 y 2022. No es casualidad; es diseño: el miedo psicológico genera aislamiento, ansiedad y depresión, normalizando una cultura donde “pagar para sobrevivir” es el nuevo mantra.
Pero en Morelos, esta etiología general cobra vida con acentos locales, como un huapango que se torna fúnebre. Ubicado en el corazón del país, el estado es un puente entre la urbe caótica de la CDMX y el infierno guerrerense, donde disputas entre el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y la Familia Michoacana se desbordan como ríos crecidos. Al menos seis grupos operan aquí –desde el CJNG hasta células del Cártel de Sinaloa y locales como las Cuatro Letras–, imponiendo cuotas que van de 50 mil pesos iniciales a 10 mil mensuales. ¿El resultado? Al menos 35 tortillerías clausuradas en 2024, familias enteras huyendo a la capital, y un encarecimiento de alimentos que golpea a los más pobres. En Cuautla, antes sinónimo de paz y elotes, las mantas y amenazas escritas han forzado reformas penales este año para tipificar estos métodos primitivos pero efectivos.
La informalidad morelense –alta en productores de aguacate, nopales y muebles– es el talón de Aquiles. Con un PIB per cápita rezagado, el “pago de piso” no solo cierra negocios; profundiza la exclusión, afectando desproporcionadamente a mujeres, indígenas y PyMEs.
¿Y la impunidad local? Extrema: decenas de carpetas que duermen el sueño de los justos, agravada por la falta de coordinación con Guerrero. La cifra negra roza el 64.5 por ciento, con víctimas que optan por el silencio ante fallas institucionales. Es una “epidemia importada”, donde imitadores locales copian tácticas de cárteles, expandiendo el terror a clases medias que creían a salvo.
Morelos exige mayor inteligencia financiera para rastrear flujos ilícitos y campañas de denuncia anónima que rompan el ciclo del miedo. Sin esto, la extorsión no será un impuesto; será la sentencia de muerte para comunidades enteras. ¿Cuántos “papelitos” más? En el Valle de Morelos, el maíz sigue nixtamalizándose, pero el futuro sabe a ceniza. Es hora de que el país entero preste oídos: la extorsión no extorsiona solo a Morelos; nos ahoga a todos.
