Graco Ramírez, exgobernador de Morelos, logra amparo contra posibles detenciones
El exgobernador de Morelos, Graco Ramírez, consiguió una suspensión provisional para no ser detenido en la entidad, luego de que fue acusado de ejercicio abusivo del servicio público, toda vez que antes de terminar su mandato obtuvo un préstamo personal del Instituto de Crédito del estado por 600 mil pesos para comprar una camioneta.
El pasado miércoles 27 de septiembre, Ramírez obtuvo la protección de la justicia federal luego de iniciar un juicio de amparo contra de cualquier decisión del juez Natanael Subdías Aguilar, quien está a cargo del caso contra el político tabasqueño, y quien revocó la decisión de la Fiscalía Anticorrupción de no ejercer acción penal en su contra.
El 11 de septiembre pasado se llevó a cabo una audiencia para impugnar la decisión de la fiscalía de no ejercer la acción penal en contra de Ramírez. El caso se remonta al 18 de septiembre de 2018, cuando a punto de dejar el cargo, el tabasqueño solicitó un préstamo de 600 mil pesos al Instituto de Crédito para comprar una camioneta.
Dado que el gobernador no está considerado como un trabajador al servicio del Estado, la actual administración promovió una denuncia en su contra por ejercicio abusivo del servicio público. No obstante, la Fiscalía Anticorrupción, que a principios de septiembre todavía era encabezada por Juan Salazar, hombre cercano a Graco Ramírez, se desistió de la acción penal, sin embargo, esta acción fue revocada.
En la audiencia, la representación del Instituto de Crédito alegó no sólo que no tenía derecho al crédito, sino que además no cumplió con todos los requisitos. En tanto, la defensa del exmandatario señaló que no existe delito alguno, puesto que a la fecha el tabasqueño ya pagó el crédito “hasta con intereses”.
Por lo pronto, el perredista, hoy promotor activo de la campaña del bloque opositor a la Presidencia de la República, ha iniciado un juicio de amparo y obtenido una suspensión provisional para evitar ser detenido, pues está a un paso de ser vinculado a proceso por el ejercicio abusivo del servicio público.
