CARGA MILLONARIA: EL ALTO PRECIO DE LA REFORMA JUDICIAL EN MORELOS
LA CRÓNICA DE MORELOS
Lunes 1 de diciembre de 2025
E D I T O R I A L
La reciente reforma judicial en Morelos ha desatado una polémica por sus consecuencias económicas directas sobre el presupuesto del Tribunal Superior de Justicia. El diputado Daniel Martínez Terrazas, presidente de la Junta Política y de Gobierno del Congreso, advirtió que el estado tendrá que cubrir el haber de retiro de 22 magistrados y 60 jueces, lo que significará un gasto aproximado de 2 mil 500 millones de pesos. Esta cifra, de confirmarse, representará un golpe brutal para las finanzas públicas de una entidad que ya arrastra déficits históricos y necesidades urgentes en salud, educación y seguridad.
La reforma local es hija directa de la reforma federal impulsada desde el Ejecutivo nacional, que obliga a los estados a crear nuevos órganos como el Tribunal de Disciplina Judicial y el Órgano de Administración, además de preparar la elección popular de jueces y magistrados en 2027. Lo que en el discurso sonó a democratización y combate a la corrupción, en la realidad se traducirá en un costo que nadie presupuestó ni comunicó con claridad a los congresos locales.
Morelos, como muchos otros estados, se encuentra ahora con la sorpresa de una factura millonaria que deberá pagar sin haber recibido un solo peso extra del gobierno federal.
El problema inmediato es concreto: 82 funcionarios judiciales en edad de retiro que, al amparo de la nueva ley, pueden exigir su pensión completa de manera anticipada. Sumado a ello, el propio Poder Judicial ya solicitó 294 millones de pesos adicionales solo para pensiones en el paquete económico 2026.
El diputado Martínez Terrazas lo ha dicho sin rodeos: será “muy complicado” generar esos recursos cuando ni siquiera se cubrieron las necesidades básicas del Tribunal en el presupuesto actual.
Lo más grave es que este dinero tendrá que salir de algún lado. Si no llega transferencia federal extraordinaria, el Congreso tendrá que recortarlo de otros rubros o aumentar impuestos, justo cuando apenas logró contener el incremento fiscal al 4 por ciento para 2026 con el objetivo de no seguir asfixiando a la ciudadanía. El riesgo es claro: menos recursos para juzgados de primera instancia, para peritos, para infraestructura judicial y, en última instancia, para la propia impartición de justicia que tanto se dice querer mejorar.
Quienes defienden la reforma argumentan que estos costos son el precio inevitable de terminar con el viejo régimen de privilegios y nepotismo en el Poder Judicial. Sin embargo, esa justificación no resuelve el dilema práctico: ¿por qué los morelenses tienen que pagar la cuenta de una reforma diseñada en la Ciudad de México sin un diagnóstico financiero serio? La falta de federalismo real en el diseño de la política pública queda en evidencia cuando los estados terminan cargando solos las consecuencias económicas de decisiones tomadas en el centro.
En resumen, Morelos enfrenta hoy una encrucijada: o asume una carga millonaria que puede desestabilizar sus finanzas por años, o busca mecanismos legales y políticos para diferir o renegociar estos pagos sin afectar derechos adquiridos. Lo que no puede seguir ocurriendo es que las grandes transformaciones nacionales se anuncien como gratuitas y terminen costándole carísimo a los ciudadanos de los estados. La justicia renovada no puede construirse sobre las finanzas rotas de una entidad federativa.
