¡PIPAS DE ORO: LA SED DE LOS MORELENSES Y EL NEGOCIO MILLONARIO QUE QUIERE FRENAR LA NUEVA LEY DE AGUAS!
CINTARAZOS
Por Guillermo Cinta Flores
Miércoles 3 de diciembre de 2025
En las calles polvorientas de Cuernavaca, donde el sol de Morelos a veces castiga sin piedad, el agua no es solo vida: es un lujo que se mide en billetes. Imagínese despertar con la cisterna vacía, el grifo seco y el teléfono en mano para llamar a las famosas pipas porteadoras, esos gigantes de acero que prometen alivio a cambio de un ojo de la cara. Precios que oscilan entre mil y tres mil pesos por viaje, un atraco que se agudiza en sequía, cuando la necesidad aprieta como garra.
Pero no es casualidad: detrás de esas tarifas exorbitantes late un ecosistema de voracidad, donde operadores de pozos y transportistas se alían con funcionarios venales municipales para exprimir hasta la última gota de un recurso que debería ser derecho humano.
Hoy, con la nueva Ley General de Aguas en el Congreso federal, se vislumbra un rayo de justicia que podría secar este pantano de corrupción.
La crisis local no es un secreto: el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC) arrastra deudas millonarias con la CFE, averías crónicas y un desabasto que deja a miles sin agua entubada. En colonias como El Mirador o Ocotera, familias enteras dependen de pipas que llegan como salvavidas, pero a un costo que equivale a 17 veces el precio del servicio regular. ¿El resultado? Un negocio informal que mueve millones, pero sin regulación alguna.
Denuncias de sobreprecios durante emergencias, como en 2024 y el estiaje de 2025, cuando el desabasto afectó a miles de hogares y las tarifas se dispararon de mil a tres mil pesos, pintan un cuadro de impunidad. Y mientras los morelenses racionan garrafones, los “piperos” acumulan fortunas, gracias a concesiones agrícolas ficticias que disfrazan pozos dedicados a este tráfico.
No hablemos solo de números: hablemos de rostros. En Cuernavaca, la corrupción en SAPAC ha sido un escándalo a voces. Investigaciones revelan empresas fantasma, compras irregulares de materiales por 117 millones de pesos que nunca llegaron, y pagos a pipas inexistentes. Exfuncionarios enfrentan denuncias por desfalcos que hunden al sistema, dejando a la ciudadanía pagando recibos de 400 pesos por un servicio fantasma. ¿Y los dueños de pipas? Muchos son millonarios anónimos que controlan pozos “agricultores” que no riegan ni una lechuga, sino que surten su flota.
En tiempos de sequía, esta red se enriquece: un viaje de 10 mil litros puede generar ganancias diarias de decenas de miles, mientras ayuntamientos miran para otro lado, cómplices en un baile de favores y mordidas.
La nueva Ley General de Aguas, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, llega como un trueno en este desierto de abusos. Aún en debate en la Cámara de Diputados –con dictamen listo para votación esta semana–, la iniciativa expide un marco que prioriza el derecho humano al agua, prohíbe su mercantilización y ordena las concesiones para evitar acaparamiento. Olvídese de transmisiones libres entre privados: toda prórroga pasa por Conagua, y se tipifican delitos hídricos con multas elevadas y hasta cinco años de prisión para sobornos.
Para las pipas, el impacto es directo: se busca regular su operación, eliminar el mercado negro de títulos falsos y garantizar precios justos, liberando comunidades del yugo de estos monopolios informales.
En Morelos, esta ley podría ser un bálsamo. Al clarificar competencias entre federación, estados y municipios, se fortalece a organismos como SAPAC para combatir la corrupción interna y externalizar menos el suministro. Se promueve la tecnificación de riegos y el reuso de aguas residuales, reduciendo la presión sobre pozos sobreexplotados. Y para los “piperos millonarios”, el mensaje es claro: no más 50 mil concesiones irregulares que alimentan balnearios o flotas de camiones en lugar de campos.
La reforma elimina cambios de uso sin autorización y crea un Registro Nacional del Agua para transparentar todo, desde el pozo hasta la pipa. Es un golpe al corazón de la voracidad que ha convertido el agua en oro líquido.
Pero no todo es miel sobre hojuelas: el debate legislativo hierve con protestas de campesinos y transportistas, que temen perder derechos heredados o enfrentar burocracia sin transición. Bloqueos en carreteras y amenazas de paros amenazan con retrasar la aprobación antes del 15 de diciembre, mientras Morena ajusta más de 50 modificaciones para equilibrar producción agrícola y acceso humano.
En Morelos, donde la sequía agrava todo, urge que la ley incluya medidas específicas para regular pipas como servicio temporal, no perpetuo, con topes de precios y subsidios para vulnerables. Si no, el riesgo es que esta oportunidad se diluya en negociaciones opacas, dejando intacto el negocio de los potentados.
Al final, la sed de Cuernavaca y Morelos clama por más que promesas: clama por agua al alcance de todos, no solo de los que pagan en miles. La nueva Ley de Aguas, con su espada contra la corrupción y el acaparamiento, podría ser el catalizador para un Morelos donde el vital líquido deje de ser botín de unos pocos.
¿Aprobada o bloqueada? El Congreso decide esta semana, pero los morelenses ya no esperan milagros: exigen justicia. Que las pipas dejen de ser carrozas reales y se conviertan en lo que deben ser: un puente temporal hacia el derecho universal. Porque en esta tierra de flores eternas, el agua no puede seguir siendo un lujo efímero.
