LA AUTONOMÍA DEL MINISTERIO PÚBLICO: EL LEGADO IGNORADO DE HÉCTOR FIX-ZAMUDIO

LA CRÓNICA DE MORELOS
Jueves 4 de diciembre de 2025
E D I T O R I A L

En el vasto panorama del derecho mexicano, pocas figuras han dejado un legado tan profundo y visionario como el del doctor Héctor Fix-Zamudio, el eminente jurista fallecido en enero de 2021, cuya obra se erige como un faro en la defensa de las garantías constitucionales y el debido proceso.

Fix-Zamudio, profesor emérito de la UNAM y juez ad hoc de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, fue un incansable promotor de la autonomía del Ministerio Público —o Procurador General de Justicia, en el contexto tradicional mexicano—. Su pensamiento, forjado en décadas de estudio comparativo del derecho procesal, nos recuerda que la justicia no puede ser rehén de los vaivenes políticos.

Sin embargo, la reciente designación de Ernestina Godoy Ramos como fiscal general de la República, aprobada este miércoles 3 de diciembre de 2025 por el Senado con 97 votos a favor, parece distanciarse alarmantemente de esas tesis, perpetuando una politización que ha plagado a instituciones como la Fiscalía General de Morelos y, ahora, la federal.

Fix-Zamudio argumentaba con vehemencia la necesidad imperiosa de dotar de autonomía plena al Ministerio Público, desvinculándolo del Poder Ejecutivo para garantizar su imparcialidad y eficacia en la procuración de justicia. En sus ensayos, como “Presente y futuro del Ministerio Público en México”, enfatizaba que esta institución no podía seguir subordinada al Ejecutivo, ya que tal dependencia generaba conflictos de interés y obstaculizaba el funcionamiento jurisdiccional.

Para él, el Ministerio Público debía actuar con independencia absoluta, acusando solo cuando existiera evidencia sólida —in dubio pro societate, pero sin comprometer el debido proceso—. Esta postura no era un capricho aislado; se alineaba con un consenso generalizado entre especialistas del derecho, quienes veían en la autonomía la clave para un sistema de justicia libre de influencias indebidas.

Sus ideas iban más allá de la mera teoría. Fix-Zamudio vinculaba la autonomía del Ministerio Público con las garantías judiciales y el derecho procesal constitucional, áreas en las que fue pionero. En obras como “La función constitucional del Ministerio Público”, exploraba cómo esta independencia contribuiría a procesos justos e imparciales, protegiendo los derechos humanos y evitando que el órgano persecutor se convirtiera en un instrumento político.

Imaginemos un Ministerio Público que investiga sin presiones presidenciales, que persigue delitos con rigor técnico en lugar de lealtades partidistas. Ese era el ideal de Fix-Zamudio, uno que influyó en el debate nacional y contribuyó a las reformas constitucionales que transformaron la antigua Procuraduría General de la República (PGR) en la Fiscalía General de la República (FGR) con supuesta autonomía constitucional, un proceso evolutivo que se extendió por décadas.

Sin embargo, la realidad mexicana parece burlarse de este legado. La designación de Godoy Ramos, exfiscal de la Ciudad de México y figura cercana al movimiento de la Cuarta Transformación, llega en un contexto de cuestionamientos sobre su independencia. Aunque su trayectoria incluye logros en la procuración de justicia capitalina, su nombramiento —apoyado mayoritariamente por el bloque oficialista y Movimiento Ciudadano— evoca los mismos vicios que Fix-Zamudio criticaba: la injerencia política en la selección de fiscales.

Críticos de la oposición, como los senadores del PAN y el PRI, han calificado el proceso como una “simulación”, un trámite acelerado donde la terna enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum ya tenía una ganadora predefinida. Con 19 votos en contra y 11 nulos, la votación reflejó no solo divisiones partidistas, sino una desconfianza profunda en que esta designación fortalezca la autonomía prometida por la reforma de 2018.

En Morelos, como mencionaba al inicio, esta politización ha sido endémica: fiscales generales han sido removidos o cooptados por gobernadores en turno, convirtiendo la institución en un apéndice del poder ejecutivo local. A nivel federal, el caso de Godoy Ramos no parece romper el patrón. Su cercanía con Sheinbaum —quien la designó como fiscal en la Ciudad de México y ahora la propone para la FGR— genera dudas sobre si podrá resistir presiones del Palacio Nacional.

Durante su comparecencia ante el Senado, Godoy prometió un “decalogo” de compromisos: no fabricar culpables, erradicar la impunidad y garantizar acceso imparcial a la justicia. Palabras loables, sin duda, pero Fix-Zamudio nos enseñó que tales promesas necesitan blindaje institucional, no solo discursos. La coordinación entre poderes, como defendió el morenista Ignacio Mier, no debe confundirse con subordinación; de lo contrario, la FGR corre el riesgo de convertirse en un instrumento de la “transformación” en curso, priorizando agendas políticas sobre el Estado de derecho.

El legado de Fix-Zamudio nos interpela hoy con urgencia. En un México donde la impunidad supera el 90 por ciento de los delitos, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, ignorar su visión es un lujo que no nos podemos permitir. La autonomía no es un abstracto teórico, sino el pilar de un sistema que proteja a las víctimas y castigue sin miramientos a los responsables, independientemente de su filiación.

Ojalá que Ernestina Godoy Ramos, en sus nueve años al frente, demuestre que es posible honrar ese ideal: investigando con rigor, colaborando sin someterse y elevando la FGR por encima de los intereses partidistas. De lo contrario, seguiremos evocando a Fix-Zamudio no como un referente vivo, sino como un eco melancólico de lo que pudo ser. La lucha por una justicia verdaderamente autónoma no termina en un nombramiento; apenas comienza.

Por lo demás, el nombramiento de Ernestina Godoy huele a una gran simulación, un ritual político que distrae de la verdadera crisis de justicia en México, donde más del 90 por ciento de los delitos —alrededor de 33.5 millones solo en 2024, según la ENVIPE del INEGI— corresponden al fuero común y quedan sepultados en la impunidad, con una cifra negra del 93.2 por ciento que ni siquiera llega a denuncia, mucho menos a resolución.

Mientras la FGR, con su flamante autonomía teórica, se enfoca en el escaso 10 por ciento de fuero federal —delitos como narcotráfico o corrupción que, aunque graves, palidecen ante la avalancha de robos, fraudes y violencias cotidianas que asfixian a los estados y municipios—, el 98.8 por ciento de esos casos comunes se evaporan sin castigo, como lo corrobora el Índice Global de Impunidad 2024 de la UDLAP, que ubica a México entre los peores del mundo con un 46.19 de impunidad estructural.

Esta designación, respaldada por el oficialismo, no es más que un espejismo que ignora el clamor de millones de víctimas olvidadas en fiscalías estatales colapsadas, perpetuando un sistema donde la “transformación” brilla en el discurso pero se apaga en la calle, dejando que la delincuencia común —responsable del 90% de la inseguridad diaria— siga reinando impune.