LA FISCALÍA CAPTURADA: CUANDO EL MINISTERIO PÚBLICO SE CONVIERTE EN TROFEO POLÍTICO
LA CRÓNICA DE MORELOS
Viernes 5 de diciembre de 2025
E D I T O R I A L
El nombramiento de Ernestina Godoy Ramos como Fiscal General de la República fue celebrado por amplios sectores de Morena y la 4T con una euforia que solo se entiende si se acepta una verdad incómoda: para ellos no se trata de garantizar una Fiscalía autónoma, sino de colocar a una aliada incondicional en el último bastión institucional que les faltaba dominar.
Que la presidenta Claudia Sheinbaum haya enviado una terna integrada por tres perfiles cercanos al oficialismo y que el Senado —con mayoría morenista— haya ratificado a Godoy en tiempo récord no es casualidad ni mérito democrático. Es la consumación de un diseño que inició en 2018 con la fallida ratificación de Godoy como fiscal de la Ciudad de México y que ahora se cierra con precisión quirúrgica.
El Ministerio Público de la Federación, según el artículo 102 constitucional, debe ser un órgano autónomo, técnico y apolítico. Su titular debe actuar con independencia de cualquier poder político. Sin embargo, la historia reciente de México demuestra que esa disposición es letra muerta: los fiscales generales han sido, casi sin excepción, piezas colocadas por el presidente en turno o por la coalición dominante.
Alejandro Gertz Manero dejó un precedente peligroso al convertir la FGR en instrumento de persecución selectiva contra adversarios políticos mientras protegía a personajes cercanos al poder. Ernestina Godoy, durante su gestión en la Fiscalía capitalina, mostró la misma lógica: mano dura contra opositores y carpetazos espectaculares contra críticos, pero inexplicable lentitud o carpetazos cerrados cuando los señalados eran aliados.
La celebración desmedida de la 4T revela que no buscan justicia, buscan control. Una Fiscalía “carnal” les garantiza impunidad para sus proyectos, protección para sus operadores y la capacidad de neutralizar a cualquiera que los desafíe. En ese sentido, el nombramiento de Godoy sí es un triunfo electoral: es la captura definitiva del último contrapeso real.
México arrastra un viejo mal: sus instituciones de procuración de justicia nunca han sido verdaderamente independientes. Desde los tiempos del PRI hegemónico hasta hoy, el Ministerio Público ha sido extensión del Ejecutivo o del partido en el poder. La reforma de 2018 que creó la Fiscalía General autónoma nació con un pecado original: el primer fiscal (Gertz) fue designado por el presidente sin contrapesos reales.
El problema no es solo Godoy. Es el sistema que permite que el presidente proponga una terna a modo y que el Senado, controlado por el mismo bloque político, la ratifique sin debate serio. Mientras ese mecanismo subsista, la autonomía será ficción.
Decir que los fiscales y jueces deben regirse “solo por la ley” suena bonito, pero choca contra la realidad mexicana: en un país donde el 95 por ciento de los delitos quedan impunes y donde los gobernadores negocian con el crimen organizado, la ley es el último criterio que importa. Lo que pesa es la lealtad al poder.
El riesgo ahora es que la FGR se convierta en el brazo jurídico de un proyecto autoritario en ciernes. Con el Poder Judicial bajo asedio político y la Fiscalía en manos de una operadora leal, el estado de derecho mexicano queda reducido a una cáscara vacía.
México no necesita fiscales “de izquierda” ni “de derecha”. Necesita fiscales que no deban su cargo a ningún presidente, a ningún partido ni a ningún bloque político. Mientras eso no ocurra, cada nombramiento será celebrado o lamentado no por lo que significa para la justicia, sino por lo que significa para el poder. Y eso, precisamente, es la negación misma del estado de derecho.
