TRANSPARENCIA EN JAQUE: ¿EFICIENCIA ADMINISTRATIVA O RETROCESO DEMOCRÁTICO?
CINTARAZOS
Por Guillermo Cinta Flores
Lunes 15 de diciembre de 2025
El Congreso de Morelos aprobó el pasado 12 de diciembre, con 14 votos a favor y solo unos pocos en contra, la extinción del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE), un órgano autónomo creado en 2003 para garantizar el acceso a la información pública, la protección de datos personales y la rendición de cuentas. Esta decisión, que transfiere sus funciones principalmente a la nueva Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno —adscrita al Poder Ejecutivo y antes conocida como Secretaría de la Contraloría—, responde a una reforma federal publicada en marzo de 2025 que obligaba a las entidades a armonizar sus estructuras, eliminando organismos garantes independientes similares al extinto INAI nacional.
Los promotores de la reforma, encabezados por la bancada de Morena y aliados como el Verde Ecologista, Nueva Alianza, Movimiento Ciudadano y el Partido del Trabajo, argumentan que se trata de un paso hacia la eficiencia y el combate real a la corrupción. La gobernadora Margarita González Saravia celebró la aprobación, afirmando que fortalece un “gobierno honesto y al servicio del pueblo”, al eliminar una estructura onerosa que, en 22 años, no logró frenar la opacidad ni los escándalos de corrupción en gobiernos estatales y municipales. Además, destacan ahorros presupuestales y una alineación con estándares federales para agilizar procesos.
Sin embargo, la oposición, principalmente el PAN, ve en esta medida un grave retroceso democrático. Diputados como Daniel Martínez Terrazas advirtieron que concentrar el control de la transparencia en una dependencia del Ejecutivo representa una “concentración de poder” que podría fomentar la opacidad y debilitar la vigilancia ciudadana. Críticos señalan que el IMIPE, pese a sus fallas —como resoluciones lentas y abusos internos—, ofrecía al menos una instancia autónoma para resolver recursos de revisión, algo que ahora quedará en manos de estructuras posiblemente influenciadas por el gobierno en turno.
El IMIPE no era perfecto: editoriales y reportes locales lo describen como ineficaz, con comisionados nombrados por cuotas partidistas, gastos injustificables y un historial de escándalos, incluyendo violencia política y hasta un homicidio no resuelto de uno de sus presidentes. Muchos solicitantes de información se quejaban de su lentitud y sesgo a favor de la opacidad. No obstante, su desaparición deja un vacío en la independencia institucional, ya que los poderes Legislativo y Judicial, junto con órganos autónomos, asumirán directamente sus obligaciones de transparencia sin un garante externo.
Este debate llega en un momento clave para Morelos, donde la exigencia ciudadana por rendición de cuentas crece ante persistentes problemas de corrupción. ¿Representa esta reforma un avance hacia la austeridad y efectividad, o un paso atrás que debilita el equilibrio de poderes? La nueva Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno tendrá la prueba de fuego: demostrar que la transparencia no se sacrifica en nombre de la eficiencia. La sociedad morelense estará atenta.
