UNIDAD REGIONAL CONTRA EL ROBO DE VEHÍCULOS Y LA EXTORSIÓN
CINTARAZOS
Por Guillermo Cinta Flores
Viernes 19 de diciembre de 2025
La reunión de gobernadores de la región centro de México, celebrada este jueves en el Museo de la Ciudad de México, representa un paso crucial hacia la colaboración interestatal en seguridad. En este encuentro, mandatarios como Margarita González Saravia de Morelos, Clara Brugada Molina de la CDMX, Delfina Gómez Álvarez del Estado de México, Evelyn Salgado Pineda de Guerrero y Alejandro Armenta Mier de Puebla acordaron acciones conjuntas para reducir el robo de vehículos, motocicletas y autotransporte. Más allá de las estrategias operativas, estos acuerdos prometen beneficios sociales profundos, como la protección del patrimonio familiar y la construcción de comunidades más seguras, lo que podría elevar la calidad de vida en una región marcada por desafíos de inseguridad.
Uno de los principales beneficios sociales radicaría en la disminución del robo de vehículos, que no solo afecta el bolsillo de las familias, sino también su movilidad diaria y sentido de estabilidad. En Morelos, por ejemplo, los datos de la Fiscalía General del Estado indican una reducción significativa en 2025 gracias a la coordinación con municipios, lo que se traduce en menos familias despojadas de sus medios de transporte esenciales para el trabajo, la educación y la salud. Esta tendencia, extendida a nivel regional, podría fomentar una mayor confianza en las instituciones, reduciendo el estrés colectivo y promoviendo un entorno donde las personas se sientan más libres para invertir en su futuro sin temor a pérdidas repentinas.
La implementación de mecanismos preventivos, como la Constancia de Identificación Vehicular y la colaboración con agencias automotrices, ofrece beneficios sociales al desincentivar la comercialización de bienes ilícitos. Al frenar el mercado negro de vehículos robados, se protege no solo el patrimonio individual, sino también la economía local, ya que reduce la competencia desleal con el sector formal. Esto generará un impacto positivo en el empleo y el consumo, beneficiando a comunidades vulnerables que dependen de industrias relacionadas con el transporte, y contribuyendo a una distribución más equitativa de la riqueza al minimizar pérdidas económicas derivadas del crimen.
El Proyecto de Modernización Tecnológica en Materia de Seguridad, impulsado con recursos del FORTAMUN, introduce sistemas de videovigilancia, arcos carreteros y Centros de Comando y Control, lo que eleva la capacidad de monitoreo en tiempo real. Socialmente, esto se traduce en una disuasión efectiva de delitos, potencialmente bajando las tasas de criminalidad asociada, como asaltos o extorsiones vinculadas al robo vehicular. Familias en áreas urbanas y rurales de la región centro podrían experimentar una mayor paz mental, permitiendo que niños y jóvenes participen más en actividades educativas y recreativas sin el peso de la inseguridad, fomentando así el desarrollo integral de las nuevas generaciones.
La colaboración entre entidades federativas, destacada por González Saravia, fortalece el tejido social al promover un sentido de solidaridad regional. Al compartir inteligencia y recursos, se abordan problemáticas comunes que trascienden fronteras estatales, lo que reduciría desigualdades en acceso a la seguridad entre estados más y menos desarrollados. Esto no solo mejora el bienestar colectivo, sino que también incentiva la participación ciudadana en programas de prevención, empoderando a las comunidades para que se involucren activamente en su propia protección y generando un ciclo virtuoso de confianza mutua entre gobiernos y sociedad.
Finalmente, estos acuerdos podrían extender sus beneficios sociales a largo plazo al contribuir a la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, creando entornos más propicios para el inversión social y económica. Con menos recursos desviados hacia la reparación de daños por robo, gobiernos y familias estarían en capacidad de priorizar áreas como salud, educación y vivienda, elevando el índice de desarrollo humano en la región. Acompañada por el Fiscal General de Morelos, Fernando Blumenkron Escobar; el secretario de Gobierno, Edgar Maldonado, y el titular de la SSPC, Miguel Urrutia Lozano, la gobernadora de Morelos reafirmó que esta alianza no es solo operativa, sino un compromiso con el progreso social, donde la seguridad se convierte en pilar para una sociedad más justa y próspera.
