VAYA INICIO DE AÑO
¡GRACIAS A DIOS ES VIERNES!
02 de enero 2026
Eduardo Ángel Cinta Flores
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En la administración del poder, las interrogantes iniciales remiten al uso inmediato del mando: ¿cómo se gobierna cuando el poder deja de ser conquista y se vuelve práctica?, ¿hasta dónde puede concentrarse la decisión sin confundirse con sometimiento?, ¿qué límites reales impone gobernar con mayoría y sin censura? La propuesta de reforma política será el primer terreno donde estas tensiones empiecen a resolverse o, al menos, a exhibirse.
2025, año marcado por la incertidumbre que viven cientos de trabajadores del servicio público en Morelos, luego de que a muchos se les negara en sus inicios el incremento anual correspondiente, así como un incremento salarial del 5% para los trabajadores del Gobierno del Estado de Morelos y los municipios, acordado en junio de 2025, incluyendo beneficios adicionales por antigüedad y útiles escolares, y además que, se publicara una reforma que modifica de fondo su derecho a la jubilación.
En el Periódico Oficial Tierra y Libertad, número 6506, con fecha del 22 de diciembre de 2025, apareció el Decreto Legislativo 997, mediante el cual se reforman diversos artículos de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. Los cambios impactan directamente a trabajadores cuyo salario se cubre de manera total con las Participaciones Federales.
La modificación legal establece que, cuando exista un convenio de pago entre el Estado y la Federación, no se reconocerá la antigüedad laboral para efectos de jubilación, eliminando de tajo este derecho para un amplio sector de empleados públicos.
La medida afecta principalmente a personal de organismos autónomos, entidades descentralizadas y ayuntamientos. No obstante, llama la atención que los titulares de los poderes del Estado, la Gobernadora, el presidente del Tribunal Superior de Justicia, el presidente de la Junta Política y de Gobierno del Congreso estatal, los presidentes municipales y los cabildos de los Ayuntamientos entre otros, quedaron fuera de esta afectación, aun cuando también reciben ingresos bajo esquemas similares.
Esta reforma podría ser impugnada por posibles actos de discriminación, pero, sobre todo, por la vulneración de derechos laborales ya adquiridos, aunque el resultado de estos procesos legales no está garantizado al estar los tres poderes amalgamados al Ejecutivo.
Se carece de norma específica aplicable para resolver esta situación jurídica: si el Estado se deslinda de la jubilación y la Federación no reconoce a los trabajadores como parte de su plantilla, los años de servicio simplemente dejan de existir en términos legales, dejando sin respaldo a quienes dedicaron décadas al servicio público.
Para muchos trabajadores morelenses, que desde jóvenes aspiraron a laborar para el gobierno, hoy el retiro que parecía alcanzable se “transforma” en una meta borrada justo en una de las fechas más significativas del año.
La Reforma a la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos es una medida muy necesaria desde hace décadas, pero que merecía un estudio más definido que lo económico, debió ser visto socialmente ya que afecta al sostenimiento de vida de cientos de personas, que muchos, ya en edad avanzada, difícilmente encontrarán cabida en proyectos que les permita a “aforar” su retiro.
Tiempo y dinero le faltaron a Jorge Morales Barud, gobernador interino de Morelos1998-2000, voluntad la tuvo para la formación del Instituto de Pensiones Morelense, sistema de seguridad social que hubiese dado solución oportuna al grave problema que padecen los gobiernos locales, pero sobre todo los trabajadores de Morelos.
Gobernadora en su gabinete participan personajes de amplio conocimiento, bien pueden pausar el inicio de lo decretado para recurrir a expertos en la materia de jubilación adherida a las AFORES para no causar daño a los trabajadores y hacer paulatina la desincorporación de su jubilación.
Amigos les recuerdo que la semana tiene siete días y ¡Gracias a Dios es viernes!
