DIFERENCIAS ENTRE HOMICIDIO CALIFICADO DE MUJERES Y FEMINICIDIO: DESPEJANDO LA DESINFORMACIÓN
CINTARAZOS
Por Guillermo Cinta Flores
Miércoles 14 de enero de 2026
El homicidio calificado de mujeres y el feminicidio son términos que a menudo se confunden en el debate público, generando desinformación que obstaculiza la comprensión de la violencia de género.
Mientras que el homicidio calificado se refiere a un asesinato agravado por circunstancias específicas, independientemente del género de la víctima, el feminicidio enfatiza el contexto de desigualdad, odio y discriminación de género como motivación principal. Esta distinción es crucial para aplicar la justicia adecuadamente y evitar que casos de violencia machista se diluyan en categorías genéricas, lo que perpetúa la impunidad y minimiza el impacto estructural de la misoginia en la sociedad.
El homicidio calificado de mujeres implica un asesinato intencional con agravantes como alevosía, ventaja, traición o premeditación, donde la víctima resulta ser una mujer, pero el móvil no necesariamente radica en su condición de género. En el derecho penal, este delito se tipifica bajo códigos generales de homicidio, sumando penas por las circunstancias agravantes, sin requerir prueba de discriminación sexista. Por ejemplo, un asesinato por robo o venganza personal contra una mujer podría clasificarse así, enfocándose en los elementos objetivos del crimen más que en las dinámicas de poder de género.
En contraste, el feminicidio se define como el asesinato de mujeres por razones de género, donde el perpetrador actúa motivado por odio, desprecio o un sentido de superioridad basado en estereotipos machistas. Este delito, incorporado en legislaciones como la mexicana desde 2007, exige demostrar que el crimen se inscribe en un patrón de violencia sistemática contra las mujeres, como violaciones previas, mutilaciones o exposición del cuerpo en espacios públicos para humillar. El feminicidio no es solo un homicidio, sino un crimen de odio que refleja fallas sociales y estatales en la protección de las mujeres.
El origen del concepto de feminicidio remonta a la década de 1970, cuando la socióloga sudafricana Diana Russell lo acuñó como “femicide” para describir el asesinato de mujeres por ser mujeres, diferenciándolo de homicidios neutrales en cuanto al género. Sin embargo, su popularización en América Latina, particularmente en México, ocurrió en los años 90 y 2000, impulsado por activistas y académicas como Marcela Lagarde, quien lo adaptó como “feminicidio” para resaltar la responsabilidad del Estado en la omisión o tolerancia de estos crímenes. Este término surgió como una herramienta analítica para visibilizar la violencia patriarcal.
Los dramáticos momentos de Las Muertas de Juárez marcaron un punto de inflexión en la adopción del concepto. Entre 1993 y los primeros 2000, cientos de mujeres fueron asesinadas en Ciudad Juárez, Chihuahua, en contextos de desapariciones, torturas sexuales y abandonos de cuerpos en el desierto, revelando patrones de impunidad y negligencia institucional. Activistas como Esther Chávez Cano y organizaciones internacionales utilizaron el término feminicidio para denunciar no solo a los perpetradores individuales, sino al sistema que permitía estos crímenes, vinculándolos a la pobreza, el narcotráfico y la explotación laboral en maquiladoras.
Con el tiempo, el feminicidio se convirtió en un elemento político para cuestionar a ciertas autoridades, transformándose de un concepto académico y activista en una herramienta de presión social y legal. Gobiernos han sido criticados por subregistrar feminicidios como homicidios simples para minimizar estadísticas, lo que genera desconfianza y movilizaciones. Esta politización ha permitido avances, como reformas penales, pero también ha sido usada en debates electorales para acusar a administraciones de inacción, diluyendo a veces el enfoque en soluciones estructurales.
De manera similar, las Alertas de Violencia de Género (AVG) han seguido un camino paralelo de politización. Introducidas en México en 2007 como mecanismos para declarar emergencias en regiones con altos índices de violencia contra mujeres, las AVG obligan a autoridades a implementar medidas preventivas y de investigación. Sin embargo, su activación ha sido objeto de controversias, con grupos civiles acusando a gobiernos de resistirse a declararlas para evitar reconocer fallas, convirtiéndolas en un instrumento de responsabilidad política más que en una respuesta inmediata.
En resumen, la desinformación persiste porque ambos términos comparten el resultado fatal, pero ignorar sus diferencias perpetúa la invisibilización de la violencia de género. Reconocer el feminicidio como un delito específico fomenta políticas públicas enfocadas en la equidad, mientras que tratarlo como homicidio calificado diluye su gravedad social. Es esencial educar y aplicar estos conceptos con rigor para combatir la impunidad y honrar la memoria de víctimas como las de Juárez y muchísimas de Morelos, evitando que se conviertan en meros banderas políticas.
