EL DESPILFARRO ELECTORAL: CARRETADAS DE DINERO PÚBLICO PARA LOS PARTIDOS POLÍTICOS
LA CRÓNICA DE MORELOS
Jueves 15 de enero de 2026
En México, los partidos políticos se llevan carretadas de dinero público año tras año, bajo el pretexto de financiamiento para sus actividades, pero sin una fiscalización adecuada que garantice su uso transparente y eficiente. Este flujo incesante de recursos, que asciende a miles de millones de pesos, se distribuye de manera arbitraria por las dirigencias partidistas, quienes lo utilizan con escasa rendición de cuentas ante las autoridades electorales federales o estatales.
En periodos electorales o no, este despilfarro representa un agravio para la sociedad, que ve cómo se dilapidan fondos que podrían destinarse a salud, educación o infraestructura, mientras los políticos se benefician de prerrogativas que parecen más un obsequio que una herramienta democrática.
Es hora de cuestionar este sistema que fomenta la opacidad y el abuso, y demandar recortes sustanciales para restaurar la equidad en el uso del erario.
En 2024, un año marcado por elecciones federales y locales concurrentes, el Instituto Nacional Electoral asignó un total de aproximadamente 10,444 millones de pesos en financiamiento público a los partidos políticos nacionales. Esta cifra incluyó 6,609 millones para actividades ordinarias permanentes, 3,304 millones para gastos de campaña y 265 millones para franquicias postales y telegráficas. El incremento se justificó por el proceso electoral, distribuyendo el 30 por ciento de manera igualitaria y el 70 por ciento basado en la votación previa, pero la ausencia de auditorías exhaustivas permitió posibles usos discrecionales que alimentan la crítica ciudadana.
Para 2025, sin comicios mayores en el horizonte, el financiamiento federal se redujo a unos 7,369 millones de pesos, centrados en actividades ordinarias, específicas y franquicias. Aunque menor que en años electorales, este monto aún reflejó un ajuste por inflación y padrón electoral, con reservas para nuevos partidos, perpetuando un sistema donde la fiscalización es insuficiente y los recursos se manejan con opacidad.
En 2026, el Consejo General del INE aprobó 7,737 millones de pesos, un aumento del 5 por ciento respecto al año anterior, distribuidos mayoritariamente en actividades ordinarias, con montos menores para franquicias postales y telegráficas. Este crecimiento beneficia a los seis partidos existentes, pero resalta la persistencia del despilfarro, especialmente ante la falta de controles rigurosos que eviten el mal uso por parte de las élites partidistas.
En Morelos, el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana maneja el financiamiento local, que en 2024 se enfocó en gastos de campaña según fórmulas estatales similares a las federales. Para 2025 y 2026, los recursos para actividades ordinarias se estiman en cientos de millones anuales, aunque sin detalles públicos precisos, y la fiscalización estatal ha sido igual de laxa, permitiendo arbitrariedades que agravan el problema a nivel regional.
Finalmente, el costo por voto en procesos electorales subraya la ineficiencia: en 2024, con un presupuesto total de unos 60,451 millones de pesos y alrededor de 60 millones de votos, cada sufragio costó aproximadamente 1,008 pesos; en la elección judicial de 2025, con menor participación, subió a cerca de 583 pesos por voto. Estas cifras refuerzan la urgencia de recortar estas prerrogativas, optimizando el gasto público sin comprometer la democracia, y alineándonos con la idea de que menos despilfarro significa más responsabilidad.
En conclusión, este sistema de prerrogativas millonarias a los partidos políticos —más de 7,737 millones de pesos solo en el ámbito federal para 2026, sin contar los cientos de millones que se reparten en entidades como Morelos— representa un despilfarro insultante y una afrenta permanente al bolsillo de los mexicanos.
Mientras la ciudadanía enfrenta inflación, desempleo y carencias básicas en salud y educación, las dirigencias partidistas se reparten carretadas de dinero público con una fiscalización débil y complaciente que permite opacidad, desvíos y enriquecimiento ilícito sin consecuencias reales.
El costo por voto, que en procesos recientes ha oscilado entre 583 y más de 1,000 pesos dependiendo de la participación, evidencia la ineficiencia brutal de un modelo que prioriza el sostenimiento de élites políticas sobre el bienestar colectivo.
Es hora de cortar de tajo estas prebendas: reducir drásticamente el financiamiento público, exigir auditorías independientes rigurosas y vincular cualquier recurso a resultados electorales reales y transparencia absoluta. De lo contrario, seguiremos subsidiando con nuestro sudor un circo democrático donde los verdaderos ganadores no son los ciudadanos, sino los mismos de siempre. Basta de privilegios a costa del erario; la democracia no se compra, se construye con responsabilidad y justicia.
