Pobre Poder Judicial de Morelos: tan lejos de Dios, pero cerca de magistrados jubilados con pensiones doradas
En el Poder Judicial de Morelos, casi la mitad del presupuesto asignado para este 2026 se destinará exclusivamente al pago de pensiones y jubilaciones.
De un total de 833 millones de pesos aprobados para el ejercicio fiscal, aproximadamente 370 millones —lo que equivale a más del 44%— se utilizan para cubrir estas prestaciones de retiro.
Este monto se ha visto impulsado por el otorgamiento de haberes de retiro entre 2016 y 2019, que han incrementado de forma considerable el gasto en este rubro.
Según explicó Javier García Tinoco, presidente del Órgano de Administración Judicial, alrededor del 15% de los pensionados recibe cantidades superiores al salario de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum.
Hay casos en los que las mensualidades alcanzan cerca de 200 mil pesos, y en diciembre superan incluso los 500 mil pesos, mientras que la mayoría de los trabajadores activos percibe apenas uno o dos salarios mínimos.
En los últimos cinco años, el número de pensiones en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) se ha triplicado, pasando de 250 a 750, con un promedio de casi 100 nuevas pensiones al año.
Esta tendencia, junto con los montos elevados —conocidos como “pensiones doradas”—, pone en riesgo la sostenibilidad financiera del organismo judicial.
Entre los beneficiados destacan exfuncionarios de alto nivel, como el caso del exsecretario de Gobierno Samuel Sotelo Salgado, quien en 2022 cobraba cerca de 150 mil pesos mensuales por su pensión, además de percibir ingresos del Ejecutivo (doble remuneración).
Por su parte, José Luis Páez Padilla, secretario general del sindicato del TSJ, se mostró sorprendido por las cifras y exigió una revisión inmediata de estos privilegios. Propuso aplicar un tabulador equitativo, revisar caso por caso y poner fin a las disparidades, especialmente de cara a la Elección Judicial de 2027, cuando se renovará el Pleno del tribunal.
Esta situación refleja un desafío importante para el equilibrio presupuestal del Poder Judicial morelense, donde el gasto en pensiones limita los recursos disponibles para otras áreas operativas y genera llamados a mayor transparencia y equidad en el sistema de retiros.
