DELITOS, INFLACIÓN, CARESTÍA Y PRECARISMO LABORAL
CINTARAZOS
Por Guillermo Cinta Flores
Viernes 30 de enero de 2026
En las actualizaciones mensuales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) sobre la incidencia delictiva en México, los delitos patrimoniales continúan dominando las estadísticas nacionales y por entidad federativa.
El robo en sus diversas formas genera una profunda sensación de vulnerabilidad, inseguridad y frustración entre la población, ya que nadie tolera ser despojado de bienes obtenidos con esfuerzo. Esta problemática persiste y se proyecta hacia 2026, agravada por el contexto económico actual.
Para ilustrar esto, recordemos investigaciones del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), que vinculan el robo en áreas metropolitanas como la Ciudad de México con factores macroeconómicos. En 2026, no se vislumbra un panorama favorable debido a la persistente correlación entre delitos patrimoniales e inflación, ahora en un 3.77 por ciento anual según el INEGI para la primera quincena de enero.
El CIDE ha enfatizado que esta correlación no es inmediata, sino que opera con un rezago temporal: aumentos en la inflación se traducen en incrementos de robos a transeúntes y viviendas en los meses subsiguientes, hasta tres, seis o incluso doce.
En el contexto actual, con la inflación acelerándose desde el 3.69 por ciento de cierre de 2025, se anticipa un repunte en estos delitos durante el año. Además, la inercia delictiva persiste: los picos en la criminalidad suben rápidamente, pero las bajas son lentas y dependen de intervenciones sostenidas.
Estudios recientes del CIDE sobre desigualdad en la inflación (2015-2023) muestran que hogares pobres enfrentan alzas acumuladas un 6.5 por ciento superiores a los ricos, exacerbando la brecha y potencialmente impulsando más delitos por necesidad. A estos factores se suman otros que alimentan el incremento del robo, como la insuficiente prevención ciudadana y la sobrecarga en las fiscalías estatales, que priorizan crímenes organizados sobre la delincuencia común.
La complicidad entre elementos corruptos de la policía y bandas dedicadas al robo sigue latente, permitiendo que reincidentes operen con impunidad debido a investigaciones deficientes o normativas penales laxas. Aunque las sanciones por robo con violencia son severas, la recurrencia se debe a multifactoriales como el bajo desempleo oficial (alrededor del 2-3 por ciento), pero con una precarización laboral evidente: 27.2 millones de trabajadores ganan hasta dos salarios mínimos, representando el 45 por ciento de la ocupación.
La pobreza laboral, que afecta al 34.3 por ciento de la población según el tercer trimestre de 2025, agrava las penurias económicas: millones viven con ingresos insuficientes para cubrir canastas básicas, pese a incrementos del salario mínimo del 13 por ciento en 2026. Organizaciones como Acción Ciudadana Frente a la Pobreza proponen alzas del 16 por ciento para erradicar salarios de pobreza, ya que 20 millones de asalariados, incluidos 6.4 millones formales, no superan umbrales de bienestar.
Esta desigualdad impulsa a jóvenes sin oportunidades a la delincuencia, combinada con bajos salarios y falta de castigo efectivo, perpetuando un ciclo vicioso en un México donde la informalidad supera el 55 por ciento.
En resumen, el vínculo entre inflación y delitos patrimoniales demanda políticas integrales: fortalecer investigaciones, combatir corrupción policial y elevar salarios para reducir desigualdades. Sin acciones decisivas, las penurias económicas –con 44.9 millones en pobreza laboral– continuarán alimentando la inseguridad, afectando no solo bienes, sino la cohesión social. Actualizar estrategias preventivas y económicas es crucial para romper esta tendencia en 2026.
