Agua turbia, deudas acumuladas y promesas incumplidas: la gestión de Arnoldo Heredia Romero en el SAPAC de Cuernavaca bajo la lupa ciudadana
En las calles de Cuernavaca, donde el suministro de agua potable debería ser un derecho garantizado y no un privilegio intermitente, la gestión del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC) bajo la dirección de Arnoldo Heredia Romero —nombrado en enero de 2025— genera cada vez más cuestionamientos y malestar ciudadano.
Mientras el organismo y sus voceros oficiales destacan supuestos avances en finanzas sanas, reparación de fugas, clausura de tomas clandestinas y convenios para regularizar deudas históricas (como los millonarios adeudos heredados con instituciones y laudos laborales), la realidad cotidiana de miles de familias contrasta drásticamente: protestas de trabajadores por el adeudo del 66 por ciento del aguinaldo 2025 a cerca de 650 empleados sindicalizados de CATEM, promesas de pago hasta el 20 de febrero de 2026 tras paros parciales, cuentas embargadas por rezagos con el IMSS, y —lo más grave— la admisión pública del propio director de que el 90 por ciento de la red hidráulica es obsoleta, lo que provoca filtraciones de aguas negras, ingreso de lodo, tierra y sustancias ajenas al agua que llega a los hogares.
Heredia minimiza el riesgo sanitario argumentando que el tratamiento de cloración mantiene el agua “potable”, pero reconoce que las tuberías antiguas (de asbesto o cemento caduco) generan contaminación visible y alteran la calidad, alimentando la indignación de usuarios que pagan tarifas puntuales o responden a campañas de regularización y pago anticipado sin ver mejoras tangibles en presión, continuidad o pureza del servicio.
La ciudadanía de Cuernavaca —y en particular los miles de hogares afectados por agua con impurezas, bajas presiones, fugas crónicas y servicio irregular— tiene toda la legitimidad para exigir no solo explicaciones detalladas, sino resultados concretos y verificables.
Es imperativo que el SAPAC rinda cuentas claras y públicas sobre el destino exacto de la recaudación por campañas de regularización, el uso de recursos de préstamos aprobados (como los destinados a suspender embargos) y el avance real en la renovación de esa red hidráulica colapsada que el propio director califica de obsoleta en un 90 por ciento.
Mientras persistan los adeudos a trabajadores, proveedores como CFE (aunque se afirme estar al corriente) e instituciones, y las mejoras sigan limitadas a anuncios y brigadas puntuales sin impacto masivo, las justificaciones de “problemas heredados” perderán toda credibilidad.
El agua limpia, constante y segura no es un favor administrativo: es un derecho humano fundamental. La población merece pasar de las declaraciones tranquilizadoras a hechos palpables —renovación urgente de tuberías, transparencia financiera total y prioridad en la salud pública—.
Si no se actúa con urgencia y honestidad, el descontento seguirá creciendo, y con razón: en Cuernavaca, el líquido vital no puede seguir llegando turbio mientras las cuentas del organismo permanecen opacas. Es momento de exigir, vigilar y, sobre todo, exigir cambios reales.
