Abusos en corralones: camioneros exigen justicia y diputados piden mano dura contra grueros
La manifestación de camioneros de carga afiliados a la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM) frente al Congreso local de Morelos marcó el inicio del segundo periodo de sesiones del segundo año de la actual legislatura. Desde las 6:00 horas de este domingo 1 de febrero, los transportistas se concentraron a las puertas de la sede legislativa en Cuernavaca para expresar su inconformidad con prácticas abusivas en el sector, particularmente las relacionadas con corralones y servicios de grúa.
Esta movilización pacífica generó ajustes inmediatos en la agenda parlamentaria, ya que la sesión ordinaria programada originalmente para las 9:00 horas se pospuso a las 10:30 horas, con el fin de no interrumpir el desarrollo de los trabajos legislativos.
El reclamo central de los manifestantes se centró en los cobros excesivos y desproporcionados que aplican algunos corralones y grueros, especialmente en casos donde los vehículos son víctimas de delitos como el robo.
Esos espacios, que deberían funcionar como depósitos temporales para resguardar unidades recuperadas o aseguradas, terminan convirtiéndose en una carga económica adicional para los propietarios legítimos. Los camioneros de carga, cuyo trabajo depende directamente de sus unidades, destacan que los cobros por concepto de guarda y custodia pueden acumularse durante meses, generando montos inalcanzables que rayan en la extorsión y afectan la reactivación económica de las familias y empresas del sector autotransporte.
En este contexto, el diputado local del PAN, Francisco Sánchez Zavala, manifestó públicamente la necesidad urgente de aplicar la ley con rigor contra los corralones y grueros que incurren en abusos. Enfatizó que es inaceptable que las víctimas de delitos, como el robo de vehículos, terminen siendo doblemente perjudicadas al enfrentar cobros excesivos por el resguardo de sus propias unidades en estos depósitos. Sánchez Zavala llamó a fortalecer la regulación y la supervisión de estos servicios para garantizar que se respeten tarifas justas y transparentes, evitando que se conviertan en un negocio lucrativo a costa de la vulnerabilidad de los afectados.
Esta situación no es aislada en Morelos, donde el tema de la movilidad y el transporte ha generado múltiples conflictos en los últimos años, desde regulaciones para plataformas de reparto hasta inconformidades en rutas de transporte público. La protesta de la CATEM pone de relieve una problemática estructural que involucra a autoridades municipales, estatales y al propio sector privado, exigiendo una respuesta coordinada. Los camioneros demandan mesas de diálogo inmediatas para revisar tarifas reguladas, plazos razonables de resguardo y sanciones efectivas contra quienes incumplan.
La movilización de los transportistas de CATEM podría servir como recordatorio de que la aplicación efectiva de la ley no solo debe perseguir a los delincuentes, sino también proteger a las víctimas de prácticas que prolongan su perjuicio económico y operativo.
