A pesar de que estaban casados, Carlos Arturo asesinó a mujer trans en Zacatepec; ya lo capturaron
La Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución del delito de Feminicidio, obtuvo la vinculación a proceso en contra de Carlos Arturo “N” por su presunta responsabilidad en el delito de feminicidio cometido en contra de una mujer trans en el municipio de Zacatepec, con quien tenía una relación de matrimonio.
La noche del 16 de agosto de 2024 se reportó un ataque armado en contra de una mujer trans al interior de un negocio de venta de artesanías, ubicado en la colonia Vicente Guerrero, en el municipio de Zacatepec.
La Fiscalía Especializada activó el protocolo de actuación con perspectiva de género para la investigación del delito de feminicidio, desarrollándose los actos de investigación correspondientes que permitieron la identificación del presunto responsable, con quien la víctima se encontraba casada desde hace varios meses.
Se logró establecer que el día de los hechos, el marido quien ya había amenazado con anterioridad a la mujer víctima, llegó en compañía de otro masculino a bordo de una motocicleta al local comercial en donde discutió con ella, al tiempo de sacar de entre sus ropas un arma de fuego que accionó en contra de la afectada causándole la muerte en el lugar de los hechos, para posteriormente huir.
Derivado de los actos de investigación y la identificación del presunto responsable, la Fiscalía de Feminicidios obtuvo una orden de aprehensión en contra de Carlos Arturo “N” quien fue detenido por personal de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), en la colonia Centro del municipio de Jojutla.
En audiencia inicial, la Fiscalía Especializada formuló imputación en su contra por el delito de feminicidio y aportándose el acervo probatorio respectivo, acogiéndose el masculino al término constitucional, y al desarrollarse la audiencia de continuación, se dictó en su contra un auto de vinculación a proceso, imponiéndose en su contra la prisión preventiva como medida cautelar y concediéndose el plazo de tres meses para concluir la investigación procesal.