¿A qué le temen realmente las hermanas Guerra? La custodia de 12-15 elementos de la Guardia Nacional que las acompaña
Las hermanas Juanita Guerra Mena, senadora por Morelos del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), y Anita (Marysol Ludmilla) Sánchez Guerra, regidora de Cuautla por el mismo partido, cuentan con un dispositivo de seguridad proporcionado por la Guardia Nacional que ha llegado a incluir entre 12 y 15 elementos, según reportes de incidentes recientes.
Esta protección no es un capricho personal, sino que responde a una orden federal emitida por el Ministerio Público Federal y la Fiscalía General de la República, justificada por amenazas y agresiones que han enfrentado en el contexto de sus actividades políticas y denuncias públicas.
El temor principal de las hermanas Guerra se deriva de retaliaciones por sus denuncias contra presuntas irregularidades en el gobierno municipal de Cuautla, encabezado por el alcalde Jesús Corona Damián (de extracción panista). Juanita Guerra, en particular, ha señalado públicamente posibles vínculos entre autoridades locales y personas investigadas por delitos graves como secuestro, extorsión, portación ilegal de armas, daño a fideicomisos públicos y cobro de “piso” en el primer cuadro de la ciudad.
Cuautla es uno de los municipios más afectados por la violencia en Morelos, ocupando el primer lugar nacional en denuncias por extorsión, con reportes de grupos criminales operando incluso dentro del Palacio Municipal y el zócalo. Este entorno de inseguridad generalizada incluye disputas entre cárteles, desapariciones y asesinatos, lo que ha llevado a la senadora a solicitar hasta 1,200 elementos de seguridad adicionales para el municipio.
Un incidente significativo ocurrió el 30 de julio de 2025, durante un recorrido oficial en el centro histórico de Cuautla organizado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia para inspeccionar sitios como el zócalo y la alameda de Galeana. Las hermanas fueron agredidas física y verbalmente por comerciantes ambulantes, escalando a golpes, empujones e insultos. Anita Sánchez Guerra recibió un golpe mientras denunciaba la persecución al número de emergencias 089, y una comerciante les arrojó un objeto, lo que derivó en una riña donde las funcionarias respondieron. La Guardia Nacional intervino para separarlas y escoltarlas fuera del área. Este evento se produjo poco después de que Juanita denunciara el aumento del ambulantaje ligado a extorsiones, lo que generó inconformidad entre los vendedores.
El Partido Verde Ecologista de México emitió un comunicado respaldando a la senadora, destacando que ha sido víctima de hostigamiento, agresiones e intentos de intimidación por sus señalamientos, y exigiendo garantías de seguridad tanto para ellas como para otros servidores públicos. Se presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República por los hechos de julio, lo que activó la protección federal. No hay indicios de amenazas personales ajenas a este contexto político, pero el clima de violencia en Morelos —con más de 1,300 extorsiones, 500 desapariciones y 19 secuestros solo de enero a abril de 2025— amplifica el riesgo de represalias por parte de grupos delictivos o intereses afectados.
Hace unos días, durante una visita al Palacio de Gobierno en Cuernavaca para tratar temas administrativos y legislativos, las hermanas fueron vistas con más de 15 elementos de la Guardia Nacional, lo que llamó la atención pública. Anita confrontó verbalmente a dos reporteras (Silvia Lozano y Guadalupe Flores) que documentaban el dispositivo desde un espacio público, acusándolas de hostigamiento y exigiendo sus datos personales, mientras era resguardada por la GN. Este episodio generó protestas del gremio periodístico, que las acusa de abuso de poder y de usar la escolta para intimidar. Abogados y periodistas han criticado estos “privilegios”, argumentando que crea “ciudadanos de primera y segunda clase” en un estado con crisis de inseguridad general.
En concreto, el temor de las hermanas Guerra radica en posibles represalias de grupos criminales o redes de corrupción local en Cuautla, derivadas de sus denuncias públicas. La protección es una medida federal ante riesgos documentados, aunque ha generado controversia por su magnitud en contraste con la inseguridad que afecta al resto de la población.
Lo que está avivando día a día el repudio social hacia esta ostentosa protección federal no son solo las amenazas que alegan, sino la actitud prepotente y abusiva que exhiben las hermanas Guerra en público. Además de su actitud despótica, su despliegue —con camionetas blindadas, escoltas armados y bloqueos improvisados en la vía pública— evoca más el protocolo de un gobernador o de la propia presidenta Claudia Sheinbaum que el de una senadora y una regidora municipales, generando indignación entre la ciudadanía que ve en este privilegio una clara brecha entre quienes acceden a seguridad de élite y el resto de morelenses expuestos a la violencia cotidiana sin escoltas ni blindados.
