¿ADIÓS A LAS PENSIONES DORADAS? ¿UN PASO HACIA LA DECENCIA, CON CIFRAS DE HASTA 70 MIL PESOS MENSUALES SOLO PARA PRIVILEGIADOS?

OPINIÓN
Por Guillermo Cinta Flores
Jueves 26 de marzo de 2028

¿Por fin se acabó el festín? En un país donde millones de mexicanos viven con menos de 15 mil pesos al mes, donde la pobreza y la inseguridad son el pan de cada día, donde las familias se endeudan para comer y los jóvenes emigran porque aquí no hay futuro, el Congreso federal aprobó que las llamadas pensiones doradas no rebasen los 70 mil pesos mensuales. ¡Setenta mil pesos, como tope!

En un México empobrecido, la nueva oligarquía burocrática seguirá retirándose con un ingreso que para la inmensa mayoría de los ciudadanos suena a paraíso financiero. ¿En serio? ¿Eso es lo que celebramos como “victoria”?

Porque durante décadas este país toleró un escándalo que en cualquier nación normal hubiera provocado revuelta: un puñado de exdirectivos y altos mandos de Pemex, CFE, Luz y Fuerza, Banobras, Nafin y otros organismos cobraban jubilaciones millonarias —300 mil, 500 mil, incluso más de un millón de pesos al mes— pagadas con el sudor de los contribuyentes. Mientras un obrero o maestro se jubila con 5, 7 o 10 mil pesos (cuando logra hacerlo), los “ungidos” del sistema se retiraban como jeques árabes, con residencias en Polanco, departamentos en Miami y cuentas que nunca se tocarían.

Y aquí viene la parte que duele reconocer: esto solo pasa en México con esta descarada naturalidad. En la mayoría de las democracias consolidadas, las pensiones de exfuncionarios públicos —incluso de expresidentes— están atadas a reglas mucho más austeras y proporcionales. No existen estos contrastes obscenos entre el retiro del burócrata de élite y el del ciudadano de a pie. Aquí, en cambio, se normalizó el privilegio como si fuera un derecho adquirido.

La reforma aprobada “corrige” una parte de esa distorsión. Se estima que el ahorro para el erario podría superar los mil millones de pesos mensuales, recursos que, en teoría, podrían destinarse a fortalecer el sistema de pensiones de los trabajadores ordinarios o a programas sociales. Es un gesto de justicia mínima.

Sin embargo, no todo es motivo de aplauso. La medida tiene sus límites: no aplica a las Fuerzas Armadas, no toca las pensiones de secretarios de Estado ni de muchos otros altos funcionarios del gobierno federal central, y deja fuera el debate de fondo sobre las pensiones de exfuncionarios de primer nivel que siguen gozando de prerrogativas generosas. Además, la retroactividad genera legítimos cuestionamientos jurídicos que seguramente llegarán a los tribunales.

Pero más allá de los detalles técnicos, lo importante es el mensaje simbólico: el erario público no es una piñata para que unos cuantos se retiren como reyes. El dinero de los impuestos debe servir primero a quien más lo necesita, no a perpetuar castas doradas.

Los mexicanos de a pie —los que pagan ISR, IVA, cuotas del IMSS o Infonavit, los que se levantan temprano y cotizan honestamente— nunca soñaron con una pensión que les permitiera vivir con holgura. Mucho menos con una de 70 mil pesos mensuales. Para la mayoría, el retiro es sinónimo de precariedad, de depender de la familia o de seguir trabajando hasta que el cuerpo diga basta.

Por eso esta reforma, aunque imperfecta, es un recordatorio necesario: la igualdad ante la ley también debe aplicarse en el momento del retiro. No puede haber dos Méxicos en las pensiones: uno para los de arriba, con dorados privilegios, y otro para los de abajo, con sacrificios eternos.

Queda mucho por hacer. Hay que seguir empujando para que el sistema de pensiones sea más justo, más universal y más sostenible. Pero hoy, al menos, se dio un paso para que el escándalo de las pensiones millonarias deje de ser la norma y empiece a convertirse en un mal recuerdo.

Ojalá no sea solo un ajuste temporal, sino el comienzo de una cultura donde el servicio público deje de ser sinónimo de privilegio eterno.