AGANDALLES Y COLETAZOS EN EL CONGRESO LOCAL
ANÁLISIS
Por Guillermo Cinta Flores
Jueves 11 de julio de 2024
El 19 de julio del año 2000 tuvo lugar una sesión semiclandestina de la 47 legislatura para favorecer, en una clara actitud revanchista hacia el triunfo panista de aquel momento, a los partidos Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática. El candidato del PAN a la gubernatura, Sergio Estrada Cajigal, se alzó con la victoria dejando en el camino, entre otros personajes, al priista Juan Salgado Brito quien, por cierto, se perfila a ser el titular de la Secretaría de Gobierno en el gobierno que, a partir del 1 de octubre venidero, presidirá Margarita González Saravia.
Es decir: lo que el PRI y PRD no consiguieron en las urnas el 2 de julio de 2000 fue logrado por la vía del mayoriteo automático en el Congreso Local. Introdujeron tres dictámenes para reformar la Constitución Política del Estado y la Ley Orgánica del Poder Legislativo, acotando las más importantes decisiones del futuro gobernador emanado del PAN.
Mediante 39 reformas a nuestra carta magna y dicha ley orgánica los enemigos del entonces gobernador electo consiguieron prebendas y poder. Crearon un cerco alrededor de Estrada Cajigal provocando los peligrosos espacios de malas relaciones e ingobernabilidad prevalecientes durante casi todo el sexenio 2000-2006. Recuérdese que en 2004 los flamantes diputados locales le incoaron juicio político a SECR, a quien defenestraron. Se mantuvo colgado de alfileres el resto del sexenio gracias al respaldo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El resultado electoral del 2000 cambió el escenario para el PRI y el PRD. Además de no tener garantizada una jugosa relación con el nuevo gobernador, carecían de la mayoría calificada en el Congreso Local, donde 15 diputados fueron del PAN, 12 del PRI y 3 del PRD. Esta composición impidió cualquier “albazo” para cambiar la Constitución y las leyes que de ella se derivan.
Ante tal panorama los grupos priistas, guiados en la 47 legislatura por Víctor Manuel Saucedo Perdomo, entonces secretario general de Gobierno, y aliados con el PRD, modificaron la Ley Orgánica del Poder Legislativo teniendo como objetivo acotar a Estrada Cajigal y el reparto del gran pastel que significaban los cuantiosos recursos manejados por el Congreso Local. Impidieron cualquier intento de reformas a leyes secundarias; los dictámenes, emanados de la Comisión de Puntos Constitucionales, sólo se autorizaron con las dos terceras partes del pleno. Todas las reformas impactaron negativamente en la capacidad de maniobra del nuevo gobernador, lo cual fue evidente en la relación del Ejecutivo con los miembros de la 48 legislatura, repitiéndose hasta ahora.
Los principales cargos en el Congreso del Estado se repartieron “a discreción” entre los grupos parlamentarios del PRI y PRD, dejándole migajas al PAN. Hasta el sistema de radio y TV le fue arrebatado al Ejecutivo, todo ello contemplado en tres dictámenes que ingresaron al Congreso por Oficialía de Partes, después de terminada la sesión correspondiente y sin haberse dado la primera lectura. O sea: en la semiclandestinidad.
LA INTENTONA DEL 10 DE JULIO DE 2024
Algo parecido a aquella maniobra legislativa estuvo a punto de consumarse en la sesión del Congreso local correspondiente a este miércoles 10 de julio del año en curso. Los jefazos de los diputados salientes y varios de quienes consiguieron la reelección pretendían reformar la Ley Orgánica del Congreso para impedir que el grupo parlamentario de Morena y sus aliados en la Legislatura LVI, tengan el control político y económico del Poder Legislativo.
Esta burda maniobra se quiso aplicar previo al 15 de julio venidero, cuando concluirá el Segundo Periodo Ordinario de Sesiones correspondiente al Tercer Año de Ejercicio Constitucional. A través del diputado panista Óscar Cano Mondragón se buscó reformar la Ley Orgánica del Congreso e impedir que Morena, partido que tendrá la mayoría absoluta, obtenga el control simultáneo de la Junta Política y de Gobierno, la presidencia de la Mesa Directiva y la presidencia de la Comisión de Hacienda del Congreso local.
Al ser descubierto el albazo legislativo, los jefazos del Congreso decidieron retirar del orden del día la iniciativa de reformas porque, según dijeron, no se contaba con el número de diputados para aprobarla, llegando a la conclusión de que habría un desgaste innecesario.
El diputado del Partido Acción Nacional (PAN), Francisco Sánchez Zavala, rechazó las acusaciones de “agandalle”, pero sus palabras cayeron al vacío, pues a estas alturas de la transición política ya nadie le cree. Es obvio que tenía conocimiento del frustrado albazo legislativo, pero se hizo como el “Tío Lolo” y se limitó a expresar que la reforma no estaba orientada para favorecer a un partido específico, sino para “asegurar un equilibrio en la toma de decisiones dentro del Congreso y darle estabilidad”. ¿Te cae?
Al final del día, como todo se sabe en Morelos, trascendió que el albazo legislativo fue frenado gracias a la operación de la gobernadora electa Margarita González Saravia, así como la de Javier García Chávez (futuro jefe de la Oficina de la Gubernatura) y del coordinador de los diputados electos de Morena, Rafael Reyes. En el Congreso todos tuvieron la plena solidaridad del aún diputado local y futuro legislador federal, Agustín Alonso Gutiérrez. Seguiremos atentos al desarrollo de los acontecimientos en el Congreso local donde, según se aprecia, existen mujeres y hombres obstinados en repetir la historia… que desconocen.
