BLOQUEOS: CAUSAR EL MAYOR DAÑO
AGENDA DIARIA
Por Guillermo Cinta Flores
Miércoles 15 de enero de 2024
Este miércoles 15 de enero de 2025, la ciudad de Cuernavaca fue escenario de significativas manifestaciones y bloqueos por parte de taxistas y ciudadanos asociados con la Asociación Cívica (AC) Gustavo Salgado. Las protestas tuvieron como objetivo doble: por un lado, los taxistas se manifestaron en contra de nuevas medidas impuestas por la Coordinación de Movilidad y Transporte del Estado, mientras que, por otro lado, los ciudadanos exigieron al ayuntamiento que no aumentara la tabla de valores catastrales.
Con relación a los taxistas, se reportaron bloqueos en diversos puntos cruciales de la ciudad, como Paseo El Conquistador, Domingo 10, Chipitlán y la Avenida Plan de Ayala. Los taxistas protestaron contra el incremento en el costo del refrendo vehicular, la tenencia y la verificación. Estos bloqueos generaron un intenso tráfico, afectando gravemente la movilidad de miles de ciudadanos que intentaban realizar sus actividades diarias. Los manifestantes exigieron una mesa de diálogo con las autoridades de Movilidad y Transporte para tratar estas cuestiones, la cual se estableció durante la jornada. Tras haber iniciado el diálogo con los titulares de dicha instancia de gobierno, los manifestantes levantaron los bloqueos.
Paralelamente, los ciudadanos organizados en la AC Gustavo Salgado se manifestaron en contra del aumento propuesto en los valores catastrales. Esta medida, según los manifestantes, afectaría severamente la economía de los residentes de Cuernavaca, especialmente en un contexto económico ya de por sí complicado.
Estas manifestaciones y bloqueos en Cuernavaca ilustran un uso dual del derecho a la libre manifestación. Por un lado, es innegable que las protestas responden a presuntas preocupaciones de los sectores afectados, tanto taxistas como ciudadanos, quienes buscan ser escuchados por las autoridades en temas que impactan directamente su calidad de vida y capacidad económica.
Sin embargo, la estrategia de bloquear vías principales, aunque efectiva para captar la atención gubernamental, plantea dilemas éticos y prácticos. Esta táctica, aunque constitucionalmente amparada, perjudica significativamente a la población que no participa en las protestas, afectando su derecho a la libre circulación y a la realización de actividades cotidianas. Este enfoque de “daño para ser oído” o “causar el mayor daño” pone en evidencia una tensión entre derechos individuales y colectivos; mientras se ejerce un derecho, se afecta otro, creando un impacto negativo en la comunidad en general.
Es crucial que las autoridades no respondan a estas manifestaciones con represión o concesiones inmediatas, sino que trabajen hacia soluciones estructurales y negociaciones que beneficien a todos los involucrados sin desatender los derechos de aquellos no implicados directamente en el conflicto. Además, se debe fomentar un diálogo constructivo antes de que las protestas lleguen a niveles de disrupción significativa, quizás mediante la institución de mecanismos permanentes de consulta y participación ciudadana.
Aunque las manifestaciones son un pilar de la democracia, su ejecución debe equilibrar la necesidad de ser escuchados con el respeto a los derechos de toda la ciudadanía. La clave está en encontrar un punto medio donde las voces sean oídas sin que esto implique un detrimento sustancial en la vida diaria de quienes no participan en las protestas.
